Seis congresistas investigados presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y pidieron su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
La denuncia fue presentada por los parlamentarios Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón, Luis Cordero (ambos de Acción Popular), Ilich López (No Agrupados) y José Jerí (Somos Perú).
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A Villena Campana se le acusa de presunta infracción de los artículos 39, 43, 51, 93, 99, 100 y 159 de la Constitución, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.
Los denunciantes señalan que el artículo 1 de la ley 27399 confiere expresamente al fiscal de la Nación la competencia de emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República.
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Asimismo, alegan que la fiscal suprema titular Delia Espinoza, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y que investiga a 14 parlamentarios, es una funcionaria “de segundo nivel”.
Cabe indicar que los 14 congresistas incorporados a las investigaciones son, además de los denunciantes, Martha Moyano, Cesar Revilla (ambos de Fuerza Popular), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Katy Ugarte (No Agrupados) y Germán Tacuri (Bloque Magisterial).
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Además, José Williams (Avanza País), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), a quienes se les imputan los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal y cohecho activo genérico.
También por cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado, y negociación incompatible en agravio del Estado peruano.
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Espinoza también incluyó en la investigación al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.
Es necesario señalar que el pasado 15 de marzo otros cinco congresistas incluidos como parte de la presunta organización criminal que habría liderado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, presentaron otra denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y solicitaron su inhabilitación en la función pública por diez años.
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El documento, ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, fue suscrito por los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López.
Los congresistas atribuyen a Delia Espinoza haber incurrido en infracción constitucional y ser responsable de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública.
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