Congresistas de cuatro bancadas consideran que las respuestas de María Antonieta Alva no fueron satisfactorias y firmaron la moción que busca censurar a la titular de Economía. ¿Pero cuáles son sus argumentos y qué dijo la ministra sobre esos temas?
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La moción que se presentó la semana pasada aborda varios temas de los que la ministra contestó en el pleno. Algunas respuestas abordaron los temas de forma más amplia que en otros temas.
1. La moción dice: [Reactiva] en su diseño e implementación excluye mayoritariamente del ámbito de su cobertura a las Mypes.
En su primera intervención, la ministra de Economía dijo que el 98% de las entidades que han recibido un crédito del programa Reactiva Perú fueron Mypes, con una colocación de créditos por un total de S/21.016 millones y ayudar a preservar casi 1 millón de empleos. Las tasas de interés para ellos son históricamente bajas, alrededor del 1,64%, mucho más bajo que el 40% del sistema no bancario y 25% del bancario.
Además, existe el programa FAE-Mype, instrumento que solo beneficia a este tipo de empresas. Entre ambos programas se ha beneficiado a casi 700 mil Mypes.
También dijo que a través del programa de Compras a Myperu este año esperan beneficiar a más de 10 mil Mypes y generar casi 100 mil puestos de trabajo directo. Y el 96% de las empresas que se acogieron al subsidio de planillas también son Mypes.
2. La moción dice: [Reactiva] beneficia principalmente a las grandes empresas, que en algunos casos están inmersas en procesos penales por presuntos actos de corrupción, incumplimiento de obligaciones tributarias, entre otras faltas de integridad
Alva ha señalado que los créditos a la gran empresa permitieron preservar 1,3 millones de empleos. A ello, agregó que una de las metas a corto plazo es tomar medidas que garanticen que no se destruyan los empleos formales producto de los efectos de la pandemia, pues ello derivaría en la informalidad.
Sobre las empresas bajo investigación, Alva dijo que el artículo 17 del Decreto de Urgencia 1455 establece que “las entidades del sistema financiero son responsaables de verificar el cumplimiento de las regulaciones prudenciales del sistema financiero por parte de las empresas que requieren acceder al programa Reactiva Perú. Estas regulaciones prudenciales comprenden riesgos como el lavado de activos”. Además, señaló que desde la creación del programa se excluye a las empresas que están en el ámbito de la Ley 30737, la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción.
Luego, agregó que con el DL 1508 se agregaron criterios adicionales de elegibilidad para las empresas que están investigadas en procesos de corrupción. A sugerencia de la Contraloría, se excluyó a las empresas inhabilitadas de contratar con el Estado; y se ha coordinado con la Procuraduría General de la República para filtrar listas de las empresas beneficiarias para que Cofide entre a un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos. Si no cumplen, se retira la garantía y el Estado se retira de esa relación entre el sistema financiero y las empresas.
3. La moción dice: El Programa Reactiva Perú tendrá una morosidad de alrededor del 25%, de acuerdo a estimaciones del propio MEF en su Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024. Esta morosidad representa S/15 000 millones, que el MEF asumirá dado que es garante, con el tributo de todos los peruanos, lo que perjudicará el Tesoro Público en medio de la crisis sanitaria y económica donde los recursos públicos deben utilizarse productivamente.
La ministra dijo que el rol del MEF es ser un garante de préstamos. “El Gobierno solo deberá utilizar recursos del presupuesto público en la eventualidad en que algunas empresas incumplan en pagar el préstamo”, señaló.
Ayer, la ministra agregó: “Si bien Reactiva Perú no ha significado un desembolso de recursos para el Estado, se me ha preguntado acerca de la garantía estatal de estos créditos y de la tasa de morosidad estimada. A lo largo de los 3 años de duración del programa, la tasa estimada es actualmente de 17%”. A ello, agregó que “ante un escenario de incumplimiento de préstamos realizados a través de Reactiva Perú, el primer frente de acción para evitar llegar a una situación de pérdida, es la gestión activa de recuperación y cobranza que efectúan las Entidades del Sistema Financiero”.
Hizo una salvedad: el dinero del programa solo puede ser utilizado para el pago a los trabajadores y proveedores de bienes y servicios.
4. La moción dice: La reactivación económica no ha prestado atención al sector agrario, principalmente aquellas unidades productivas de agricultura familiar que ha llevado alimentos de primera necesidad a más del 80% de familias peruanas.
