En menos de dos años, el Congreso pasó de un presupuesto de S/649,6 millones a S/928,2 millones. Es decir, un 43% más a los recibidos en 2021. El ex jefe del Gabinete Ministerial Pedro Cateriano y el excontralor Fuad Khoury alertan que la alta partida presupuestal que goza el Parlamento no se condice con la calidad del trabajo de sus integrantes.
Cateriano, en comunicación con El Comercio, afirmó que el Congreso unicameral ha terminado siendo, a la larga, “más costoso” que uno bicameral.
“Y los presupuestos son prueba de ello, y en este caso puntual no hemos visto resultado de una mejor gestión parlamentaria, sino lo contrario: incremento de planillas como pago de favores políticos, manejo político de comisiones investigadoras y este Parlamento prácticamente ha claudicado de su función de fiscalización”, manifestó.
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El ex primer ministro refirió que el Poder Legislativo por miedo a una disolución no puso freno a “los atropellos y violaciones del orden constitucional” durante el gobierno de Pedro Castillo, y frente a la administración de Dina Boluarte lo que se ha dado “es un entendimiento abierto”.
“No quieren fiscalizar a Boluarte, porque saben que, si ella cae, se tienen que convocar a elecciones anticipadas”, subrayó.
El también exministro de Defensa remarcó que desde hace un tiempo el actual Congreso “se ha convertido en una agencia de viajes”, que son “improductivos. Es a pesar de que se autoproclaman como una institución donde se prioriza “la austeridad”.
“¿Por qué se le ha aumentado el presupuesto? El Parlamento no administra los recursos del Estado de manera ejemplar, no hay transparencia y esto es fundamental”, acotó.
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Una auditoria de desempeño
El excontralor Fuad Khoury sostuvo que el aumento de 43% en el presupuesto del Parlamento, entre el 2021 y 2023, “no se justifica”, porque los resultados de ese poder del Estado no han sido positivos.
En diálogo con este Diario, Khoury refirió que la contraloría debe realizar una auditoría de cumplimiento y de desempeño en el Congreso, con el objetivo de determinar si el número de personal que tiene esa institución, que ascendería a 3.500 sin contar asesores, es la necesaria o no para su funcionamiento.
“La primera impresión que tengo es que es un número exorbitante, ¿130 congresistas necesitan 4.000 personas para mantener al Congreso? Tienen más gente que la contraloría, y que algunos ministerios. El MEF, antes de soltar el dinero, debe averiguar para qué necesitan la plata. Es un presupuesto enorme [respecto a otros parlamentos]”, expresó.
Khoury cuestionó que las auditorías de contraloría sean “reactivas”. Es decir, por “el escándalo” que generan denuncias de los medios de comunicación, como el buffet y la compra de alfombras.
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“La auditoría que se le debe realizar al Congreso es general, primero todo el gasto corriente y luego al desempeño, esta última puede concluir si hay una rentabilidad social, una justificación real de que, si ese presupuesto sirve o si están botando la plata”, acotó.
Por su parte, el abogado Martín Cabrera, consultor en asuntos parlamentarios de 50+1, dijo que lamentablemente las diferentes mesas directivas del Parlamento no han hecho el esfuerzo para establecer herramientas de seguimiento y de control respecto al uso del presupuesto.
“Nadie nos podrá decir si lo que gasta el Congreso cumple su propósito, nadie sabe si el gasto es o no eficiente”, remarcó.
Apuntan a comisiones especiales
El portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, señaló que no puede decir si el aumento del presupuesto del Poder Legislativo se justifica o no. No obstante, precisó que los despachos de los parlamentarios tienen el mismo personal y no se les ha dado mayores recursos para sus viajes por semana de representación.
Alegría refirió que la remodelación del museo del Congreso y de la Inquisición pudo haber generado ese sustancial cambio en la partida presupuestal actual.
El congresista fujimorista señaló que “no estará de más” que la contraloría realice una revisión a las finanzas del Parlamento.
A su turno, la vocera alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, indicó que en el actual Congreso ha habido una sobre creación de comisiones especiales, que demandan la contratación de personal. “Muchas de ellas no necesitan ser comisiones, sino grupos de trabajo adscritos a comisiones ordinarias”, manifestó.
Luque puso como ejemplo la comisión que investigó un presunto fraude electoral en los comicios de 2021, cuyo informe final no fue aprobado en el pleno. “Incluso, luego Keiko Fujimori ha reconocido los resultados”, añadió a El Comercio.
La parlamentaria de izquierda, además, consideró que se debe sincerar la planilla del servicio parlamentarios.
“No sé cuánto personal hay en el servicio parlamentario ni cómo se definen estas contrataciones, no he visto en la página web del Congreso que haya convocatoria para concursos. Por ejemplo, el señor Josué Gutiérrez, ahora defensor del Pueblo, era asesor de una bancada y luego fue al servicio parlamentario. ¿Cuál fue su mérito?”, cuestionó.
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El portavoz alterno de Acción Popular, Ilich López, sostuvo que el Congreso no es el único poder del Estado que ha incrementado su presupuesto en los últimos años. Agregó que se tiene que determinar si dentro del gasto por personal, que asciende a S/659,5 millones, se está considerando el pago producto de acuerdos por negociación colectiva y de sentencias judiciales.
López- investigado por el Ministerio Público por el Caso Los Niños- negó que el Parlamento haya dejado de fiscalizar al Ejecutivo a cambio de un aumento en su partida presupuestal.
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Los gastos que demandará el Legislativo para este año ya superan los recursos asignados a los despachos ministeriales e instituciones anexas de tres sectores del Ejecutivo. Entre estos figuran Cultura (S/713,4 millones), Comercio Exterior y Turismo (S/615,7 millones), así como Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/869,9 millones), según cifras extraídas del portal Consulta Amigable del MEF.