Tres polémicos casos sin resolver en el Congreso: TC, Edgar Alarcón y Humberto Acuña

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Este Congreso podría seguir con la selección del TC

El pasado sábado 14 de noviembre, cuando el congresista Manuel Merino aún estaba al frente de la Presidencia y se contaban seis días consecutivos de protestas en contra de su asunción al cargo, la bancada de Acción Popular informó -a través de un comunicado- que plantearía al pleno del Congreso la paralización de la selección de nuevos magistrados del TC y la desactivación de la comisión especial a cargo de ella.

Sin embargo, a fines de noviembre el presidente del grupo de trabajo, Rolando Ruiz (Acción Popular), dijo a El Comercio que si bien en un principio se había propuesto dejar el proceso, posteriormente “se ha pensado retomar la situación con bastante responsabilidad”.

Este viernes, Ruiz indicó a este Diario que se encuentra esperando la decisión que pueda tomar la Junta de Portavoces sobre el futuro de la comisión. “Necesitamos urgentemente solucionar el tema del TC porque hay un calendario de por medio”, indicó.

Precisamente, según este calendario se había programado para el 18 de enero del 2021 la presentación del informe final a la Presidencia del Congreso. Mientras que en estos momentos, hasta el próximo miércoles 9 de diciembre, se debe resolver la lista de postulantes que superaron el periodo de tachas. En total, 30 personas resultaron aptas para el proceso.

Ruiz indicó a este Diario que “hasta el momento en que paramos el proceso había cuatro tachas”. Agregó que, de retomarse el trabajo, tendrían que empezar desde ahí y, en todo caso, rehacer el cronograma. “Se paralizó el proceso y eso supondrá, después de la situación que nos diga el pleno, poder seguir o acomodar el calendario”, dijo.

A mediados de noviembre, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), el Partido Morado, el Frente Amplio y Somos Perú anunciaron el retiro de sus representantes en la Comisión especial del TC. Sin embargo, solo APP presentó este pedido formalmente, confirmó Ruiz. “No ha llegado oficialmente nada a la presidencia de la comisión. Conversé con algunos de ellos y me dijeron que esperara a que sus propias bancadas puedan también decidir”, agregó.

De continuar con el proceso de selección, esta comisión deberá también integrar a dos nuevos representantes de las nuevas bancadas conformadas: Nueva Constitución y Descentralización Democrática. “Los dos están pidiendo incluirse en esta comisión”, informó Ruiz, y este pedido debería tratarse en la Junta de Portavoces.

Además, Rolando Ruiz consideró que el proceso de selección de magistrados del TC debería continuar. Informó que el pedido de desactivación de la comisión, anunciado por Acción Popular, “tampoco ha sido presentado oficialmente”.

Consultado sobre si, en todo caso, la bancada lo presentaría en el pleno, respondió: “me parece que no porque estuve conversando con algunos colegas de bancada y me decían que nosotros como bancada podríamos esperar a la decisión del pleno y me parece lo correcto”.

“[¿Acción Popular desistiría de este pedido de desactivación?] Me parece que sí, pero en todo caso es para dejar libertad a la Junta de Portavoces. [...] si bien es cierto la bancada hizo saber que había que desactivarlo, de repente por el momento de la situación política, pero superado eso y viendo que es necesario creo que han estado la mayoría de la bancada pensando que habría que retomar el tema”, dijo Ruiz.

Finalmente, el presidente de la comisión del TC indicó que han enviado un oficio a la Junta de Portavoces para que se tome una decisión.

El congresista de Acción Popular Luis Roel, vicepresidente del Congreso, informó a El Comercio que la definición de la elección de magistrados debe ser vista primero en Junta de Portavoces para luego ser votada en el pleno.

“Lo que se estableció en la anterior Junta de Portavoces y lo que la Mesa Directiva recomendó, porque la Contraloría consulta si continuará o no la selección de magistrados, es que se ha pedido tomar una decisión formal”, dijo. Esto debido a que el proceso solo concluirá cuando se emita una Resolución Legislativa al respecto.

Al igual que informó Ruiz, el vicepresidente del Congreso indicó que solo se ha recibido el oficio de APP que comunica la salida de la congresista Tania Rodas del grupo de trabajo. Este documento fue dado a conocer en el pleno esta semana.

