Defensor del Pueblo al Congreso: “No hay que confundir populismo con eficiencia” | ENTREVISTA

Gutiérrez, en una entrevista con El Comercio, también cuestiona al Parlamento por emitir normas de corte populista. Además, afirma que el gobierno ha tomado decisiones importantes para frenar la pandemia, pero “hay una clara brecha entre la decisión y ejecución”.

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— El Congreso rechazó el proyecto para deshacinar los penales del país. ¿Qué tipo de sensación le deja esta medida? ¿Primaron los intereses políticos de las bancadas?

Desafortunadamente, creo que en esto hay un cálculo bastante político y poco de conocimiento y responsabilidad sobre temas que son particularmente sensibles y que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También le diría que esa decisión pone en peligro la vida de cerca de 100 mil personas privadas de libertad, porque más o menos esa es la población penitenciaria. Y, además, se pierde de vista que se pone en peligro la vida de 11 mil trabajadores penitenciarios y sus respectivas familias. Y parece no entenderse lo siguiente: los trabajadores penitenciarios no es que estén confinados en las cárceles, ellos van y vienen de sus casas. Por lo tanto, se pone en peligro, como digo, a sus familias y la propia sociedad. También se pone en peligro a los agentes de la Policía Nacional, que están encargados de la custodia exterior de las prisiones. No se ha entendido, en su verdadera dimensión, el enorme hacinamiento que se ha generado a lo largo de los años. La actual situación que exige una actuación conjunta del Estado.

— Un punto de vista que se repitió a lo largo del debate del pleno del Parlamento del último sábado fue que la situación en las cárceles es responsabilidad del Ejecutivo. ¿En su opinión, el gobierno, con las facultades que recibió a fines de marzo, podía cambiar la situación jurídica de los internos?

A ver, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que los estados [deben tomar medidas para deshacinar las cárceles], no habla solo del Ejecutivo o del Poder Judicial, habla del Estado, y el Congreso es uno de los poderes del Estado. Entonces, las omisiones de uno u otro, de todos, van a generar responsabilidades, como dije, al Estado peruano. Cuando pase esto y desafortunadamente mueran personas, sea que están privadas de libertad o incluso los agentes penitenciarios, los familiares podrán iniciar casos frente a la Corte IDH por responsabilidad. Por eso decía que ha habido un cálculo o un juego de a quién le traslado esto que no es, pues, popular, cada uno tiene que hacer su papel, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.

— ¿Ningún poder del Estado quiere asumir la responsabilidad en solitario de liberar a reos durante la emergencia sanitaria por si más adelante algo sale mal?

Han habido demoras, ineficiencias y falta de previsión. A la fecha, mediante las disposiciones implementadas por el Ministerio de Justicia, solo se había concedido 187 indultos de los cerca de 3 mil que se habían anunciado. De los miles que iban a salir porque están detenidos o por delito de omisión de asistencia familiar, solo han salido 746 personas. La Defensoría planteó que haya una conversión de la pena y que todos salgan por seis meses y que en esos seis meses paguen la deuda alimentaria, y si no pagaban regresaban. Con esa medida usted habría podido sacar, probablemente, a varios miles. En el caso del Poder Judicial, ellos han sacado una directiva que señalaba que los jueces tenían que revisar de manera célere, rápida, todas las prisiones preventivas...

— ¿Y los jueces han cumplido con estas medidas?

El problema con esa directiva es que el Código Procesal Penal indica que los jueces “podrán”, no dice “tienen”, y como los jueces no están sujetos a un mandato imperativo por su independencia, entonces era necesaria una norma. No sabemos qué tanto se ha avanzado porque esa norma se vio el 7 de mayo, con algún retraso, también. La directiva 138 del Poder Judicial se dio el 7 de mayo. Es decir, se ha dado hace algo más de diez días. Entonces, ahí hay un poco de demora, pero no podemos saber qué tan efectivo viene siendo. El Poder Judicial tiene que revisar que esto se cumpla, pero de nuevo, eso es contestativo, voluntario, porque no es imperativo. Por eso era importante que el Legislativo saque la norma. Eso hubiera permitido un deshacinamiento [los penales] mucho más rápido.

