La agenda del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) arrancó desde inicios del 2023, y ya acumulan cinco proyectos de ley, tres denuncias constitucionales y dos mociones. Una de estas últimas mociones fue aprobada y se concretó en la investigación en curso de la Comisión de Justicia, la cual ha despertado un debate público.
Un nombre que se repite en este proceso es el de Patricia Chirinos (Avanza País). Diversas fuentes consultadas entre las bancadas coincidieron en señalar que ella es la principal autora de iniciativas contra la JNJ.
“Ha impulsado un proceso sumarísimo por temas que ya estaban en sus denuncias constitucionales. Sabe que en la subcomisión no podrá tener el protagonismo que tiene ahora”, señalaron desde el bloque de derecha.
Otra fuente indicó que el bloque de derecha la apoya para no generar más fricciones dentro del grupo, además de que a Alianza para el Progreso le conviene que la atención ya no se centre en el presidente del Congreso, Alejandro Soto.
Para la destitución de los miembros de la JNJ se requieren 87 votos, y en la aprobación de la moción se lograron 84. En teoría solo necesitarían otras tres adhesiones, pero en la interna la proyección es otra. “En los últimos días, por lo menos 10 legisladores ya han mostrado dudas sobre el proceso”, refirió otra fuente.
Y mientras el tema sigue en investigación, el debate de su sustentación continúa. Para Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, el Congreso está ejerciendo una de sus funciones constitucionales, pero está “forzando” determinados hechos que ponen en riesgo los estándares mínimos de respeto a los organismos autónomos.
“Hay una zona gris por el límite para acceder al cargo. Entonces, necesitas ajustar las normas para que no haya duda, y un proyecto de ley sería lo más conveniente. ¿Cómo conviertes un pronunciamiento en una causa grave? El precedente es malo. En el 2026 sale un Antauro y puede usar la causa grave contra Julio Velarde”, advirtió Rotta.
Rotta aseveró que la situación actual de la JNJ no es comparable con el escenario donde de removió a los miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. El director ejecutivo de Proética recordó que el proceso contra los consejeros del 2018 surgió a raíz de unos audios -conocido como el caso ‘CNM-audios’- donde se evidenciaban tráfico de favores e irregularidad en los concursos de designación de plazas de fiscales y jueces.
Los proyectos, mociones y denuncia contra la Junta Nacional de Justicia en el fuero legislativo.
Punto de vista
Funciones omitidas y excedidas
Por Carlos Hakansson, profesor de Derecho Constitucional
La materia de análisis de la Comisión de Justicia del Congreso es un conjunto de imputaciones que van desde una falta al deber de función de presentar su informe anual al Congreso, presionar a la Corte Suprema para emitir un pronunciamiento, hasta una interpretación sobre la edad para ejercer el cargo. Una decisión contraria con lo dispuesto por la Constitución peruana (CP) cuando dispone que la Junta Nacional de Justicia está integrada por personas con un rango de edad mayor de 45 y menor de 75 años (inciso 3, artículo 156 de la CP).
Las causales consideradas como falta grave: la omisión de deberes funcionales, el ejercicio del cargo público interfiriendo con un poder estatal y una interpretación contraria a una regla jurídico-constitucional son denuncias en las que la Comisión de Justicia tiene un plazo de 14 días para analizar y culminar con un informe que presentará ante el pleno para alcanzar los 87 votos necesarios (artículo 157 de la CP).
Una labor congresal ejercida a la luz de los principios que inspiran el debido proceso en sede parlamentaria. Sin embargo, un hemiciclo compuesto por 13 bancadas en las que los no agrupados conforman la segunda minoría integrada por representantes separados o expulsados de sus partidos de origen complicará una votación que demandará un amplio consenso.
El problema de fondo es determinar si la Junta Nacional de Justicia cometió un ejercicio irregular de sus competencias por omisión de funciones y exceso de atribuciones no reconocidas por la norma fundamental.
