Las claves del ‘Vacunagate’: desde las versiones de Astete y Mazzetti hasta la ausencia de Vizcarra

En tanto, el 17 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó que amplió la investigación preliminar a Vizcarra sobre dicho caso e incluyó a Mazzetti y Astete por los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Para los congresistas Carlos Pérez Ochoa, quien preside la subcomisión, y Jim Mamani, quien se encarga del informe final, las versiones distintas entre Astete y el actual gobierno de Francisco Sagasti (sobre si el mandatario autorizó o no que la ex titular de Relaciones Exteriores se inoculara) resulta secundario. Lo principal, coinciden, es determinar si los ex altos funcionarios se valieron de sus cargos y privilegios para vacunarse en secreto.

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El plazo

La fecha máxima para la presentación y votación del informe en la Subcomisión es el lunes 29 de marzo. “El día en que el congresista Mamani sustenta, pasamos a un debate en la subcomisión y, finalmente, a la votación. De resultar aprobatorio, pasa a la Comisión Permanente”, precisó Pérez Ochoa a El Comercio desde Cañete. El Congreso se encuentra en semana de representación, por lo que los legisladores han viajado a sus regiones.

Pérez recordó que, luego de que las denuncias pasen a la Comisión Permanente, este fuero maneja tiempos de acuerdo a su agenda. Allí también se reciben descargos de los implicados y, posteriormente, se vota por su elevación o no al pleno del Congreso, que tendrá en sus manos una eventual la inhabilitación para ocupar cargos públicos de las exautoridades.

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Este Diario se comunicó también con el congresista Mamani, quien estaba rumbo a Ayacucho. El parlamentario señaló que el plazo es perentorio, por lo que su trabajo de representación no afecta la elaboración del informe final por el caso ‘Vacunagate’.

“Yo estoy obligado a presentar el documento, a más tardar, el lunes 29 de marzo. [Podría tenerlo listo antes], pero eso dependerá. El día máximo es el lunes. En el informe tengo que evaluar si procede o no la denuncia constitucional y la sanción contra los denunciados”, exclamó.

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¿Cómo se valorarían los dichos de Astete sobre Sagasti y Bermúdez?

Con respecto a la versión ampliada de la excanciller Elizabeth Astete, el grupo deberá afinar su criterio de valoración. Según Pérez Ochoa, se esperaba que el presidente Francisco Sagasti -en calidad de testigo- proporcione detalles adicionales sobre su desmentido. Sin embargo, las afirmaciones de Astete no afectarían la evaluación sobre su responsabilidad en el caso.

“No perdamos de vista el objeto de la investigación, que es concluir si hubo aprovechamiento o privilegio de los exfuncionarios para vacunarse. Lo de la versión de la señora Astete y la del presidente Sagasti podría resultar secundario. Es un argumento de defensa. Desde mi punto de vista, y sin adelantar opinión, el presunto conocimiento del presidente no resulta revelador de una supuesta inocencia [de la excanciller]”, dijo el congresista.

Como se recuerda, la exfuncionaria había presentado su renuncia el 14 de febrero, mediante una carta en la que confesaba haber recibido una primera dosis de Sinopharm el 22 de enero. En el documento, que fue público, adujo que la decisión de inmunizarse había recaído en los numerosos contagios de funcionarios con los que trabajaba.

“No podía darme el lujo de caer enferma”, refirió en el texto, mencionando también su rol de mediadora en las negociaciones para la compra de la fórmula, su riesgo por edad (68 años) y su viaje a Tumbes como representante de esa región en el Consejo de Ministros. La excanciller había indicado que su actuación fue “un grave error”.

Sin embargo, la historia que ella misma relató por escrito ha variado. Mencionó a Sagasti y Bermúdez cuando presentó su testimonio ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El 11 de marzo, un programa de televisión reveló que la excanciller había declarado al grupo de trabajo que el mandatario le dio el visto bueno a su vacunación. Tanto el despacho presidencial como la PCM han negado que haya ocurrido tal autorización.

