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La noche del último jueves, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Aníbal Torres, interpretó que el Congreso le negó la primera cuestión de confianza, luego de que la Mesa Directiva de ese poder del Estado declarara “improcedente” la solicitud planteada por el abogado, que tenía como objetivo dejar sin efecto la norma que regula el referéndum.
El acta de esa sesión extraordinaria- que contó con el respaldo de todos los integrantes del Gabinete Torres, con excepción de la vicepresidenta Dina Boluarte- fue publicada el último domingo y refiere que la Mesa Directiva del Parlamento se equivocó “groseramente” en el análisis que realizó para rechazar de plano el pedido de voto de confianza.
El Consejo de Ministros- de acuerdo al documento- considera que la decisión del Congreso “constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza”, por lo que la consecuencia fue la crisis total del Gabinete.
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Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma afirmó que el Ejecutivo ha interpretado de manera “arbitraria e inconstitucional” la decisión de la Mesa Directiva, que preside José Williams Zapata (Avanza País). Agregó que el Parlamento, a través de la Ley N°31355, estableció limites a la cuestión de confianza.
Por ejemplo, el gobierno solo la puede plantear en materias que son de su competencia y no para la aprobación de reformas constitucionales “ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes” del Legislativo y “de otros organismos constitucionalmente autónomos”.
La norma, que modificó el artículo 86 del reglamento del Congreso, también subraya que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada” con una votación del pleno, luego del respectivo debate.
“Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”, complementa.
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En comunicación con El Comercio, García Toma advirtió que los integrantes del Gabinete Torres, entre ellos la hoy primera ministra, Betssy Chávez, han incurrido en una infracción a los artículos 38 y 128 de la Constitución. “El Parlamento [tras la publicación de esa acta] tiene la facultad para dar inicio a un juicio político, en base a los artículos 99 y 100 [de la Carta Magna]”, remarcó.
El también exministro de Justicia explicó que el artículo 38 establece que “todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico” de la nación.
“Si un ciudadano tiene la obligación de observar este artículo, con mayor razón aquellos que ejercen la función pública”, manifestó.
García Toma precisó que el presidente Castillo no es pasible de denuncia constitucional por la interpretación hecha por el Consejo de Ministros, liderado hasta el jueves por Torres.
“Los que asumen la responsabilidad política y administrativa son los ministros. Solo si el presidente Castillo busca concretar la disolución inconstitucional del Congreso, se podría abrir la puerta del artículo 117 de la Constitución”, expresó, en referencia a que el cierre fuera del margen de la ley es una causal para acusar al presidente durante su mandato.
Precisamente, el artículo 128 de la Carta Magna fija que los ministros “son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan”.
También remarca que todos los ministros “son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
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Buscan la disolución inconstitucional
El abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la interpretación que ha hecho el Ejecutivo, por medio del acta del Gabinete Torres, debe motivar a que todos los firmantes sean denunciados por infracción constitucional.
“Es claro que el gobierno tiene el afán de consumar una disolución inconstitucional del Congreso, y por eso hacen esa interpretación atribuyéndose una facultad que le corresponde exclusivamente al Congreso. Esa cuestión de confianza fue declarada improcedente, no se puede pretender luego darle el valor de confianza negada”, alertó.
Al igual que García Toma, el excongresista refirió que la responsabilidad, hasta el momento, es solamente de los ministros.
Sin embargo, detalló que, si el presidente Castillo intenta disolver ilegalmente el Parlamento, este lo puede acusar en base al artículo 117.
“Esta acta busca amedrentar al Congreso y, a la par, es un instrumento que buscan utilizar para una eventual disolución de ese poder del Estado”, añadió.
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Amprimo dijo esperar que el Tribunal Constitucional no demore en resolver si da o no la medida cautelar a favor del Congreso, cuando esta institución presente su demanda competencial en contra de la interpretación hecha por el gobierno.
“Una cautelar sería muy oportunidad, porque daría tranquilidad, pero esto requiere cinco de los siete votos de los magistrados. Esta medida implicaría que el Ejecutivo no puede usar su interpretación hasta que el tribunal resuelva el fondo del asunto”, acotó.
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El constitucionalista Alejandro Rospigliosi también consideró que existe una infracción a la Constitución, en específico a los artículos 38 y 128.
“La ley N°31355 regula la cuestión de confianza y señala de manera expresa que el único que puede interpretar si esta ha sido o no negada e el Congreso. Es más, esta norma ha sido validada por el Tribunal Constitucional en una sentencia, es cosa juzgada, por lo tanto, el Ejecutivo no puede violar esta ley o interpretar de manera arbitraria una supuesta negación de la confianza”, dijo.
En diálogo con El Comercio, Rospigliosi opinó que la falta ha sido contundente y les sugirió a los congresistas, que en vez de estar “distraídos” en una denuncia por traición a la patria en contra del presidente Castillo, que se enfoquen en “construir una denuncia sólida” por infracción a la Constitución en contra de todos los integrantes del Gabinete Torres que firmaron el acta.
“Lo que ha hecho el Consejo de Ministros al firmar ese documento es dejar huella de su delito, esa es la prueba de la infracción a la Constitución. Todos ellos pueden ser inhabilitados para ejercer la función pública por 10 años”, concluyó.
Además…
Quiroga ya no representará al Congreso
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga informó que no ejercerá la defensa del Congreso en la demanda competencial que este poder del Estado interpondrá en contra del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional (TC) por la interpretación que le dio a la improcedencia de la cuestión de confianza planteada hace más de una semana por el entonces primer ministro, Aníbal Torres.
“He perdido control sobre esta demanda, un representante de la Mesa Directiva me dijo que se lo encargarán a otra persona”, manifestó a El Comercio.
Quiroga dijo esperar que el TC otorgue la medida cautelar que el Parlamento también presentará junto con la demanda competencial, porque, desde su perspectiva, el gobierno de Pedro Castillo intentará disolver de manera inconstitucional al Legislativo.
“Hasta ahora el TC no ha dado medidas cautelares, cuando el expresidente Martín Vizcarra la solicitó ante el primer pedido de vacancia en su contra, se la negó. No sé cuál será el temperamento del tribunal, pero tiene que resolver rápido, porque yo creo que se viene la disolución del Congreso”, acotó.
