Colegiatura obligatoria para trabajar en el Perú: Congreso a un paso de aprobar polémica norma 
El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los tres jueces de la sala constitucional que le otorgó una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que ordena suspender el proceso que buscaba destituirlos en el Congreso de la República.
La resolución a la que tuvo acceso El Comercio establece que el caso estará en manos de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público.
Con esta decisión, el Ministerio Público atiende en cuestión de horas la denuncia penal que presentó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien este miércoles 8 de noviembre presentó formalmente la acusación contra los integrantes de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Abren investigación contra jueces que otorgaron medida cautelar a favor de la JNJ.
Abren investigación contra jueces que otorgaron medida cautelar a favor de la JNJ.
La parlamentaria acusó a los jueces Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
La fiscalía suprema estableció que la investigación preliminar se realizará en un plazo de 60 días en los cuales se procederá a oficiar a los magistrados, a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para pedir informes sobre quejas funcionales en su contra, y al Congreso para que entreguen toda la información sobre el proceso contra la JNJ.
Asimismo, han determinado que las diligencias incluirán la toma de declaración de Patricia Chirinos como denunciante, los procuradores implicados y, tras recabar la documentación, de los tres jueces acusados.
Según la congresista de Avanza País, la sala constitucional tomó una decisión “arbitraria y abusiva” al ordenar suspender provisionalmente el debate del informe que propone destituir a los siete integrantes de la JNJ.
“He denunciado a los magistrados de esta sala por los delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato, por haber ejercido de manera arbitraria la función de administración de justicia, menoscabando las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento”, señaló Chirinos.