— El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley para reducir el hacinamiento en los penales el 5 de mayo, en el día 51 del estado de emergencia. ¿Cree que el Ejecutivo reaccionó de manera tardía para atender la problemática en las cárceles?

Sin duda. La Defensoría del Pueblo, creo, que hace siete semanas sacó un comunicado, informes, hicimos varios planteamientos que recién se están implementando. Que ha habido una reacción tardía, sí; que ha habido falta de un plan, yo lo he mencionado más de una vez; pero más allá de los señalamientos, porque no se trata de hacer un inventario de responsabilidades solamente, yo diría que el Poder Judicial, el Legislativo, deberían ver la posibilidad de intentarlo nuevamente. No exactamente con la misma norma, porque ya esa norma ha sido mandada al archivo, pero tal vez con algunos matices podría presentarse una norma que termine por reconsiderar el asunto.

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— El gobierno anunció que va a presentar un nuevo pedido de delegación de facultades para deshacinar los penales. ¿Cree que el Congreso debe darle prioridad a esta solicitud, debe aprobarla y trasladar la responsabilidad al Ejecutivo?

Creo que no debemos hablar de trasladar la responsabilidad. Si el Legislativo no quiere asumir, o no ha entendido, la gravedad de la situación, pues debe delegar facultades que van a ser solicitadas por el Ejecutivo, y deben hacerlo en el más breve plazo.

— El ministro Castañeda dijo, en una entrevista a El Comercio que 103 reos han fallecido por coronavirus, de un total de 1099 positivos. Es decir, la tasa de letalidad es casi del 10%, cuando la del país es de 2,8%...

Bueno, yo le aseguro que [la tasa de letalidad en los penales] va a ser mucho más alta todavía, porque no puede haber distanciamiento social, hay concurrentemente una serie de elementos que se enderezan o apuntan a que sea altamente letal el virus en confinamiento o espacios como las cárceles o los propios albergues. ¿Por qué? Porque la infraestructura es muy pequeña. Hay una sobrepoblación, hay cárceles en las que la sobrepoblación llega a 400% o 500%; segundo, tiene usted el problema de enfermedades preexistentes, hay personas con tuberculosis, mayores de 60 años, personas con sida. Encima hay una brecha, un déficit de sanidad. No hay en este momento la posibilidad de atenderlos, tampoco la posibilidad de aislarlos, todo apunta a que el índice sea mayor, todavía. Entonces, claro que nos preocupa, por eso es que la Defensoría, con bastante antelación, planteó un conjunto de alternativas como indultos o gracias que iban por la revisión de las prisiones preventivas, y una norma que obligara a que todos estos procesos se vean, todas estas revisiones se vean con inmediatez y con carácter mandatorio.

*Nota de redacción: El ministro de Justicia y DD.HH., Fernando Castañeda, informó horas después de realizada esta entrevista que el número de internos fallecidos por coronavirus subió a 182.

— La Defensoría del Pueblo ha advertido que los hospitales en Lima están en el límite de admisión. ¿El sistema de salud está al borde del colapso?

Eso ya lo ha dicho el propio Ejecutivo, de manera que estamos prácticamente verificando una situación que se da no solamente en Lima, sino en diversas regiones.

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— ¿Cómo evalúa el manejo del Gobierno frente a la pandemia?

Si bien es cierto que se han tomado decisiones duras, oportunas y que eran necesarias ha habido una clara falta de planeamiento, de coordinación y de ejecución en distintos planos, porque no me venga usted a decir que recién se descubre que los mercados son centros de contagio, seis o siete semanas después [del inicio del estado de emergencia]. Hasta hace no mucho los albergues no tenían un plan, ahí están los ancianos, si el virus ingresa, ahí la letalidad puede ser enorme. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, no pueden darse cuenta que el transporte será un problema después de seis o siete semanas. La situación era complicada e inédita, se han tomado decisiones importantes, pero ha habido una clara brecha entre la decisión y la ejecución, ha habido un problema de falta de gestión pública. [La pandemia] ha desnudado la falta de competencias y capacidades de los gobiernos locales y regionales también, la debilidad institucional, en fin, el inventario podría ser largo.

