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La Defensoría del Pueblo emitió este sábado un pronunciamiento sobre la crisis que atraviesa el Ministerio Público y el proyecto del Ejecutivo para declararlo en emergencia.
La institución que preside Walter Gutiérrez considera que la ley orgánica de la fiscalía "se encuentra actualmente desfasada".
Precisa que la organización interna y atribuciones del Ministerio Público están insuficientemente reguladas, debido a que esa ley orgánica fue promulgada en 1981.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo destaca que la decisión inicial del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de retirar del equipo especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez constituye un acto carente de sustento constitucional y de una debida motivación .
Agrega que se podrían fijar de mejor forma las competencias de la Junta de Fiscales Supremos, permitiendo que se integren a ella los fiscales supremos adjuntos.
"Consideramos imprescindible que se dote a esta instancia de competencia para suspender de sus funciones al fiscal de la Nación cuando incurra en actos inconducentes o arbitrarios", destaca.
Señala además que esta reforma debe ser emprendida por el Congreso de manera urgente.
La Defensoría sostuvo que la preocupación expresada por el Poder Ejecutivo ante la crisis del Ministerio Público y su proyecto de ley para declararlo en emergencia es comprensible. Sin embargo, advirtió que toda propuesta de solución debe transitar un curso constitucional.
"Las propuestas normativas que pretenden modificar su organización y competencias deben guardar consonancia con este mandato", expresó.