Tampoco se habría presentado un oficio por parte de Acción Popular comunicando el pedido que hicieron a mediados de noviembre. “Por lo menos a la Mesa Directiva no ha llegado ninguna documentación, solo llegó la de APP”, respondió Roel. En todo caso, tendría que ser formalizado. Por lo pronto, las bancadas tienen que llegar a un acuerdo y en el pleno “más próximo” tratar el tema.

Agregó que esta definición podría incluirse en la agenda de la Junta de Portavoces la próxima semana y ser resuelto antes de que concluya la legislatura, el próximo 18 de diciembre.

El Comercio se comunicó con siete de las 11 bancadas del Congreso para recoger su posición sobre la continuidad o no del proceso de selección. Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, dijo que el proceso debe ser definido por el pleno, pero personalmente opina que esta gestión legislativa “debe ver de una vez el tema”.

“Las bancadas tienen dos posibilidades: o cambian de su representante o simplemente la comisión sigue con los que están vigentes a la fecha”, agregó.

María Bartolo (Nueva Constitución), indicó que el tema no ha sido conversado en bancada, pero considera que la comisión no debería continuar. “Estamos contra el tiempo y vamos a ir en contra del reglamento, pero igual se tiene que conversar con la bancada”, dijo.

Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática), también mencionó que no se ha dialogado con la bancada, y que, de manera personal, considera que se deben ponderar otros temas. “Por ahora considero que no es necesario”, comentó.

Gino Costa (Partido Morado) y Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio), quienes también eran parte de la Comisión especial del TC y anunciaron su salida del grupo de trabajo, indicaron que no están de acuerdo con que se retome el proceso.

Diethell Columbus, integrante de esta comisión y vocero de Fuerza Popular, respondió que “no cuenten” con él “para ese tipo de ‘jugarretas’”. “Si los partidos que se retiraron y dejaron sin quórum a la comisión señalaron que lo hacían porque las condiciones no estaban dadas, [...] ahora mágicamente pasamos de A a B”, agregó. Consultado sobre si la bancada no continuaría, indicó: “yo no sé si la bancada, pero yo no”.

Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, dijo que “sería irresponsable” de su parte dar una opinión como bancada “por algo que no ha ocurrido”.

Situación de Alarcón en la Comisión de Fiscalización

Si bien la bancada de Unión por el Perú (UPP) había decidido retirar al congresista Edgar Alarcón de la Presidencia de la Comisión de Fiscalización a mediados de noviembre, el parlamentario sigue al frente de este grupo de trabajo.

Fuentes de El Comercio informaron que Alarcón no renunció a la titularidad porque esto fue parte de una conversación que no se formalizó, y de una “confusión”. Esto pese a que el congresista Héctor Maquera, colega de bancada de Alarcón, declaró en RPP Noticias que él asumiría la presidencia y que el legislador había “decidido dar un paso al costado”.

El legislador Posemoscrowte Chagua, integrante de UPP, dijo que ellos habían decidido que Alarcón deje la presidencia, pero se estaría dando un tiempo “prudente” para que concluya con temas “pendientes”.

“Es decisión de la bancada que deje la presidencia. No sé si se ha acordado prolongar...pero de la reunión que tuvimos esa vez mi opinión es la misma: este señor no tiene nada que hacer ahí. [...] sabiendo que la bancada le ha dicho que se retire no sé qué está esperando. Después de que pasó un tiempo prudente, creo que se está aferrando... o no sé qué pasa”, declaró Chagua.

Por su parte, Alarcón dijo a El Comercio que “nunca” renunció a la Comisión de Fiscalización. Lo que se había conversado en la bancada, agregó, fue que entregará los informes pendientes programados para este año y luego de ello tomaría una decisión.

“Los debo cerrar antes de Navidad, como el caso Richard Swing, Municipalidad de Breña, de San Isidro, Contraloría, Tacna; conversaremos en la bancada y de repente yo puedo decidir renunciar y dejar el cargo de presidente a otro miembro de la bancada”, explicó.

“Hay un procedimiento, tendría que formalizar con un documento, comunicar a la comisión y proponer quién asumiría la Presidencia. Esto deber ser comunicado al pleno del Congreso”, dijo Alarcón. