Crisis en Ministerio Público: ¿Cómo solucionar la situación actual, según expertos?

Las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, han desatado una crisis en el Ministerio Público. Ello en el marco de la investigación por una presunta red criminal que operaba dentro de dicha institución.

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En su testimonio ante la fiscal suprema Delia Espinoza, Villanueva ha implicado a fiscales como Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Rafael Vela y José Domingo Pérez y a congresistas de distintas bancadas. También a ex presidentes y líderes de partidos políticos.

En diálogo con El Comercio, el exprimer ministro Juan Jiménez Mayor, el constitucionalista Domingo García Belaunde, la abogada Beatriz Ramírez y el periodista Jaime de Althaus ensayan posibles salidas a esta polémica que envuelve a la fiscalía.

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Juan Jiménez Mayor: Hace mucho tiempo que el Ministerio Público requiere una reforma a su ley orgánica, que tiene más de cuarenta años. La propia fiscalía no se ha preocupado. Por ejemplo, ¿necesitamos una junta de fiscales supremos tan reducida para más de 30 millones de peruanos? Hay un desbalance. En lo que se trata de la carrera fiscal hay una ley saltapapeles. El nivel de provisionalidad de las fiscalías es alarmante, no debe ser menor del 70%. Con eso se resta la importancia de la independencia que deben tener los fiscales. Tener un sistema de fiscalías provisionales es fatal porque, finalmente, ese fiscal depende de quien los nombró y eso indica que puede recibir instrucciones. La provisionalidad es uno de los grandes males que tiene el Perú desde la época de Fujimori.

Beatriz Ramírez: Si todo funcionara bien, pero no creo que vaya a pasar, la Junta Nacional de Justicia debería haber abierto algunos procesos al jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, que tiene ya unos procesos en curso. Se debería acumular un nuevo proceso por lo menos de investigación preliminar, porque ese órgano es el que se encarga de vigilar a las instancias inferiores de la fiscalía, como los fiscales provinciales y superiores. Lo segundo que se tendría que modificar es la forma de elegir a las fiscalías supremas, a mediano mediano, porque el círculo de elección de las fiscalías supremas es muy chico y las titularidades del Ministerio Público se eligen entre un grupo chiquito. Es decir, los fiscales supremos se eligen entre sí. Sus afinidades y rencores se terminan plasmando en quién encabeza o no encabeza o lleva las políticas y enemistades en la institución.

Domingo García Belaunde: Lo primero que se debería hacer es tomar medidas disciplinarias, incluyendo destituciones de la gente involucrada [en las declaraciones de Jaime Villanueva]. No sé qué ha pasado con la Junta Nacional de Justicia que se han dormido. Eso calculo que puede hacerse en un mes o dos. Lo segundo es nombrar una comisión extraparlamentaria de abogados con cierto nivel y experiencia, sin relación con los partidos o por lo menos no tan directa, que estudie una reforma integral del sistema de justicia, básicamente el Ministerio Público. ¿Qué pasa con un Ministerio Público que está como está? Eso no se resuelve en un día, hay que estudiarlo con calma y pensar qué proyectos hacer y, quizás, reformar la Constitución. La comisión tendría como mínimo un plazo de 6 meses.

Asimismo, hay que volver al Consejo Nacional de la Magistratura como fue creado en el año 1979, porque funcionaba mucho mejor. Al final decayó, pero fue un problema de hombres porque cuando se habla de JNJ pareciera que se hablara de una junta de vecinos, es una tontería. El Consejo Nacional de la Magistratura existe en Italia, Francia y España. Ello requiere una reforma Constitución que hay que pensarla.

Jaime de Althaus: La situación es muy complicada, en la medida en que se origina en la politización de la justicia que se dio con los procesos en las donaciones de campaña, que llevaron a líderes políticos a la cárcel y criminalizaron las donaciones de campaña, que no eran delitos, cometiendo un abuso persecutorio inadmisible en una democracia. Lo primero sería resolver ese problema, que está en el origen de esta polarización, división y lucha de poderes dentro del Ministerio Público y que proyecta incluso a otros poderes del Estado.

