Contraloría identifica perjuicio de casi S/ 1 millón en elaboración de expediente técnico para hospital en Junín

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 920.664 en la elaboración y evaluación para la construcción del Hospital en San Martín de Pangoa, en Junín. La obra busca beneficiar a cerca de 500 mil habitantes cuando esté concluido.

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“Se evidenció que el Gobierno Regional de Junín, durante las gestiones 2015-2018 y 2019-2022, pagó en dos ocasiones la elaboración de estudios de ingeniería, autorizaciones y certificaciones para la evaluación del primer y tercer expediente técnico a favor de la empresa constructora”, indicó la Contraloría.

Sin embargo, añade, la comisión de control, comprobó que el primer expediente técnico, por el que se pagó S/ 784.464, “no cumplió ninguna finalidad pública debido a una serie de deficiencias y fue cuestionado hasta en tres oportunidades”; mientras que por el segundo expediente, por el cual se canceló el monto de S/ 76.200, consideró la reubicación del terreno y la modificación del Programa Medico Funcional, el cual fue declarado nulo, según manifiesta el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°19289-2021-CG/GRJU-AC.

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Asimismo, el informe de control, que evaluó el periodo del 25 de octubre de 2016 al 24 de febrero de 2020, concluyó que ninguno de los expedientes técnicos descritos, “fueron útiles para la ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto, como tampoco lo fue el pago de S/ 60.000 en favor de la empresa evaluadora del primer expediente técnico”.

En ese sentido, la Contraloría, institución encabezada por Nelson Shack, destacó que estos hechos transgredieron las normas técnicas de salud.

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Además, producto de la auditoría de cumplimiento, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en quince funcionarios de las gestiones 2015-2018 y 2019-2022 comprendidos en los pagos para la evaluación y formulación del mismo expediente técnico.

Finalmente, los resultados del informe de control fueron puestos en conocimiento del gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas, y la procuraduría pública “a fin de que adopten las medidas correspondientes, de acuerdo al ámbito de su competencia”.

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