Cuatro días después, el fuero parlamentario recomendó un careo en directo entre Sagasti y la exfuncionaria, pero este no fue atendido por la Presidencia y la Subcomisión optó por no insistir.

En la sesión del 22 de marzo, Astete reiteró que tuvo la “anuencia” del mandatario y añadió que la primera ministra Violeta Bermúdez le había sugerido guardar reserva.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público y a plena luz del día, y con la anuencia del presidente (Francisco) Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, indicó a los congresistas.

La declaración generó nuevamente el rechazo de Palacio y de la PCM.

Jim Mamani señaló a este Diario que la presentación del presidente Sagasti sí hubiera sido importante en esta fase de la Subcomisión, pero coincidió en que la posible infracción de Astete va por cuerdas separadas. En todo caso, una responsabilidad del presidente Sagasti se tendría que evaluar con base en una nueva denuncia individual.

“Yo recomendé en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas que se dé un careo porque eso nos hubiera revelado la verdad. Yo creo que eso nos lleva a juzgar otros medios probatorios posibles. Para ello, la exministra Astete ha presentado otros documentos adicionales que vamos a evaluar. Pero tenemos que recordar que el presidente Sagasti no es un denunciado. Entonces, a menos que un congresista o alguien haga una denuncia, ya sería materia de otra investigación”, declaró Mamani.

Para el abogado constitucionalista Rafael Sánchez, las versiones de la excanciller buscan atenuar su responsabilidad en la inoculación, considerando que, además, existe un procedimiento adicional por presuntos delitos.

“El caso de Astete es el más llamativo [en comparación al de Mazzetti y Vizcarra] porque, en su renuncia, ella ya daba justificaciones personales sobre su actitud. Recién frente a un proceso en el Congreso ya comienza a dar estos supuestos detalles. Queda la duda sobre si realmente está transparentando lo ocurrido”, comentó Sánchez.

Este Diario pidió una entrevista a Juan Peña, abogado de la excanciller. No obstante, el defensor se negó a hablar con El Comercio.

Mazzetti “no recuerda” anuencia de Sagasti a Astete, pero ese detalle también sería secundario

La versión de Astete no tiene respaldo concreto de la exministra Pilar Mazzetti. La primera ha señalado que Mazzetti estuvo en la reunión con Sagasti para cuando él dio, supuestamente, el visto bueno. El lunes, ante la subcomisión, la ex titular de Salud dijo no recordar que el presidente haya asentido y, en cuanto a su propia inoculación, reafirmó que fue una decisión personal que el propio mandatario desconocía.

“El día en que nos hemos reunido en Palacio [21 de enero] y, posteriormente, la conversación que dice la doctora Elizabeth [Astete], me temo que de eso no tengo recuerdo. No tengo ningún recuerdo donde el presidente haya asentido o cosa semejante”, dijo Mazzetti ante el grupo congresal.

De acuerdo con el congresista Carlos Pérez Ochoa, el detalle de “no recordar” ese momento no puede ser tomado como una negativa a la versión de Astete. “Ella [Mazzetti] ha dicho que no recuerda y no ha negado la autorización”, mencionó Pérez. No obstante, insistió en que este relato no es clave en las denuncias.

Por su parte, Mamani señaló: “Después de que la Subcomisión apruebe el informe final, el caso pasa a la Comisión Permanente, y ahí se puede evaluar nuevamente este detalle de lo dicho por Astete y por Mazzetti. Tenemos aún otra instancia para que se citen a los involucrados y se puedan dilucidar más las cosas”.

A estas alturas de la investigación y con un plazo tan corto para el informe final, el especialista Rafael Sánchez estima que será la Comisión Permanente la encargada de escarbar más sobre este punto.

“Es una afirmación que no ha podido ser respaldada y sobre la que no existiría prueba documental. Lo que sí juega a favor de Astete -y que Mazzetti no ha llegado a aclarar- es que se hayan dado reuniones con el presidente. Pero, nuevamente, son reuniones de las que no existe prueba detallada de esa supuesta autorización. Sirven de indicios, en todo caso, pero solo eso. Lo que ha dicho Mazzetti, sin embargo, sí puede generar una insistencia por parte del Congreso para investigar porque la respuesta es ambigua”, dijo.

