La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la denuncia contra la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú) por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores y presente su informe final.
Por 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, dicha instancia del Poder Legislativo aprobó la medida. El único que se opuso fue José Luna Gálvez (Podemos Perú).
El pasado 26 de abril y con 19 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó “admitir a trámite” la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional contra Heidy Juárez.
Juárez Calle es acusada de recortar el salario de cuatro trabajadores de su despacho. De acuerdo con el reportaje del semanario “Hildebrandt en sus Trece”, el dinero era entregado a Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor principal de la parlamentaria.
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La denuncia fue presentada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas y hecha suya por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) contra Juárez Calle.
La parlamentaria de Podemos Perú es acusada por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, y por presunta infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política.
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Tras ello, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la congresista representante de Piura como presunta autora del delito de concusión por los supuestos recortes de salarios a sus trabajadores.
Cabe indicar que la investigación del Ministerio Público también incluye a Chafloque Domínguez, como presunto cómplice del delito de concusión.
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De otro lado, la Comisión Permanente envió al archivo las denuncias presentadas contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde; la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos; contra Henry Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); el expresidente Pedro Castillo; el exprimer ministro Guido Bellido y el exministro del Interior Juan Carrasco Millones.
También se desestimaron las denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros Walter Matos Ruiz y María Antonieta Alva. Todas ellas habían sido declaradas improcedentes.
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