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Han transcurrido 16 meses desde la instalación del vigente Congreso, pero los consensos han sido pocos ante iniciativas de reforma constitucional. En tres legislaturas ordinarias o períodos de sesión, solo dos reajustes a la Carta Magna fueron aprobados en el pleno se convirtieron en leyes.
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El primero, promulgado en octubre del 2021, es el que agregó precisiones al uso de la cuestión de confianza, mientras que el segundo, de abril del 2022, introdujo parámetros para el nombramiento de ministros en la ley orgánica del Poder Ejecutivo.
De los proyectos de reforma pendientes, 159 se encuentran en comisiones de trabajo, principalmente, en la Comisión de Constitución y Reglamento. Otros 26 ya pasaron esa fase y llegaron a agendarse para próximos debates en el pleno. Otros ya han sido votados, pero se presentaron mociones de reconsideración para votarse nuevamente. Cabe precisar que, en su mayoría, las iniciativas pendientes apuntan a reformas similares, por lo que, de ser fusionadas o agrupadas, la cantidad total de cambios constitucionales presentados es de 98; una cifra todavía alta frente a la baja producción final.
Complicaciones
Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, la conocida fragmentación de grupos políticos en el Parlamento dificulta el escenario ideal de una agenda que priorice reformas constitucionales mínimas ante el eventual adelanto de elecciones generales al 2024.
Entre los proyectos en cola en materia política, electoral y de partidos, están algunos impedimentos y requisitos adicionales para la postulación a cargos de elección popular; el retorno a la bicameralidad; la posibilidad de una renovación del Congreso cada dos años y medio; la candidatura simultánea a la presidencia y al Parlamento; y reacomodos en las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo para el equilibrio de poderes.
“Una de las cosas que veo más complicadas (de conseguir consenso) son lo de la eliminación de la no reelección inmediata. También sería demasiado pedir hacer un cambio de régimen de cámaras (retorno a la bicameralidad). Yo no sé si es que la actual composición del Congreso cuente con suficientes miembros mínimamente conscientes sobre las materias que hay que priorizar y, sobre todo, de cómo desarrollarlas correctamente y no a propósito de intereses coyunturales”, cuestionó Delgado.
El especialista advierte que la aprobación de cambios depende de la voluntad política de los grupos y que la conducción hacia acuerdos entre las bancadas es responsabilidad del presidente del Parlamento. Según indica, los cambios a la Constitución que más se acerquen a las categorías anteriormente señaladas darán una “garantía mínima de que los próximos congresos, la representación y el funcionamiento del régimen político se optimicen”.
La bancada que más propuestas de reforma constitucional ha presentado es Perú Libre (58). De este total, el 40% busca introducir cambios en el capítulo económico de la Constitución (15) e incluyen vías para la instalación de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva Carta Magna (8).
Le siguen Acción Popular (41), Alianza para el Progreso (19), Avanza País (16), Perú Democrático (15), Fuerza Popular (13) y Cambio Democrático - Juntos por el Perú (12).
Calidad a contrarreloj
También en diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista Bruno Fernández explicó que, desde un punto más técnico, resulta saludable que el Congreso no muestre apuros en reformar partes de la Constitución. No obstante, sostuvo que algunas materias ya deberían tener consenso mayoritario, como nuevas precisiones o modificaciones para el uso de la cuestión de confianza y el planteamiento de la vacancia presidencial por incapacidad moral; dos atribuciones que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han instrumentalizado para confrontarse en los últimos años.
“Las reformas constitucionales con respecto a la relación Ejecutivo-Legislativo deberían alcanzar acuerdos. Desde el plano más político que constitucional, porque los planteamientos ya tienen bastante tiempo, es necesario que el Congreso priorice al menos tres cambios significativos, sobre todo, para la gobernabilidad del país”, dijo.
Para Fernández, la reelección parlamentaria, la cuestión de confianza y los términos ajustados para la investigación o acusación del presidente de la República requieren avances para ingresar a la agenda del pleno en la nueva legislatura.
“La acumulación de 212 proyectos de reforma, que varios apuntan a lo mismo, sí preocupa y refleja que no hay sistematicidad ni practicidad. El problema no es tanto cuántos proyectos se quedan sin discusión o caminan lento, sino qué temas acaban priorizados”, comentó.
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