Eduardo Salhuana, la carta para la presidencia del Congreso que se reunió 65 veces con mineros informales

Tras una serie de idas y vueltas, Alianza para el Progreso (APP) consiguió el consenso entre las bancadas de derecha para colocar a Eduardo Salhuana Cavides (Madre de Dios) como candidato a la presidencia del Congreso. El exvocero de la bancada de César Acuña encabeza la fórmula para la Mesa Directiva 2024-2025 acompañado de Patricia Juárez (primera vicepresidencia), Waldemar Cerrón (segunda vicepresidencia) y Alejandro Cavero (tercera vicepresidencia).

La lista fue presentada poco antes del cierre del plazo. También participará una segunda fórmula, pero integrada por legisladores de izquierda: Silvana Robles (presidencia), Pasión Dávila (primera vicepresidencia), Jaime Quito (segunda vicepresidencia) y Alex Flores (tercera vicepresidencia), todos de la nueva Bancada Socialista.

Salhuana logró imponerse con el respaldo de la familia Acuña, los máximos líderes del partido APP. Su nombre fue voceado en las dos anteriores elecciones para la presidencia legislativa, pero se terminaron imponiendo otros nombres como Lady Camones (2022) y Alejandro Soto (2023). Salhuana se quedó con la vocería de su bancada, y su nombre volvió a ponerse en palestra desde abril pasado.

En el transcurso de los últimos meses, su nombre salió del cuadro en varias oportunidades por falta de consenso, principalmente por las críticas desde fuera del Parlamento. Fue en ese marco que surgieron las opciones de la reelección de Alejandro Soto, o las postulaciones de José Elías o Lady Camones.

La principal duda sobre el legislador surgía desde Fuerza Popular, el principal aliado de APP en el Congreso. “Yo no creo que el señor Salhuana tenga el consenso de los grupos políticos”, dijo la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, en una entrevista dada al periodista Beto Ortiz en Willax Televisión, a inicios de julio. Menos de un mes después, su bancada aceptó a Salhuana como cabeza de lista de la nueva Mesa Directiva.

La familia Acuña -a través de Richard Acuña, quien lidera exitosamente las negociaciones de la Mesa Directiva desde el 2020- supo negociar en los últimos días -y sobre todo, en las últimas horas- el consenso a favor de Salhuana. Con ello, la representante fujimorista, Patricia Juárez, que era voceada para la presidencia hasta la mañana del martes 23 pasó a como candidata a la primera vicepresidencia el mismo día por la noche.

Algunas fuentes legislativas creen que todo el cubileteo de nombres solo fue una estrategia para proteger el nombre de Salhuana y evitar que salgan más cuestionamientos o nuevas denuncias en su contra, que podrían haber desgastado sus opciones dentro de las bancadas parlamentarias.

Salhuana afronta su tercer período legislativo, siendo uno de los pocos representantes con experiencia (el 85% del actual Parlamento no la registra previa al 2021). Fue diputado en 1990 con Izquierda Unida, congresista por el desaparecido Partido Renacimiento Andino (2001) -hoy Runa, de Ciro Gálvez, que se encuentra en proceso de inscripción- y a la fecha congresista por APP (2021).

En todos sus periodos representó a la región Madre de Dios, y en este último logró ser elegido con apenas 3.013 votos (por debajo de los 7.910 que consiguió en el 2001).

Fue en el 2001 donde Salhuana tuvo mayor relación con César Acuña, pues ambos compartieron escaños en el periodo parlamentario hasta el 2006. En dicho quinquenio, Salhuana se unió a la bancada de Perú Posible, el partido del entonces presidente Alejandro Toledo. Estuvo afiliado al desaparecido partido de la chakana desde 2009 hasta 2015.

En el gobierno de Toledo, una vez unido a la bancada oficialista, Salhuana logró ser designado como ministro de Justicia, pero solo duró unos seis meses, pues se fue junto con la caída del Gabinete Ministerial de Carlos Ferrero Costa.

Aunque nació y estudió en Cusco, Salhuana es un abogado que desempeñó toda su vida laboral en Madre de Dios: fue juez mixto de Puerto Maldonado; vocal de la Sala Mixta y Descentralizada de Madre de Dios; decano del Colegio de Abogados de Madre de Dios (2000-2001), asesor legal del Gobierno Regional y abogado de la Federación de Minera de dicha zona.

Los principales cuestionamientos contra Salhuana están referidos a sus vinculaciones con mineros ilegales. Un reportaje de Punto Final, emitido en marzo pasado, reveló que Salhuana y una asesora de su despacho fueron abogados de un minero informal que sería beneficiado con la reciente derogación de una norma que buscaba frenar la expansión de la minería ilegal por parte del Congreso.

