Elvia Barrios: los argumentos del legislador César Gonzales para denunciarla ante el Congreso

El congresista César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, por presuntas afectaciones a la Constitución. Esto luego de las resoluciones emitidas la semana pasada por la jueza Soledad Blácido Báez, quien conminó al Parlamento a suspender la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La denuncia argumenta que Barrios ha afectado la competencia “exclusiva y excluyente” del Congreso mediante sus manifestaciones y actos. Asimismo, considera que ha violado sus deberes como alta funcionaria, “ha negado el artículo 95 sobre el impedimento del mandato imperativo a los congresistas obligándolos a ejecutar una resolución”, que cataloga como inconstitucional y “sumarísima”. Añade que se “evidencia una conducta delictiva contra el orden constitucional”.

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Gonzales Tuanama sostiene que Barrios habría vulnerado los artículos 201, 39, 99 y 95 de la Constitución, así como “promover” que el TC se “sostenga bajo una cautelar de un juzgado transitorio de primera instancia”.

El congresista pide inhabilitar a Barrios por 10 años debido a la “gravedad de los hechos”, y se proceda conforme a ley contra la jueza “cómplice y prevaricadora”.

Como hechos, indica que habría intereses detrás de la no elección del TC por parte de Barrios e intereses del PJ en “cooptar, tomar, secuestrar el TC para sus fines políticos”.

El abogado constitucionalista e integrante del Grupo Valentín, Bruno Fernández de Córdova, dijo a El Comercio que los argumentos de esta denuncia constitucional no son consistentes ni tienen respaldo jurídico, pues confunden el antejuicio con juicio político.

“Lo que el congresista busca es que se sancione con 10 años a la presidenta del Poder Judicial, es decir, estaríamos en el supuesto de una infracción a la Constitución y no un delito penal. Pero cuando uno lee los sustentos, si bien señala algunas infracciones constitucionales, dice que se han cometido delitos de violencia contra la autoridad y tres delitos concretos, entonces confunde por completo”.

Adicionalmente, consideró que no se estarían presentando ninguna de las dos situaciones: ni los delitos, porque “no ha cometido la violencia contra los congresistas”; ni una infracción. “Lo que hizo fue señalar que toda autoridad debe cumplir los mandatos judiciales”, apuntó.

Al cierre de esta edición, desde el PJ se evaluaba emitir un pronunciamiento, según pudo conocer este Diario.

Nueva invitación

La Junta de Portavoces acordó invitar al fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez, y a Elvia Barrios a la sesión de la Comisión Permanente programada para las 5 p.m. de hoy. Esto luego de que ambos se excusaran de acudir ayer a la citación de la Comisión de Constitución.

Ayer, el Ministerio Público envió a la Procuraduría General la disposición número 1, a través de la cual se había dispuesto iniciar las indagaciones preliminares por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad de los congresistas.

¿Balance de poderes?

Los congresistas intocables, por Martin Hidalgo

Los parlamentarios siempre recurren a la “separación de poderes” cuando algún otro poder del Estado intenta fiscalizarlos o siquiera cuestiona su labor.

El Congreso puede fiscalizar, desde el presidente hasta funcionarios del más bajo nivel en la estructura del Estado. Pero al Congreso nadie lo puede fiscalizar. A la menor señal de cuestionamientos, los congresistas automáticamente alegarán que no se está respetando la separación de poderes o que se trata de una represalia por su “labor de fiscalización”.

Por ello vemos a congresistas reclamar airadamente por la investigación fiscal abierta tras desacatar el fallo que pedía no continuar con el proceso de elección del TC. Los congresistas ya no tienen inmunidad, y eso les causa preocupación. Esto puede marcar un precedente que cambiaría sus reglas de juego.

El verdadero desbalance de poderes está en el propio Parlamento, donde pueden vacar sin mayor sustento que la “incapacidad moral” o citar a los titulares de otros poderes para pedirles explicaciones por fiscalizarlos.

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