Subcomisión de reforma electoral aprobó texto final
Subcomisión de reforma electoral aprobó texto final
Redacción EC

La sub comisión de  del Congreso aprobó por unanimidad en la sesión de hoy el texto final de la nueva Ley Electoral, la misma que condensará alrededor de 430 artículos.

El grupo dirigido por la congresista fujimorista Patricia Donayre hizo hoy las últimas precisiones reformadoras a la normatividad que regirá en los próximos comicios.

La titular de la sub comisión de reforma electoral manifestó que se ha tenido en cuenta todas las propuestas presentadas, con lo cual el texto quedó listo para ser presentado el próximo 16 de mayo ante la Comisión de Constitución y Reglamento, a fin de que se analice y se deje expedito para ser debatido por el pleno del Congreso de la República.

En ese sentido, Patricia Donayre expresó su deseo de que todos los miembros del grupo de trabajo participen en la sustentación de la futura Ley Electoral, que contará con reformas para bien de la ciudadanía y de los procesos electorales regionales, locales, presidenciales y parlamentarios.

Del mismo modo, se anunció que la labor de la sub comisión tendrá una segunda etapa de labor legislativa en la cual se abocarán a analizar, debatir y votar proyectos constitucionales, a fin de que determinados artículos no colisionen con la Constitución Política.

Patricia Donayre estimó que la nueva ley electoral sería aprobada, a más tardar, entre agosto o setiembre próximos, lo cual garantizará su vigencia para las futuras lides electorales teniendo como inicio los comicios regionales y locales del 2018.

Condenados por terrorismo no podrán participar
En la sesión de hoy se precisó que estarán impedidos de postular aquellas personas que estén en una situación condenatoria firme con prisión preventiva de la libertad efectiva o suspendida por delitos de terrorismo.

Asimismo, también quienes hayan incurrido en lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, delitos de lesa humanidad, contra la libertad sexual, trata de personas, la no asistencia familiar y violencia contra las mujeres.

Igualmente se aprobó la incorporación del dispositivo relacionado al acoso político estableciendo que si en el marco de un proceso electoral cualquier ciudadano con personería natural o jurídica menoscaba, limita, anula, impide, obstaculiza o restringe los derechos políticos de un candidato a través de amenazas o la divulgación de información en contra de su dignidad; será sancionado con una multa de 20 UIT, además de remitir la información al Ministerio Público y a las autoridades competentes.

Finalmente, se precisó que la declaración jurada de los candidatos incluirá si se autoriza al órgano electoral competente el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), establecerán mecanismos para efectos de la fiscalización de la declaración de bienes y rentas.

En caso se verifique inconsistencia o falsa declaración sobre estos rubros se procederá a la exclusión del candidato y la denuncia ante el Ministerio Público.

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