Se trata de Eloy Saxi, a quien Salhuana asesoró en un proceso ante el Gobierno Regional de Madre de Dios, como consta en dos escritos de marzo y junio de 2021. Por su parte, Saby Meza, asesora nivel II de Eduardo Salhuana, representó a Saxi ante el Consejo de Minería por el mismo caso el 13 de diciembre del 2022, en horario de oficina. Ella alegó que, en ese momento, estaba en teletrabajo y negó un posible conflicto de intereses.

Sobre este caso, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que disponga el inicio de diligencias preliminares.

Sumado a esto, Salhuana es el congresistas que registra el mayor número de visitas de mineros informales y sus representantes. Desde enero del 2023, el representante de APP recibió un total de 65 visitas, muy por encima de las 49 que recibió su colega Segundo Quiroz (Perú Libre), con la salvedad que este último ostentó el cargo de presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Según el registro de visitas revisado por este Diario, aquellas reuniones incluyeron a representantes de organizaciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), como la Federación Minera Artesanal del Perú y la Confemin Perú. Entre las que cuentan con el Reinfo vigente está la Federación Minera de Madre de Dios.

En lo que va del quinquenio legislativo 2021-2026, Salhuana ha presentado 62 proyectos de ley, de los cuales solo 20 se han convertido en leyes publicadas en el diario oficial El Peruano. Su agenda legislativa, al igual que sus antecedentes y sus visitas, apunta hacia la minería ilegal.

De las 12 normas logradas por Salhuana, tres están referidas a la minería ilegal y han sido cuestionadas por especialistas: 1. La Ley 31989 que deroga la disposición del Decreto Legislativo 1607 que facultaba a la Policía a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por parte de personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 2. La Ley 31746 que modifica el Decreto Legislativo 1107 con el fin de acreditar solo una “constancia de inscripción en el Reinfo” para ser proveedor minero. 3. Ley que prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera.

Sobre el último punto, el ex viceministro de Minas, Guillermo Shinno, explicó en una columna publicada en El Comercio: “El Congreso ya no debe insistir en la ampliación del plazo de formalización y mucho menos permitir que se vuelva a abrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), para que nuevos actores se aprovechen y obtengan permiso para operar de manera informal, cuando en la realidad solo buscan invadir operaciones formales”.

Otros proyectos de Salhuana en la misma línea fueron aprobados en el pleno del Congreso, pero quedaron en el limbo tras la observación del Poder Ejecutivo. Tal es el caso de la iniciativa que buscaba que la maquinaria incautada a extractores de oro ya no sea destruida y pase a manos de gobiernos subnacionales. Esto fue aprobado en mayo de 2023 y observado un mes después por la presidenta Dina Boluarte.

Pese a las observaciones técnicas, se aprobó un dictamen de insistencia en octubre de 2023, pero hasta la fecha se mantiene en la agenda del pleno, y podría ser ingresado a debate en cualquier momento con Salhuana como director de debates. “El congresista Salhuana suma, una vez más, a sus iniciativas un proyecto de ley [...] que podría [...] terminar favoreciendo a la minería ilegal”, advirtió Dante Vera, experto en conflictividad social y economías criminales, en una entrevista a El Comercio.

En total, son seis las iniciativas de Salhuana referidas específicamente al tema de minería ilegal. Uno de los que se encuentra en comisión es el texto donde se plantea que el Banco Central de Reserva (BCR) adquiera oro de la minería a pequeña escala. Los especialistas César Ipenza y Dante Vera coincidieron en señalar a este Diario que esta es una medida que ya se está aplicando en Bolivia, donde cuyos resultados han sido una subida en las cifras de contrabando de oro.

“Con esta medida, el Estado se convertiría en comprador de la minería ilegal”, dijo Ipenza.

De su producción legislativa, solo cinco de sus 62 iniciativas de ley son de corte declarativo (y solo una de estas se convirtió en ley). Entre sus leyes aprobadas, solo dos han recibido buenos comentarios: figura como autor en la Ley de reforma constitucional que restituye la bicameralidad y la Ley que creó la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN.

En el ámbito político, Salhuana ha marcado posturas cerradas contra iniciativas extremistas como la asamblea constituyente, pero en el ámbito fiscalizador se ha mostrado más flexible, como en los blindajes a miembros de su bancadas acusados de ‘mochasueldos’ o como cuando aseguró que “no tengo por qué dudar de la palabra de la presidenta” por el Caso Rolex.

En las cuatro elecciones de Mesa Directiva que lleva el quinquenio 2021-2026, APP apunta con Salhuana a conseguir su tercera presidencia legislativa. El mayor reto de Salhuana es durar más que Lady Camones (fue censurada en menos de 50 días) y no acumular tantas polémicas como Alejandro Soto (llegó a acumular cinco denuncias). Su éxito o no, puede repercutir en su partido, además de que podría terminar asumiendo las riendas del país ante cualquier contingencia con la presidenta Dina Boluarte.