Vizcarra no podrá reclamar luego de su inasistencia a la Subcomisión

Con respecto al expresidente Vizcarra, quien no asistió a la sesión en la subcomisión el día lunes, no hay espacio para reclamo ni la posibilidad de aplazar el informe final. “El reglamento del Congreso es muy claro y establece que la ausencia de un denunciado no impide continuar con el proceso. Se le notificó en el plazo correspondiente, pero fue su decisión no asistir. Además, tiene la opción de defenderse en la siguiente etapa, que será eventualmente ante la Comisión Permanente”, explicó Jim Mamani.

Para el congresista Carlos Pérez Ochoa, Vizcarra se perjudicó a sí mismo al faltar a la audiencia.

“En el proceso de estas denuncias, los plazos son breves. Es un proceso sumarísimo. La audiencia es única y la inasistencia de uno de los denunciados no posterga ni paraliza las fases. Lo de Vizcarra se calificó como inasistencia, simplemente. El proceso sigue. Enhorabuena que las dos exministras han participado, y eso debería servir de ejemplo sobre la voluntad de colaborar. Yo creo que el principal interesado en aclarar las cosas y dejar sentada una posición sólida debe ser el señor Vizcarra”, comentó.

El Comercio intentó comunicarse con Fernando Ugaz, abogado del expresidente, pero no contestó nuestras llamadas y mensajes hasta el cierre de esta nota.

Según repara el constitucionalista Rafael Sánchez, la ausencia de Vizcarra puede ser también estratégica y no tanto por un reclamo de debido proceso: “El señor Vizcarra ha perdido una oportunidad de defensa. Pero yo creo que tiene que ver con la narrativa que él ha querido sostener sobre una presunta persecución política. También podría ser que Vizcarra busque desmarcarse de los marcos de actuación de las dos exministras. Es decir, que no los metan a los tres en el mismo saco, por decirlo así, y que se refuerce su versión de que él pensaba ser parte de los ensayos clínicos. Son conjeturas que se pueden tener de esta ausencia y que bien podrían ser parte de su propia estrategia”.

Más información

El 20 de marzo, el expresidente Vizcarra había pedido la inhibición de Jim Alí Mamani como congresista delegado del informe final del caso. De acuerdo con el denunciado, Mamani carece de objetividad, pues habría adelantado opinión en medios de comunicación. También dijo que está descalificado por haber sido vocero de su bancada Nueva Constitución en la presentación de la denuncia constitucional en su contra.

“La figura de inhibición no existe en este proceso. Yo no he adelantado opinión en ningún momento y, más bien, he sido defensor del debido proceso. Incluso, me he resistido a dar detalles de fondo a los medios. Yo diría que es una actitud desleal por parte del acusado de cuestionar los actos procesales”, dijo Mamani a este Diario. Previamente, el 5 de marzo, Vizcarra había interpuesto una acción de amparo ante el Poder Judicial “en contra de la inhabilitación express iniciada en el Congreso”. El recurso aún no ha sido admitido.

En paralelo a las denuncias constitucionales, sobre Astete, Mazzetti y Vizcarra también corre una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En el caso seguido ante el Congreso por infracciones a la Constitución, la consecuencia sería de inhabilitación para cargos públicos. El expresidente Vizcarra, actual candidato al Congreso por Somos Perú, no podría acceder al cargo si termina acusado por el pleno.

DATO

El juicio político o antejuicio constitucional es, como regula la Constitución, una prerrogativa del Congreso frente a funcionarios o exfuncionarios de alto rango. Lo evalúa, como instancia decisiva, el pleno del Congreso, tras la presentación de conclusiones de la Comisión Permanente y permite suspender al funcionario o inhabilitarlo de la función pública por hasta diez años.

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