— Aún quedan peruanos varados en el extranjero que no pueden retornar a más de dos meses de declarado el estado de emergencia…

Quiero recordarle que fue la Defensoría la primera institución que, cuando se cerraron los aeropuertos, sacó un informe sobre el derecho al retorno; cuando algunos planteaban que “estaba bien que se cierren las fronteras y se queden afuera [miles de peruanos]”, nosotros planteamos que el retorno es un derecho fundamental y que debía diseñarse una política para el regreso de las personas que habían salido para tratarse por una enfermedad o para trabajar. Entonces, el gobierno reaccionó bien porque armo un plan e hizo un cronograma, porque nosotros entendemos que no todos podía regresar de golpe. Son más de 14 mil personas las que han regresado. Sí se ha hecho un trabajo, pero no se puede detener esto. Aún hay personas que están afuera en una situación compleja, ya son dos meses, si tenían alguna reserva económica, ya no la tienen, el programa tiene que continuar.

— El Congreso ha aprobado, en dos meses de funcionamiento, el retiro del 25% de los fondos de las AFP, la suspensión del cobro de peajes y ha formalizado a los colectiveros. ¿Está pecando de populista?

El Congreso tiene que entender cuál es su papel en este contexto, y quiero decir esto con el mayor de los respetos, porque tengo un enorme respeto por la institución, pero no hay que confundir populismo con eficiencia. Hay normas que pueden ganar el aplauso, pero no necesariamente van a ser eficientes, incluso algunas van a generar responsabilidades contractuales. En esa medida, sería bueno que el Congreso informe al país sobre cuál es su plan legislativo, así como le pedimos un plan al Ejecutivo, el país debe conocer que hará cada institución en un contexto de emergencia sanitaria. El país no se merece sorpresas, el país no quiere sorpresas, el país quiere conocer cuáles son las normas que el Legislativo va a sacar, no podemos levantarnos cada día y encontrar una sorpresa. El Congreso está legislando, además, de una manera telegráfica, porque si usted lee las normas, estas no tienen mayor exposición de motivos, fundamentos técnicos. Estas normas no contribuyen, el acto legislativo es el principal acto de poder, y está en manos de los congresistas, por lo tanto, tienen que actuar con la mayor responsabilidad, transparencia y previsión.

— El Parlamento también creó un régimen excepcional para que los congresistas presenten su declaración jurada de intereses. ¿Esto, a su entender, es un retroceso en lo que respecta a transparencia?

Sí, claramente hemos mostrado nuestro desacuerdo, porque la declaración de intereses forma parte de una política nacional que compromete a todo el Estado, que busca transparencia, prever situaciones de incompatibilidad, conflicto y, de manera más eficiente, de corrupción. A la ciudadanía le interesa saber cuáles son los vínculos económicos, profesionales y comerciales de los congresistas, estos señores son los que aprueban las normas. No es posible que tengan un régimen especial para la declaración jurada de intereses, consideramos que este es un grave error que no contribuye al fortalecimiento e institucionalidad del propio Congreso.

La norma, además, desde nuestro punto de vista, trasgrede el artículo 94 de la Constitución, porque ahí se establece que estas resoluciones legislativas solo se pueden dar para competencias que resultan propias del Congreso, esto es la representación, fiscalización o los actos legislativos, la declaratoria de intereses no afecta ninguna de estas competencias, por lo tanto, también es discutible desde el lado constitucional.

— ¿El escenario de confrontación que tuvo el Ejecutivo con el Congreso anterior se puede repetir con el actual Parlamento?

No debería repetirse, no debe repetirse, el país está en este momento abocado a detener, atajar el avance de la pandemia y también está abocado a un esfuerzo conjunto por reactivar al país. Hemos perdido mucho tiempo, como decía ayer [la exdefensora del Pueblo] Beatriz Merino “hemos perdido 10 años”, entonces, no es posible, el país no merece que dos instituciones tan importantes [como el Ejecutivo y Congreso] se estacionen, se afinquen en un conflicto, de ninguna manera, eso no puede pasar. Hoy es el momento que se le dé contenido a la frase “salgamos juntos”, y juntos significa no que ambos se miren, sino que ambos miren un mismo objetivo, y trabajen para materializar ese objetivo. El objetivo es claro: ver cómo detenemos el avance de la pandemia y cómo reactivamos al país.

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