En sus intervenciones, tanto el viernes como el lunes, Alva mencionó las medidas tomadas en favor del sector agrario. Una de ellas fue la realización de 900 mercados itinerantes, y su impacto positivo en más de 15 mil productores. Por ello, se ha financiado la realización de 1.100 mercados itinerantes adicionales.
Además, señaló que activarán el Fondo Agroperú, el que permitirá colocar créditos y garantías por hasta S/440 millones, con tasas de 3,5% y con periodo de gracia por 6 meses. También se aprobó el Fondo de Apoyo Empresarial para el Agro por S/2 mil millones, en el que los principales beneficiarios sean los pequeños agricultores de menos de 5 hectáreas.
Según indicó, a través de Reactiva, se ha beneficiado a 16.893 Mypes del sector agrario, y con el FAE-Mype a otras 13.891.
Por último, Alva dijo que en el presupuesto del 2021, el presupuesto del sector agropecuario se ha incrementado en un 57% respecto al de este año. “Hemos decidido de ampliar la lista de fertilizantes exonerados con el impuesto a las ventas. El 100% de los fertilizantes de uso exclusivo del sector agrícola estará exonerado del IGV”, señaló por último.
A continuación el video completo de la sesión de este lunes con la intervención de los congresistas y la exposición final de la ministra Alva.
5. La moción dice: no se ha ejecutado ninguna política de Estado que llegue a todas las familias necesitadas del país, y los bonos focalizados no han sido entregados de forma eficaz.
“Reconocemos que han habido dificultades, pero que no quede ninguna duda: no hemos escatimado esfuerzos o recursos para llegar con los bonos a quienes más los necesitan”, dijo Alva. Señaló que el primer bono ha llegado a 7,4 millones de los 8,5 millones hogares beneficiarios.
Adicionalmente, indicó que se ha destinado más de S/ 14 mil millones para financiar intervenciones para proteger a los hogares, entre ellos la ampliación de beneficiarios de programas sociales Juntos, Cuna Más, Contigo, Haku Wiñay, y los comedores populares y el financiamiento de kits de alimentos entregados por INDECI, los subsidios a los recibos de luz, y la prórroga para el pago de obligaciones tributarias y crediticias.
6. La moción dice: La reanudación económica en 4 fases, aprobada por el gobierno, ha propiciado el incremento de contagios y muertes a causa de la Covid-19
Alva señaló que esta estrategia progresiva se viene adoptando en diversos países del mundo. “La estrategia de apertura de la economía peruana ha sido una de las más graduales y responsables y que a su vez ha tenido un menor impacto en la movilidad”, dijo.
“Las fases 1 y 2 permitieron que la economía pasara de operar de un 44% de capacidad a un 92%. Y a la vez generaron un efecto limitado en la movilidad de las personas, por lo que no afectaron el ritmo de contagio de la epidemia, a pesar de que fueron las fases de mayor impacto en empleo y PBI”, señaló Alva. Ella señaló que las decisiones de la reapertura de la actividad económica se tomaron a través de acuerdos del Consejo de Ministros y con la opinión de un grupo de trabajo especializado.
Además, señaló que sin el plan de reactivación, la economía hubiera caído 20% este año. Ahora se estima que se contraerá en 12%.
7. La moción dice: existen indicios razonables de conflicto de interés y favorecimiento indebido a la empresa de su señor padre, ha tenido acceso indebido a contratos con el Estado.
En su respuesta, la ministra Alva dijo que su padre fundó Hidroenergía Consultores en Ingeniería EIRL con su socio, Juan Armando Olazabal en los años 90. Ambos inscribieron a sus hijos mayores como accionistas minoritarios. Su hermano vive fuera del país hace más de 10 años y su padre se apartó de la empresa en el 2015, por lo que no tuvo injerencias ni recibió remuneraciones.
“El señor Olazabal, con quien mi padre no ha liquidado sus asuntos sobre las participaciones originales, sabiéndolo perfectamente y sin informar de esto a mi padre, ha contratado con el Estado cuando estaba impedido de hacerlo”, señaló la ministra.
Además, indicó que ella y su padre han presentado sus declaraciones sobre conflictos de intereses en el que contienen información sobre el patrimonio personal. “Como mi padre ha explicado, el problema en este caso no es la tenencia de esas participaciones. Es la violación del deber de abstinencia por impedimentos perpetrada por el señor Olazabal”, finalizó.