Mónica Saavedra: ¿Qué congresistas fueron investigados por mentir en sus hojas de vida?

Que un candidato al Congreso de la República mienta u omita información en su declaración jurada de hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le puede traer problemas con la justicia.

En la anterior administración, se imputó presuntos delitos como falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica e ideológica a varios representantes.

El último domingo, “Cuarto Poder” informó que la virtual congresista Mónica Saavedra, de Acción Popular, no consignó en su hoja de vida una sentencia en su contra por violencia familiar en agravio de su hijo. Un fallo dado en el 2013 por la Corte Superior de Justicia de Lima.

Antes de ser procesado la justicia primero se tiene que solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, un tema que -en el anterior Parlamento- generó fricciones entre el Poder Judicial y el Legislativo.

Según un análisis de El Comercio realizado en 2018, el Parlamento tardaba 97 días hábiles en resolver este tipo de solicitudes, aunque a las cuales no necesariamente se accedía.

Desde julio del 2016 hasta que el presidente Martín Vizcarra anunció su decisión de disolver el Congreso, el 30 de setiembre del 2019, se presentaron once requerimientos de este tipo contra legisladores.

De ellos, cuatro expedientes estaban vinculados a supuestas falsedades en las hojas de vidas de los parlamentarios cuando fueron candidatos en el 2016.

Betty Ananculi:

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, solo con votos de Fuerza Popular, mandó al archivo a fines de junio del 2019 un pedido para quitarle esta prerrogativa a la entonces legisladora Betty Ananculi, representante por Ica.

La fiscalía buscaba poder procesarla penalmente por presuntamente haber mentido en su hoja de vida al consignar estudios técnicos de administración de negocios internacionales que no habría realizado.

En el expediente fiscal, al menos 22 profesores habían negado que Ananculi haya sido su alumna. Algunos incluso manifestaban que se falsificaron sus firmas en las actas de estudio presentadas.

Sin embargo, esta no era la primera vez que la justicia solicitaba que se levante la inmunidad a Ananculi. Meses antes, en diciembre del 2018, la misma comisión rechazó un pedido similar contra la representante de Fuerza Popular.

En ambos casos se argumentó una persecución política. El fiscal a cargo del caso, en entrevista con El Comercio, rechazó lo que se esbozada en el Congreso. Los delitos que se le imputaban eran falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

►Fiscal Alioshka Antezano sobre Betty Ananculi: “No hay persecución política”

Moisés Mamani

Por este caso, el Poder Judicial solicitó que se levante la inmunidad del representante de Fuerza Popular el 27 de mayo del 2019.

La fiscalía buscaba procesarlo por lo presuntos delitos de falsedad ideológica y genérica. Antes ya se había seguido el mismo procedimiento al ser acusado de tocamientos a una aeromoza.

En esta ocasión, se le imputaba mentir en su hoja de vida cuando era candidato en el 2016, al haber consignado que "había realizado estudios en el PRONOE San Alejandro de Arequipa durante los años 1994, 1995 y 1996 (3er, 4to y 5to de secundaria)”.

Sin embargo, posteriormente un informe de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de esa región concluyó que el nombre de Mamani no figuraba en las actas de estudio.

Si bien se aprobó este requerimiento a nivel de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria en el junio del 2019, que en ese entonces presidía la legisladora aprista Luciana León, el caso del representante de Puno no llegó a ser visto en el pleno del Congreso, la máxima instancia que tenía que ratificar la decisión antes de que sea efectiva.

Sin embargo, Mamani tiene ahora que saldar cuentas con la justicia puesto —disuelto el Parlamento y al no formar parte de la Comisión Permanente— ya no cuenta con esta prerrogativa.

Yesenia Ponce

Otro caso insólito que obra en los archivos del Congreso pasado es el de Yesenia Ponce. En diciembre del 2018 el Poder Judicial pidió al Parlamento que se levante la prerrogativa de la entonces representante naranja.

No obstante, por decisión de los legisladores se devolvió todo lo actuado a la Suprema y se solicitó subsanaciones. Tuvieron que pasar varios meses para que se vuelva a procesar nuevamente el pedido en su contra, en junio del 2019.

La fiscalía detectó que Ponce habría mentido en su hoja de vida al señalar que cursó estudios secundarios, pese a que en el colegio que consignó tampoco figuraba en las actas escolares.

Pero no solo eso. También se reveló que los nombres de sus supuestos compañeros no figuraban en el Reniec.

En el segundo pedido, Yesenia Ponce —quien ya no pertenecía a las filas de Fuerza Popular— se allanó al requerimiento.

La legisladora ya había sido suspendida por haber mentido en su hoja de vida.