Pese a que ya concluyó la legislatura y el 23 de julio jura el nuevo Parlamento 2021-2026, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Congreso, Carlos Pérez Ochoa, afirmó que este jueves podrían ver la denuncia constitucional contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, interpuesta por César Gonzáles por la medida cautelar que emitió el PJ ordenando que se suspenda el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
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El presidente de la Subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, señaló a El Comercio que la denuncia no se ha tramitado y que, con el reportaje del programa Panorama -sobre un presunto uso indebido del cargo por parte de Barrios- los parlamentarios consideran que es “grave” no haber atendido el pedido de Gonzales.
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“A más tardar sería el jueves, si es que hubiesen los elementos (...) siempre que la denuncia tenga la contundencia, que es con lo que más hemos tenido cuidado”, dijo.
Este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se declaró en sesión permanente, aún cuando la legislatura culminó el viernes 16 de julio. Los congresistas tienen la intención de continuar con sus labores en dicho grupo hasta el 26 de este mes.
Lo dicho por Pérez contradice sus declaraciones de hace pocos días también a El Comercio, cuando señaló que por cuestiones “operativas”, al encontrarse al cierre de la legislatura, la denuncia contra Barrios ya no sería revisada en la Subcomisión. Agregó que el trámite correspondería al próximo Congreso. Hoy señala lo contrario.
“En el contexto político lo que sucede es que teniendo una denuncia la presidenta del PJ y las circunstancias originadas del reportaje de anoche, no sería dable terminar la sesión sin haber revisado esta denuncia”, sostuvo.
Sobre los plazos de trabajo
Alejandro Rospigliosi Vega, abogado Constitucionalista y ex jefe de Gabinete de la Mesa Directiva del Congreso consideró que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de continuar con su labor, después de finalizada la legislatura, responde a un gesto político.
El especialista explicó que lo actuado por los congresistas podrá ser archivado o retomado por los nuevos parlamentarios.
“Es un gesto de cara a la opinión pública, nada más, porque la legislatura culmina, un quinquenio termina, y al existir un nuevo quinquenio, todo lo que hacen queda sujeto a la voluntad de nuevos parlamentarios, son ellos los que decidirán mandar al archivo el trabajo de los antecesores o retomarlo”, sostuvo.
Rospigliosi también cuestionó la productividad de la subcomisión y señaló que se quedan casos pendientes como el de la excongresista Luciana León, que ya ha sido denunciada por Fiscalía de la Nación.
“La demora e ineficiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fomenta la impunidad en la persecución de los delitos de los altos funcionarios públicos establecidos en la Constitución y mella la Democracia”, dijo.
Carlos Pérez Ochoa manifestó que, como subcomisión pertenecen a la Comisión Permanente y pueden continuar con su trabajo. “Nosotros somos parte de la Comisión Permanente, la subcomisión es parte de y la Comisión Permanente se mantiene funcionando aún cuando termine la legislatura, eso lo establece el reglamento y la Constitución hasta que seamos reemplazados”, apuntó.
Solo hasta el 23 de julio
El vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, afirmó a la agencia ANDINA que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento solo podría mantenerse en sesión permanente hasta la juramentación de los legisladores este viernes 23 de julio.
“La Junta Preparatoria ya informó que este viernes 23 es la fecha de la juramentación y yo creo que no pueden existir 130 congresistas que inician función y otros 130 congresistas a la vez. No pueden haber 260 congresistas en funciones”,exclamó.
Roel consideró además que existe una contradicción en el hecho que la subcomisión haya presentado su balance de gestión y a la vez se haya declarado en sesión permanente.
DATO
- Sobre la denuncia de Panorama contra Elvia Barrios, El Comercio buscó la posición del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero señalaron que no iban a pronunciarse.
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