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El congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) -cuyo hermano, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se encuentra en prófugo desde octubre del 2023- impulsa un proyecto de ley que abre las puertas para denunciar y, en consecuencia, procesar a los jueces y fiscales por el delito de prevaricato en cualquier jurisdicción a nivel nacional.
Se trata del proyecto de ley N°8341/2023-CR, presentado el 8 de julio junto a cinco colegas de su bancada. La iniciativa fue derivada a la Comisión de Justicia. Según indica, el texto propone modificaciones al Código Penal (CP) y al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) “a fin de garantizar el sistema garantista en el proceso penal”
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Intenta modificar el artículo 21 del NCPP —que determina la competencia territorial de los casos penales— incorporando un inciso adicional y dejando explícitamente establecido que, en el caso del delito de prevaricato, este puede ser abordado en cualquiera de los 34 distritos fiscales y judiciales que existen a nivel nacional. Actualmente, en el criterio prima el lugar donde se produjeron los hechos.
El delito de prevaricato cuestiona la actuación misma de un magistrado. Es aquel que se le atribuye a un fiscal o juez por haber dictado una resolución o dictamen contrarios al texto expreso de una ley, citando pruebas inexistentes o hechos falsos o apoyándose en leyes ya derogadas. No es un tema menor. Se castiga con penas que van entre los tres y cinco años de pena privativa de la libertad.
“Sobre las competencias del delito de prevaricato (…) excepcionalmente y por razones de garantía de imparcialidad es competente cualquier fiscal y juez en otras jurisdicciones a nivel nacional, para lo cual queda habilitado la utilización de medios electrónicos y virtuales”, se propone en uno de los apartados del proyecto planteado por Cerrón.
El Comercio intentó sin éxito comunicarse con el legislador de Perú Libre.
El 6 de octubre de 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín halló responsable a Vladimir Cerrón -en segunda instancia- de colusión, por el caso aeródromo Wanka (2013-2014). Sobre Cerrón pesa una segunda orden de captura por presunto lavado de activos y organización criminal.
Bajo la excusa del prevaricato
El problema es que, de llegar a aprobarse esta fórmula legal, podría ser utilizada por los investigados o terceros para hostilizar a los jueces y fiscales, al permitírseles presentar una denuncia en su contra —que derivaría en procesos penales— en cualquier parte del país argumentando un supuesto prevaricato, según coinciden cuatro especialistas en derecho penal consultados por El Comercio.
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, se trata de “una contrarreforma” que “desnaturalizada” el instituto procesal vigente sin justificación alguna y que buscaría no solo la impunidad sino “tener una espada de Damocles para atemorizar a jueces y fiscales”.
Los cinco criterios de competencia ya establecidos en el NCPP —remarcó Maldonado—, son todos técnicos y dirigidos a que se respete estrictamente el debido proceso.
“Pretenden desnaturalizar la figura de la competencia, estructurada de acuerdo a criterios objetivos, razonables y claros en el artículo 21 del código, desdibujándolo y haciendo que cualquiera en cualquier lugar pueda presentar una denunciar contra un juez o fiscal por prevaricato. El objetivo central es un ataque a la independencia y a la imparcialidad en el sistema de justicia”, cuestionó.
Apuntó que el NCPP fue el resultado de un trabajo técnico y profesional que viene funcionando, por lo que cuestionó que se pretendan realizar modificaciones sin mayor base.
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Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión indicó que, lejos de solucionar deficiencias, “se estaría generando un problema mayor”. “Que es el de [permitir] buscar a tu fiscal o juez para denunciar prevaricato de otro juez o fiscal que haya decidido en tu contra y se esté jugando con las jurisdicciones. Es decir, si me investigan a Lima, me voy a Puno o Juliaca. Ese sería el principal riesgo”, remarcó.
Carrión dijo esta figura tiene un símil con el mecanismo conocido como el “ruleteo”; es decir, cuando se presentaban recursos en el ámbito constitucional en distintas jurisdicciones del país buscando un magistrado que lo acoja; el cual fue dejado sin efecto en el Nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, en este caso es aún más riesgoso.
“Aquí estarías habilitando una vía de investigación penal. No estás hablando de cualquier investigación administrativa o constitucional, sino que al fiscal o juez le generas un caso penal, con la seriedad que implica ello. Entonces los fiscales o jueces tendrían siempre ahí la daga de que, si no me favoreces, te denuncio y no aquí sino en otro lugar. Eso generaría temor”, remarcó Carrión.
A su juicio, con esto se dejaría vulnerables a aquellos encargados de impartir justicia. Incluso, esas denuncias bien podrían ser aportadas como elementos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En tanto, la abogada penalista Liliana Calderón consideró que la norma “desnaturaliza el principio de juez natural” y que “no es razonable”. Coincidió que se le quita la seguridad jurídica a los jueces y fiscales para que cumplan su labor.
“Lo que se pretende es que tú puedas presentar una denuncia en cualquier jurisdicción; y eso desnaturaliza el concepto de competencia y el principio de juez natural, que se supone que es el juez que corresponde según la jurisdicción”, subrayó.
En tanto, el abogado penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, concordó en que esta figura sería similar a la del “ruleteo” y remarcó que la propuesta “tiene una clara intención de poder denunciar a un fiscal que esté investigando o a un juez que esté procesando para poder generar una coacción”.
“No tiene ningún sustento normativo, constitucional, porque recordemos que la Constitución dice que uno tiene derecho a ser juzgado por el juez llamado por ley. Le corresponde a uno el juez que concierne de acuerdo a las normas jurídicas, no cualquier juez”, subrayó.
Más modificaciones con riesgos
Sin embargo, esa no es la única modificación que genera cuestionamientos. Andía también advirtió otros riesgos en el proyecto promovido por Cerrón, como la modificación al aspecto de formalización y continuación de la investigación preparatoria, lo que generaría así —en la práctica— una etapa adicional al proceso penal que no existe en la actualidad.
Actualmente, un fiscal al pasar de una investigación preliminar a una investigación preparatoria, únicamente comunica al juzgado y continúa con sus diligencias y pesquisas.
Sin embargo, el legislador de Perú Libre plantea modificar el artículo 336 del NCPP para establecer una obligatoriedad de que, al hacerlo, el juzgado convoque y efectúe una “audiencia de control de formalización de la investigación preparatoria”; incluso atribuyéndole la facultad de frenar la investigación y archivarla.
A juicio de Andía, “están poniéndole una valla adicional a la formalización de las investigaciones”. “Aquí hay una seria limitación al ejercicio de la acción penal constitucionalmente otorgada al Ministerio Público. Hay una clara intención de obstruir el trabajo de los fiscales”, aseveró.
