El dictamen que otorga un plazo excepcional para la inscripción de precandidatos a las elecciones internas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios municipales y regionales de octubre próximo, aprobado el jueves por el Congreso, fue criticado por especialistas consultados por El Comercio.
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En diálogo con El Comercio, Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política en la PUCP y exjefe de ONPE, y los especialistas en derecho electoral Enith Pinedo, Jorge Jauregui y José Manuel Villalobos criticaron la decisión del Congreso y advierten todos los peligros que envuelve la medida.
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En el dictamen se señala que el “objeto ampliar el plazo” es “para que los partidos políticos puedan inscribir a los candidatos que participarán en las elecciones internas de las Elecciones Municipales y Regionales 2022″.
También se argumenta que “esta ley permitirá que puedan realizar correcciones en las listas ya inscritas; debido a que la gran mayoría de partidos políticos y movimientos regionales no han logrado presentar su total de listas interesadas en participar en este proceso electoral”.
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La propuesta, aprobada con 83 votos a favor, fue presentada por el congresista José Arriola, cuyo partido, Acción Popular, no inscribió a tiempo a sus precandidatos a la alcaldía de Lima, así como en otros distritos y regiones.
Entre los voceados precandidatos del partido de la lampa se encuentra el actual alcalde de Ate, Edde Cuellar. Antes de llegar al Parlamento, Arriola se desempeñó como subgerente de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social de dicho municipio (como figura en la declaración jurada que presentó ante el JNE).
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Los peligros de una norma que afecta calendario electoral
Fernando Tuesta manifestó que cuando se “convoca un proceso electoral, los organismos establecen un cronograma de actividades y etapas que están dentro de la ley y otras que son producto del propio trabajo de los organismos electorales. Son etapas preclusivas, se termina una y ya no se puede volver atrás”.
Para el experto en temas electorales, los plazos se complicarían “debido a que aún la ley no se promulga”.
“El problema es que la ONPE ya ha planeado todo, ya ha impreso todos los materiales, hay un cronograma. Todo es un conjunto de hechos que, si es que se alteran, se altera lo demás, si empiezas a posponer empiezan a estrecharse los plazos porque se debe llegar el 2 de octubre”, agregó.
Tuesta sostuvo que el Congreso “no ha reparado en eso” y que “no ha invitado a los órganos electorales para ver si eso es posible”. El especialista teme que esta situación vuelva a repetirse a futuro.
“Esto es muy irresponsable y la Comisión de Constitución ha permitido el impacto en el cronograma electoral y las acciones de los organismos electorales[…] Los partidos son irresponsables, donde no pueden van al Congreso para modificar una ley. Esta ley no podría aplicarse porque va en contra de la misma ley que el Congreso aprobó, pero si no se hace responsabilizan a las autoridades electorales, cuando es responsabilidad del propio partido”, apuntó.
"Esto es muy irresponsable y la Comisión de Constitución ha permitido el impacto en el cronograma electoral"
Fernando Tuesta, exjefe de la ONE
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Para Enith Pinedo, “las reglas ya estaban claras desde el inicio” y “no cree” que este cambio se haya dado con la finalidad de garantizar la cobertura de candidatos en los diferentes distritos y regiones del país.
“Incluso ya entre JNE y ONPE se habían dado facilidades para esto. Tengo entendido que ya se empezó con la impresión del material, por tanto, hoy, es un retraso, pero sobre todo, una alteración del proceso”, enfatizó.
Al ser consultada sobre si esta medida es inconstitucional, Pinedo respondió: “No me atrevería a decir que lo es, pero sí contraviene la certidumbre que debe tener un proceso electoral. Pero que no sea inconstitucional, no significa que no sea cuestionable”.
“Las reglas ya estaban claras desde el inicio”
Enith Pinedo, especialista en derecho electoral
Por su parte, José Manuel Villalobos, opinó que “esta es una ley promovida, sobre todo, por Acción Popular que no pudo inscribir a sus precandidatos a la Alcaldía de Lima, con el pretexto de que quieren garantizar que todos los distritos y regiones tengan candidatos”.
“No tendrán candidatos de esos partidos, pero sí hay movimientos regionales que se han presentado a tiempo […] Es una salida para favorecer a quien se inscribió a última hora. El cronograma electoral se rige por el proceso de preclusión, que dice que vencida una etapa no se puede volver atrás porque el proceso electoral tiene plazos muy cortos y hay actividades que hacer”, añadió.