Yo creo que tienen que salir todos los magistrados y fiscales involucrados en las declaraciones de Villanueva. Ahí la responsabilidad debería estar en la Junta Nacional de Justicia, que es la que tendría que cesar a estos fiscales. La JNJ también forma parte del problema, pero sí, de alguna manera quieren rectificar, podrían cesar a los fiscales que están comprendidos en este complejo de problemas. La junta debería jugar este papel para promover un nuevo comienzo en la fiscalía.

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Juan Jiménez Mayor: Se debe formar una comisión, cuyo objetivo debe ser presentar una nueva ley orgánica del Ministerio Público y cinco reformas más importantes que hay que hacer. Por ejemplo, incrementar el número de fiscales supremos y reducir la provisionalidad de los fiscales.

La comisión tendría que estar conformada por juristas de alto nivel, entre ellos los rectores de las cinco universidades más antiguas que tengan facultad de Derecho, que puedan ayudar en esta materia. Que sea un enfoque técnico y no político, para que no exista ninguna pretensión de querer tomar la fiscalía. Yo plantearía que ese proyecto de ley no venga ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Si los políticos se meten, sería un desastre. Me causa temor que los poderes políticos vayan a meter su mano. A la comisión podrían acompañarla diversas instituciones, como la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público.

También se debe modificar el sistema de nombramientos. Uno de los avances que hemos tenido desde la Constitución de 1979 fue la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, en la pretensión de despolitizar el nombramiento de jueces y fiscales. Los nombramientos políticos generan una independencia y eso está demostrado.

Beatriz Ramírez: Cambiar a un sistema de voto universal, por ejemplo, que todos los [fiscales] superiores voten por los [fiscales] supremos, que todos los [fiscales] provinciales voten por los [fiscales] superiores, podría ser una modalidad para, en el mediano plazo, romper los círculos tan cerrados que hay en el Ministerio Público. Porque en el fondo lo que hay son pequeños círculos de poder. Debería haber más fiscales supremos, pero hay que recordar que el Ministerio Público y el Poder Judicial son quienes deciden cuántas plazas saca a concurso la Junta Nacional de Justicia. Entonces, tener más fiscales supremos supone previsión presupuestal y decisión para crear las plazas.

Se puede mejorar la forma en la que se hacen las calificaciones en los concursos públicos. Por ejemplo, no todos los títulos deberían valer lo mismo. No puede ser que un título de las Alas Peruanas, que es no licenciada, valga lo mismo que una universidad que lo está. O que una universidad dentro de las primeras mil valga lo mismo que una que no aparece.

Estoy en contra de que se regrese a la figura de la CNM porque, con todos sus defectos, el concurso público es mejor que el proceso de designación política [...] Es más fácil corregir para siguientes procesos, que la corrección de un eventual órgano político, que es el Senado.

Jaime de Althaus: Plantear una reorganización general en el Ministerio Público y la reforma judicial que todavía está pendiente en muchos aspectos. Hay quienes plantean una comisión de alto nivel, integrada por juristas de alto nivel que tengan poderes para reorganizar estas instituciones; retirar a los malos elementos y nombrar buenos magistrados y plantear cambios vinculados a la reforma judicial y fiscal.

Está la propuesta de la congresista Gladys Echaiz, que propone crear una Escuela Nacional de la Magistratura que reemplace a la JNJ para nombrar a los magistrados que hayan pasado dos años por esta escuela y que ingresen por órden de mérito. Hay quienes sostienen que esta propuesta garantizaría que quienes ingresan al PJ y MP tendrían preparación y conocerían los códigos, y que, como la escuela es de alto nivel, aprenderían a razonar jurídicamente y tendrían un mayor nivel de lo que hay ahora. No obstante, otras opiniones indican que no necesariamente conocer los códigos y tener mucho conocimiento equivale a ser buen juez o fiscal.

Hay también el planteamiento de que se faciliten prácticas pagadas a los estudiantes de las mejores universidades para que conozcan sobre el sistema judicial y algunos de ellas puedan interesarse. Es una propuesta de Natale Amprimo. Está la propuesta de José Sardón, que hay que considerarla, que va en contra del sentido común que se ha ido desarrollando en el país, pero que no deja de tener razón. Él propone regresar al sistema que existía en la Constitución de 1933: que el Poder Ejecutivo propone una lista de jueces y fiscales supremos y el Senado o el Congreso, en este caso, ratifica o no la propuesta. Los altos magistrados son designados, en buena cuenta, por los poderes elegidos. De una manera transparente y abierta, con audiencias públicas. Se podría decir que ahí hay politización, pero así es como funciona en muchas democracias, como en Estados Unidos. Por lo menos es una politización transparente y no furtiva o infiltrada y dictada por poderes que no son elegidos u ONG.

