Abogado de Martín Vizcarra: Inhabilitación planteada por la Comisión de Fiscalización no procede

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, aseguró que “no procede” la inhabilitación por diez años en contra del expresidente que propone el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso por los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, vinculados al caso Richard Swing.

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“La inhabilitación planteada por la Comisión de Fiscalización no procede porque ya el Tribunal Constitucional tiene sendas sentencias que han afirmado que se requiere de una sentencia confirmada, una cosa juzgada, firme, donde se determine la culpabilidad de una persona”, aseveró en diálogo con RPP Noticias.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este lunes por mayoría el informe final presentado por el congresista Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), en el que se recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra e inhabilitarlo hasta por diez años, tras la investigación sobre las contrataciones del Ministerio de Cultura vinculadas al caso Richard Swing.

Al respecto, Ugaz destacó que según las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) es “imposible emitir una inhabilitación” ya que esto significaría “violar la separación de poderes y violar la presunción de inocencia en sede parlamentaria”. Consideró que para dictaminar la inhabilitación primero el Poder Judicial debe determinar “si existen delitos o no”.

“Ningún procedimiento congresal, menos este tipo de inhabilitaciones por 10 años se ve exenta de respetar las garantías constitucionales, y es justo en ese sentido que el TC ha descrito que se tiene que respetar la presunción de inocencia y la separación de poderes. Porque esta inhabilitación, dice la Constitución en el artículo 99 y 100, que es derivada de los delitos y el único que puede determinar qué es delito y qué no, es el Poder Judicial, sino se estaría violando el debido proceso y se estaría usurpando funciones del Poder Judicial”, resaltó.

Además, respecto al informe, el abogado sostuvo que cuenta con “inmensas contradicciones, incoherencias, ilegalidades y desproporciones”.

“Ni siquiera se han dado cuenta lo que están describiendo, lo que se está escribiendo en el informe y así como ello hay muchos otros. Se determinar que hay afirmación de pertenencia de una organización criminal en varios ministerios de Agricultura, de Defensa, se habla del Ministerio de Educación, pero el objeto encargado para la Comisión de Fiscalización era exclusivamente el Ministerio de Cultura”, sostuvo.

En ese sentido, refirió que hay “una seria escasez de asesoría técnica constitucional” de parte de los miembros del grupo de trabajo y que se “tendrían que reforzar esos aspectos”.

“Siempre es importante que se basen [sic] las subjetividades, las situaciones emocionales en estas comisiones y de repente esta situación de campaña política, y traten de refugiarse en los temas legales y constitucionales porque definitivamente son casos sumamente serios. El Congreso está cuestionado por su parcialidad, por su escaza neutralidad y definitivamente es que esto no sea un fuero que se instrumentalice con fines de abuso de poder y con vendettas particulares”, acotó.

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