¿Martín Vizcarra está obligado a responder al Congreso por Caso Swing? | ANÁLISIS

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El primer ministro, Walter Martos, exhortó este jueves a respetar la figura presidencial y a no politizar las investigaciones.

“El presidente de la República personifica a la Nación y por tanto, independientemente de quién sea, hay que respetar esta figura y no politizar las investigaciones mellando la imagen del presidente”, exclamó, en respuesta a la citación.

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Óscar Urviola: Presidente Vizcarra no tiene la obligación de acudir, ni de recibir a los congresistas

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola Hani consideró que Vizcarra Cornejo no tiene la obligación de acudir al Parlamento, tampoco de recibir a los integrantes de la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno y ni siquiera de responder por escrito a las preguntas que le puedan enviar. ¿La razón? El artículo 117 de la Carta Magna le da “un estatus especial de protección”.

Urviola explicó que dicha “protección” no es para Vizcarra, sino para la figura del presidente de la República, que también tiene la condición de jefe de Gobierno y de Estado.

El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante su período, “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

“Este sistema de protección está en función a las responsabilidades que tiene el presidente de conducir el destino del país, y la tiene para que no haya asuntos que distraigan su atención del manejo del Estado, que es tan complejo”, manifestó Urviola a El Comercio

También cuestionó que Alarcón no haya respetado “las formas” en su citación.

“Hay una actitud de protagonismo y de hacer escándalo de quien preside la Comisión de Fiscalización, que deja de lado [en su citación] la calidad de jefe de Estado del presidente”, añadió.

Urviola señaló que si Vizcarra decide no responder al Congreso, este no puede tomar acciones contra el mandatario.

“No incurriría en delito [si no responde], tampoco podría ser procesado, el artículo 117 [de la Constitución] establece los casos por los que puede ser procesado”, subrayó.

El exmagistrado del TC dijo que si bien existe el antecedente inmediato de Pedro Pablo Kuczynski que recibió en Palacio de Gobierno a la Comisión Lava Jato, cuando aún era presidente, esto no puede generar la “desnaturalización” de la prerrogativa de la que goza el mandatario.

“Imagínese que después los jueces comiencen a citar [al presidente] a responder requerimientos, sería inmanejable”, acotó.

Víctor García Toma: “Debe colaborar, pero él decide cómo”

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma indicó que por un principio genérico de colaboración, el presidente Vizcarra sí debería dar cuenta sobre las dudas que tiene la Comisión de Fiscalía sobre la contratación de personas de su entorno, pero remarcó que es el jefe de Estado el que decide la fecha, hora y lugar.

“La forma [de la colaboración], y el lugar es una elección del presidente, no es un privilegio o un acto de deferencia, básicamente se trata del respeto a su estatus […] Puede responder por escrito. Y de, por medio, debe existir ciertas reglas de cortesía, siendo el presidente, este puede pedir que le envíen un pliego de preguntas o puede invitar a los parlamentarios a Palacio de Gobierno”, expresó García Tomas a este Diario.

El también exministro de Justicia recordó que el mandatario “no puede ser procesado ni acusado” durante su mandato, pero eso no los exime de responder y colaborar a una solicitud del Parlamento, sobre todo cuando se trata de un tema de interés público.

Luciano López: “Lo pueden investigar [en el Parlamento], pero sin acusarlo”

El abogado constitucionalista Luciano López recordó que la Comisión de Constitución del Parlamento, que fue dirigida por Úrsula Letona, emitió noviembre de 2017 un informe de opinión consultiva que determinó lo siguiente:

“Si un presidente de la República no comparece ante una comisión investigadora y ello impide el esclarecimiento de los hechos de interés público que conllevaron al inicio de un procedimiento de investigación o la creación de una comisión investigadora, se configuraría una infracción constitucional, la cual previa denuncia constitucional tendría que ser dilucidada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de concluido el mandato representativo del presidente de la República”.

López, en comunicación con El Comercio, dijo que ese razonamiento “fue el correcto”, porque el artículo 117 de la Constitución le da inmunidad al mandatario, pero solo para que no sea procesado ni acusado, pero “aquí nadie lo acusa, sino lo investigan como a cualquier otro ciudadano”.

“Desde el punto de vista legal es constitucionalmente posible, no es una afrenta a la Constitución, lo pueden investigar [en el Parlamento], pero sin acusarlo, y si ello ocurre, el presidente tiene la potestad de elegir si concurre personalmente a la sede de la comisión o si solicita que le tomen la declaración en Palacio de Gobierno”, remarcó.