Lo preocupante, a criterio de Villalobos, es que “por ejemplo, ahora ya se venció el cronograma para inscribir listas y lo van a reabrir la próxima semana cuando la ONPE ya tiene impresos el material electoral, las actas padrón, las cédulas y carteles de candidatos. Es muy probable que la ONPE tenga que reimprimir los carteles de candidatos. Hay un principio de intangibilidad que decía que hasta ciertas fechas ya no se podían cambiar las reglas del juego y hasta leyes”.
“Se está volviendo un proceso electoral informal, ya no parece una elección seria, parece una elección de apafa […] Se está premiando al informal, al que presenta a última hora”, aseveró el especialista. A juicio de Villalobos, la medida no es inconstitucional, pero “sí es un cambio que va contra otra ley (Ley Orgánica de Elecciones)”.
"El cronograma electoral se rige por el proceso de preclusión, que dice que vencida una etapa no se puede volver atrás"
José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral
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En tanto, Jorge Jauregui dijo que “lo preocupante es que afecta sustantivamente las condiciones en las que se debe desarrollar un proceso electoral”, que debe “estar sujeto a un conjunto de principios que se desprenden de los principios del régimen democrático”. Uno de estos principios es el de preclusión, como también explicaron Tuesta y Villalobos.
“Si se revisa la Ley 31357, que este mismo Parlamento aprobó [ … ] se le entrega al Jurado Nacional de Elecciones unas competencias como la aprobación de cronograma electoral de las elecciones internas”, señaló.
“Se rompe también el principio de competitividad, tiene que haber igualdad de condiciones, se le estaría dando un trato desigual a los partidos que lograron inscribirse a tiempo. No se puede hacer elecciones democráticas, cuando el Parlamento rompe el equilibrio de poderes”, añadió.
Jauregui calificó esta ley de precedente “bastante grave”. “¿En estas condiciones iríamos en 2026? No hay régimen democrático de equilibrio de poderes, estaríamos ante una manera encubierta de autoritarismo, no por la actuación de los organismos electorales, sino por obra de las bancadas”, subrayó.
Para él la medida sí es inconstitucional. “La Carta Magna establece un conjunto de principios y garantías que se desprenden de la lógica del régimen democrático. Además, señala que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen como parte integrante del texto constitucional. Precisamente son ellos los que han reconocido el principio de preclusión de etapas, que se infringen cuando se reabren”, finalizó.
"Se le estaría dando un trato desigual a los partidos que lograron inscribirse a tiempo"
Jorge Jauregui, especialista en derecho electoral
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Por su parte, el analista político Arturo Maldonado, indicó que “se supone que cuando una convocatoria a elecciones, el proceso ya no debería tener modificaciones”.
No obstante, agregó, que “lamentablemente en las últimas elecciones, porque esta no es la primera, también ha habido flexibilizaciones que pretenden romper esta idea de estabilidad jurídica y la claridad de normas que no solo deberían saber los partidos sino también los electores, esa es la consecuencia más importante”.
“Los electores tenían ya una lista de precandidatos, que habían sido publicadas, y ahora se abre de nuevo la puerta y una serie de incertidumbre que no es justificada”, acotó.
Maldonado añadió que “el es que los partidos hacen esto en último momento y tuercen las normas para favorecer y abrir esta puerta subalterna”.
“Una vez que se rompe el dique, los congresistas y partidos políticos que saben o avizoran que van a tener un resultado negativo y saben que ahí hay una estrategia legal que ha funcionado en el pasado de manera efectiva y van a querer utilizarla dándole más inestabilidad jurídica a futuros procesos electorales”, concluyó.
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Un informe de El Comercio reveló que Somos Perú es el único de los 12 partidos con inscripción vigente que ha logrado presentar candidaturas en las 25 regiones. Todas en listas únicas, con lo cual se entiende que dichas precandidaturas buscarán ser inscritas ante los Jurados Electorales Especiales para presentarse en la contienda oficial de octubre (de no mediar improcedencias o tachas durante el proceso de inscripción).
El mismo informe dio a conocer que la situación de Acción Popular es grave. A los criterios de paridad se les sumó una serie de problemas logísticos y disputas internas. El resultado final fue que no lograron inscribir candidaturas en 13 regiones, más del doble de los huecos que tuvieron en el 2018.
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