La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, conducida por la perulibrista Janet Rivas Chacara, solicitará al pleno ampliar por 14 días hábiles el plazo para realizar la investigación sumaría en contra de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto luego de que aprobaran por mayoría el informe preliminar de la indagación.
La junta es el organismo nombra, ratifica, sanciona y destituye a jueces y fiscal de todo nivel y, además, designa y retira del cargo a los jefes de la ONPE y del Reniec.
El 7 de setiembre último, el pleno del Parlamento aprobó una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para que la Comisión de Justicia investigue si los siete miembros de la JNJ, Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
Esto debido a que habría incurrido en una presunta causa grave, lo que derivaría en su remoción, por haber emitido un comunicado en mayo a través del cual exhortaron al Congreso a la mayor reflexión sobre la situación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien en ese momento afrontaba un juicio político.
También se le imputa haber ejercido presión sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros jueces supremos para que respalden a Ávalos, quien finalmente fue inhabilitada, entre otros.
Inicialmente, el informe preliminar de la pesquisa, al que accedió este Diario, contemplaba que se suspenda la semana de representación, entre el 25 y 29 de setiembre para los integrantes del referido grupo. No obstante, a raíz de la observación a los parlamentarios Elvis Vergara (Acción Popular), Nieves Limachi (Cambio Democrático), entre otros, se dejó esto sin efecto.
Limachi, en breves declaraciones a El Comercio, detalló que se pedirá que dentro del plazo de investigación no se cuente la semana de representación.
Rivas también decidió consultar al pleno del Parlamento si la Comisión de Justicia y DD.HH. tiene o no facultades investigadoras.
Durante la sesión, la congresista fujimorista Patricia Juárez observó que el cronograma de citaciones contemplado en el documento estaba muy apretado. Por ejemplo, remarcó que se había citado a ocho personas a declarar por día. “La verdad va a ser imposible realizar un trabajo de esta naturaleza”, criticó.
En otro momento, Muñante planteó tachar al exministro de Justicia Diego García Sayán y al abogado Ronald Gamarra de la lista de expertos que la secretaría técnica de la comisión propuso convocar para consultar sobre la investigación a la JNJ, porque ambos “se han dirigido en contra del Congreso y de manera agraviante”.
A su turno, Gladys Echaíz, también de Renovación Popular, pidió que se retire de los invitados al constitucionalista Omar Cairo, porque es abogado de Tello, una de las integrantes de la junta.
Los pedidos de Muñante y Echaíz fueron aprobados, por lo que se retiró de la lista de expertos invitados a García Sayán, Gamarra y Cairo.
La Comisión de Justicia, en su informe preliminar, también considera que la pesquisa a la JNJ “es compleja” porque están involucradas varias instituciones y porque se requiere la presencia de diversos testigos.
Además, señalan que para garantizar “un debido proceso”, se debe citar a las partes con un plazo mínimo de tres días, como lo establece el artículo 59 de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).
En el documento, se remarca que entre el 25 y 29 de setiembre, el Parlamento e encontrará en semana de representación.
“Lo que restaría a la comisión días hábiles para elaborar, debatir y presentar el informe final, dentro del plazo establecido por el pleno del Congreso, es decir, el 28 de septiembre. En ese sentido, es imperioso solicitar al pleno un plazo adicional de catorce días hábiles, así como se nos exonere a todos los miembros de la comisión de realizar semana de representación”, agrega.
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El cronograma de citaciones
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos detalla, en su informe preliminar sobre la investigación a la JNJ, el cronograma de citaciones, tanto a imputados como testigos.
Por ejemplo, para el viernes 22 de setiembre están llamados a declarar en calidad de testigos la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
Según la denuncia interpuesta por Chirinos, Arévalo y otros jueces supremos habrían recibido presiones de parte de Tumialán Pinto, De la Haza Barrantes y Zavala Valladares para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento en respaldo a Ávalos, en el marco del juicio político que el Parlamento llevaba contra ella.
Arévalo evitó brindar detalles sobre esta imputación, al ser consultado por la prensa el último lunes.
“No puedo responder nada porque sería una falta de respeto al Congreso que yo en una conferencia de prensa diga algo”, manifestó entonces.
Para ese mismo día, también ha sido citados Ávalos, y los jueces supremos César San Martín, Janet Tello Gilardi y Elvia Barrios.
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Un día antes, el jueves 21 de setiembre, han sido citados la congresista Chirinos, y los siete integrantes de la JNJ.
La Comisión de Justicia también contempla invitar, entre el 2 y 3 de octubre, a expertos en derecho constitucional y abogados penalistas.
Y estima que el viernes 6 de octubre se debatiría el pre informe final sobre la denuncia contra la JNJ.
“Nadie tiene corona”
Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la ONU, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que “nadie está exento de que lo investiguen”, al ser consultada por la pesquisa sumaría que ha iniciado al Parlamento sobre la JNJ.
“Yo creo que nadie está exento de que lo investiguen, si es que a la presidenta de la República la investigan y a los ministros, es correcto que nos investiguen”, manifestó en conferencia de prensa ante diferentes medios de comunicación, entre los que estaba El Comercio.
Boluarte Zegarra también recordó que la Fiscalía de la Nación muchas veces abre investigación preliminar en contra de altas autoridades, luego de la emisión de noticias que salen en los medios de comunicación.
“Y es correcto que corra su curso dentro del debido proceso, ¿alguien tiene que impedir eso? No, nadie tiene corona. Entonces, que se investigue [a la JNJ], que se respete el debido proceso, que se llegue a la verdad y lo que tenga que resultar dentro del marco jurídico, eso es lo que nosotros respetamos”, acotó.
Más información
Fuentes de la Junta Nacional de Justicia indicaron a El Comercio que ellos no han presentado, hasta el momento, ningún hábeas corpus.
En una reciente entrevista con este Diario, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, informó que la institución ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que “se adopten los mecanismos de protección pertinentes”.
“Los sistemas de protección de Derechos Humanos permiten ello. Hemos puesto en conocimiento de la CIDH los hechos que vienen aconteciendo y que se adopten los mecanismos de protección pertinentes. En ello está la cautelar también. Hemos comunicado al sistema, solicitando estos mecanismos de protección. Entre ellas está una medida cautelar”, remarcó.
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