El abogado constitucionalista señaló que Vizcarra, una vez que decida comparecer ante la Comisión de Fiscalización, puede ampararse en su derecho a guardar silencio.

López advirtió que si el jefe de Estado se niega a responder puede incurrir en desacato y el próximo Parlamento puede procesar una denuncia constitucional en su contra por ello.

Los antecedentes

Interrogado antes de renunciar

El viernes 16 de marzo de 2018, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue interrogado por más de siete horas los seis integrantes de la Comisión Lava Jato en la sede de Palacio de Gobierno. La sesión, que fue reservada, se realizó cinco días antes de que el economista renuncie ante la inminente aprobación de un segundo pedido de vacancia en su contra por las asesorías que una de sus empresas brindó a Odebrecht.

A través de su cuenta de Twitter, PPK dijo que respondió con transparencia a todas las preguntas. “Estoy dispuesto y siempre lo estará a colaborar en las investigaciones con plena convicción de que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional ni antes ni ahora”, refirió.

Kuczynski respondió, en calidad de testigo y acompañado por tres abogados, sobre su relación con Westfield Capital y First Capital y sobre un informe de la UIF que daba cuenta sobre transferencias de Odebrecht a cuentas de la empresa del presidente por asesorías.

Rosa Bartra, titular de la Comisión Lava Jato, dijo que lo más resaltante de la jornada fue “haber obtenido, por fin, luego de siete meses de espera, la declaración del presidente”. Inicialmente, PPK había decidido responder por escrito al grupo investigador.

PPK, de acuerdo al informe final del referido grupo investigador, habría incurrido en el delito de lavado de activos.

Humala no recibió a Comisión López Meneses

El 23 de setiembre de 2014, la entonces jefa de Gabinete Ministerial, Ana Jara, le comunicó, en un oficio, al presidente de la Comisión López Meneses, el congresista fujimorista Juan José Díaz Dios, que el mandatario Ollanta Humala no recibiría al referido grupo parlamentario, que tenía a su cargo la investigación del irregular resguardo a la casa del ex operador montesinista.

En el documento, Jara sostuvo, amparándose en el artículo 117 de la Constitución, que “no resulta pertinente que el presidente sea entrevistado por la comisión a su cargo”, y aclara que esta medida no implica una “vulneración” de la facultad investigadora del Parlamento.

Humala, en diciembre de 2013, sí aceptó recibir en Palacio de Gobierno al entonces titular de la comisión, Víctor Andrés García Belaunde. Esta reunión se realizó con reserva, y una vez que fue el encuentro se hizo público, el acciopopulista tuvo que dar un paso al costado y renunciar a su puesto.

En su informe final, la comisión que dirigió Díaz Dios determinó que “la orden inicial para el resguardo irregular” a la casa de López Meneses “provino de Palacio de Gobierno”, aunque precisó que “no se pudo determinar” si Humala tenía o no conocimiento de esa medida, debido a que el nacionalista se negó a ser interrogado.

Toledo no firmó acta

El 23 de marzo de 2005, el entonces presidente Alejandro Toledo declaró y respondió las preguntas de la comisión parlamentaria que investigó la presunta falsificación de firmas de País Posible (luego Perú Posible). El encuentro duró casi cuatro horas y se desarrolló en medio de fuertes medidas de seguridad, que incluyeron el cierre total de la Plaza de Armas.

Los congresistas pasaron por detectores de metales y les bloquearon sus teléfonos celulares.

Y a mitad de la sesión, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, adelantó una polémica decisión de Toledo: no iba a firmar el acta. ¿La razón? Quería “proteger la investidura presidencial” y consideraba que al suscribir el documento estaba aceptando una investigación o proceso en su contra.

El as bajo la manga de la comisión fue la presencia del secretario de la presidencia del Congreso, Javier Ángeles, quien no acudió simplemente como veedor.

“El señor Ángeles fue como notario del Congreso, porque el lunes fue juramentado en el despacho del presidente del Congreso como fedatario de acuerdo la Ley 27444; en consecuencia, poco importa si el presidente ha firmado o no el acta”, pronunció con un rictus de victoria el parlamentario Xavier Barrón en aquella oportunidad.

El grupo investigador, en su informe final, concluyó que Toledo fue coautor de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública. Y, a la par, recomendaron su inhabilitación, y que se le suspenda del cargo de jefe de Estado.

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