Hay que replantear y discutir cuál es la mejor manera de designar a los jueces y fiscales. El tema de las ratificaciones debería ser sustituido por evaluaciones internas, tanto en el Poder Judicial, como en el Ministerio Público. La agenda es muy amplia y es momento de abordar estos temas con seriedad. La tarea de construir un sistema de justicia que sea probo y eficiente, de otro nivel.

Domingo García Belaunde: En las partes del mundo que yo conozco, como Italia, Francia, España, Argentina y México, hay lo que se llaman escuelas o academias de la magistratura. Acá la Academia de la Magistratura, en el fondo, es una burla porque dan cursos de capacitación a magistrados que están cansados a partir de las 7pm. ¿Quién aprende bien a esas horas? Lo que hay que hacer es lo que hacen estos países: que simplemente para entrar a la carrera judicial hay que entrar a esta academia. Se entra por concurso y están a tiempo completo; es decir, les pagan. A los dos años salen con sus títulos de magistrados y ahí concursan para ir a un puesto determinado. Alguien que durante dos años ha recibido clases seis a siete horas diarias, que ha hecho trabajo, monografías y que está en constante contacto con el mundo académico y judicial, teóricamente, va a ser mejor que uno que viene de la calle. Algo se avanzará, pero nadie ha querido hacer nada en este país.

No obstante, no estoy de acuerdo con el proyecto de la congresista Gladys Echaiz, porque una cosa es la formación y otra el control y la elección, que la tiene ahora la Junta Nacional de Justicia y antes el Consejo Nacional de la Magistratura. La junta ha funcionado pésimo porque está mal constituida.

Se debe volver al consejo y que esta institución seleccione, nombre, ascienda y destituya a los fiscales. En Europa funciona muy bien esta figura. El problema es de gente, no de instituciones. También está pendiente la bicameralidad. Antiguamente, el Congreso de la República elegía a los magistrados supremos. Eso desapareció, pero podríamos volver a ello. Habría que pensarlo, es una posibilidad.

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Juan Jiménez Mayor: No es la ruta retirar a nadie, el asunto es hacia dónde vamos. La propia fiscalía debería declarar en reorganización la institución.

Beatriz Ramírez: Yo creería que la Junta Nacional de Justicia puede haber abierto un proceso a Juan Fernández Jerí, pero no lo ha hecho. Además, el señor [Guillermo] Thornberry no ha anunciado que se va a retirar y la junta no tiene competencia para sacarlo. El Congreso, por ejemplo, podría abrirle una investigación por posible falta grave, pero no lo ha hecho. A quienes deberían abrirles procesos no lo han hecho.

De todo lo que ha dicho Villanueva sobre los fiscales, lo único que veo investigable es la filtración de información a prensa porque, en teoría, todas la investigaciones son reservadas. Se trataría de una falta, pero tienen que probar que la persona es responsable.

Domingo García Belaunde: Deberían tomar medidas disciplinarias, incluyendo destituciones de la gente involucrada y todos tienen reemplazante. No sé qué ha pasado con la Junta Nacional de Justicia, que se han dormido.

Jaime de Althaus: Todos los involucrados en las declaraciones de Villanueva. [Pablo] Sánchez, [Rafael] Vela, José Domingo Pérez y la propia Patricia Benavides. Todos los que han formado parte de este esquema tienen que salir.

Si se llegara a conformar una comisión de alto nivel para revisar los nombramientos y cesar a los magistrados que no cumplen los requisitos de idoneidad, integridad y capacidad, esa comisión tendría que definir quiénes serían los que tendrían que salir y sin duda todos los que están envueltos en estos malos manejos, en la politización de la justicia, el intercambio de favores para nombramientos y ceses.

Y una vez que hayan nuevos fiscales del Caso Lava Jato, ellos deberían cesar estos procesos, que son parte de la historia negra de la persecución policial en el Perú, que terminó diezmando la clase política, debilitando e incluso desapareciendo a los partidos políticos. Eso es fundamental para restablecer la paz política en el país y acabar con la polarización y lucha de poderes.