La parlamentaria indicó que la bancada oficialista emitirá una opinión sobre las denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República cuando hayan resultados de una investigación. (Foto: Twitter)
La parlamentaria indicó que la bancada oficialista emitirá una opinión sobre las denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República cuando hayan resultados de una investigación. (Foto: Twitter)
Redacción EC

La congresista (Perú Libre) se pronunció sobre las denuncias constitucionales que presentaron la bancadas de Avanza País y Renovación Popular en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social,, por una presunta infracción a la Carta Magna.

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No respaldo a las personas, lo que tendría que respaldar son las acciones. Si es que ha cometido alguna infracción, tendrá que ser sancionada por ello. Si se comete falta, se tiene que asumir”, declaró la parlamentaria a la prensa al ser consultada sobre un posible respaldo a la también vicepresidenta de la República.

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En ese sentido, Agüero recalcó que desde la bancada oficialista son objetivos y recién van a emitir una opinión sobre este caso cuando se vean los primeros resultados de las investigaciones contra Boluarte.

Nosotros en la bancada somos bastante objetivos y emitimos nuestras opiniones cuando se den los resultados. No queremos especulaciones porque algo que la población nos reclama cuando vamos a las regiones es: ‘basta de especulaciones’”, dijo.

C8 Agüero
Declaraciones de María Agüero

Las agrupaciones de Avanza País y Renovación Popular presentaron acusaciones contra la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el sustento de que habría cometido una infracción al artículo 126 de la Constitución, pues -según un informe de la Contraloría- Boluarte Zegarra firmó documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo funcionaria.

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Por tal motivo, ambas bancadas han solicitado que a Dina Boluarte se le destituya del cargo de vicepresidenta de la República y se le inhabilite de la función pública por 10 años.

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