Grupo concluye que decreto de urgencia del Ejecutivo incurre en “sobrerregulación”

El grupo de trabajo de la Comisión Permanente encargado de examinar el Decreto de Urgencia 002-2019, emitido por el Poder Ejecutivo, concluyó en su informe final que la norma cae en una “innecesaria sobrerregulación”.

El informe fue aprobado este martes con el consenso y con el voto por unanimidad de los presentes: Gilbert Violeta, quien dirige el grupo; Mario Mantilla y Gino Costa (con reservas). No participaron de esta sesión Rosa Bartra e Indira Huilca, las otras dos integrantes.

El grupo de trabajo cuestiona que mediante este decreto de urgencia se otorgue una “autorización” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre una materia que ya cuenta como ente autónomo, las cuales están determinadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones.

“El referido D.U. 002-2019 incurre en una innecesaria sobrerregulación; específicamente, al otorgar una “autorización” al Jurado Nacional de Elecciones para que este implemente acciones que por su naturaleza no requieren de autorización alguna por el Poder Ejecutivo”, se lee en el informe aprobado.

Se hace lo propio en la parte en que se refiere a la labor de la Contraloría General de la República, institución a la que se le señala que “puede aplicar control concurrente”.

“Sus atribuciones y competencias también se derivan de la Constitución Política del Perú y no de la voluntad del Poder Ejecutivo”, se refiere.

Sin embargo, se hace la precisión de que el D.U. 002-2019 “supera el análisis de control de legalidad”. Es decir, está dentro del marco constitucional, precisó Violeta, aunque añadió que tiene estos dos “vicios” ya explicados.

“Tanto como la contraloría como el JNE son órganos constitucionalmente autónomos, no requieren de ninguna autorización, de ningún visto bueno, de ninguna luz verde para cumplir con su mandato. Resultan innecesarios esos dos extremos”, dijo a El Comercio.

Por otro lado, se recomienda sugerir al “futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario”.

“Este vacío normativo tiene que ser mejor definido en el futuro. No debería quedar sujeto a interpretación, sino que debería estar claramente establecido en una futura ley”, detalló Violeta.

El informe aprobado, que es el primero que analiza un decreto emitido por el Ejecutivo tras la disolución del Congreso, será enviado a Pedro Olaechea, quien preside la Comisión Permanente, a fin de que pueda ser discutido en esta instancia. De ser aprobado allí, estará expedito para que sea analizado por el próximo Congreso.

En el caso de Rosa Bartra, ella presentaría un informe en minoría puesto que considera que el decreto del Ejecutivo es inconstitucional.