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La fragmentación de las bancadas y la inexperiencia de los nuevos congresistas hace difícil predecir qué temas impulsarán desde sus escaños. Sin embargo, mirando la agenda parlamentaria de los últimos cinco años, existen tres temas en particular que podrían seguir siendo la obsesión legislativa: la reforma educativa, la reforma de transporte y la regulación de los medios de comunicación.
En los últimos dos periodos se han presentado al menos 180 iniciativas que pretendían regular los tres temas identificados.
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En los últimos 5 años se han repetido 3 puntos en la agenda legislativa. Las iniciativas han ido en sentido contrario a las reformas planteadas.
Antireformistas
La reforma de la educación superior y del transporte urbano han enfrentado obstáculos en muchos flancos. Respecto al primero, el Congreso ha buscado crear nuevas universidades pese a que existe una ley de moratoria, o ha pretendido limitar las atribuciones de la Sunedu.
Hugo Ñopo, investigador de GRADE, considera que hay tres razones detrás de las iniciativas en contra de Sunedu: la búsqueda de réditos políticos, por llevar oferta educativa a las regiones; los intereses económicos, por las empresas del sector; y un genuino interés por mejorar la situación, pero con medidas equivocadas.
En abril pasado, después de conocidos los resultados electorales, el hoy vocero de Acción Popular, Carlos Zeballos, publicó una foto en Facebook en la puerta de la Sunedu junto a su ahora asesor Yonhy Lescano. “A los más de 30 mil estudiantes de la UANCV, a todos los jóvenes que nos apoyaron: ¡Hoy les decimos que vamos a rescatar su universidad!”, decía el mensaje que acompañaba la foto. El mensaje era sobre la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que no tiene licenciamiento.
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No es el único caso. El pasado 10 de mayo, la ahora segunda vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), escribió en un post hoy borrado: “creemos, que debería evaluarse la posibilidad de ampliar el plazo para que las universidades a quienes se les ha denegado el licenciamiento de funcionamiento institucional puedan levantar las observaciones de la Sunedu”.
Fuentes de la Sunedu indicaron a este Diario que legisladores de Acción Popular y Fuerza Popular ya tuvieron contacto con la entidad con el fin de buscar reuniones presenciales respecto a universidades no licenciadas.
En cuanto al transporte, la reforma se ha visto limitada por congresistas vinculados al gremio de colectiveros. La formalización del taxi colectivo fue aprobada en este Congreso, pese a las observadione del presidente Francisco Sagasti. El Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, por poner en riesgo la vida de los usuarios.
Para Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, es un problema que los congresistas no consulten o no hagan caso a los expertos. “Se supone que la Comisión de Transporte debería de recoger diferentes opiniones, y de acuerdo a eso elaborar si es posible o no el proyecto, y no siempre ocurre así”, explica.
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Regulación peligrosa
Los intentos por regular los medios también han estado presentes en los últimos años. La denominada “Ley Mulder”, que buscó impedir la publicidad estatal en medios de comunicación privados, fue la que llegó más lejos. El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en el 2018. En este punto, el nuevo Congreso podría encontrar coincidencias con el presidente Pedro Castillo quien, en su mensaje a la Nación, anunció la presentación de una nueva iniciativa para regular la publicidad estatal.
María Eugenia Mohme, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, afirma que este tipo de iniciativas surgen porque se cree que los medios sobreviven por la publicidad estatal, cuando representa un pequeño porcentaje de sus ingresos.
El especialista en temas parlamentarios, Alejandro Rospigliosi, advierte que estos temas continuarán en este período porque los congresistas tienen vínculos económicos con los sectores mencionados.
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Obsesión en pandemia
Durante los últimos cinco años se han presentado casi 200 proyectos de ley relacionados con el sistema pensionario. Más de la mitad de las iniciativas fueron del Congreso 2020-2021, en medio de la pandemia.
Una comisión especial, presidida por la parlamentaria Carmen Omonte, diseñó un proyecto de reforma para que los fondos públicos y privados de pensiones pasen a ser administrados por un organismo estatal con autonomía. La propuesta recibió una serie de críticas y nunca fue puesta al debate en el pleno del Congreso. La parlamentaria Rossangella Barbarán, vocera alterna de Fuerza Popular, adelantó que buscarán completar la reforma del sistema de pensiones.
Por su parte, el legislador Wilson Rusbel, representante por Perú Libre, sostuvo que su agrupación insistirá con la devolución de los aportes a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
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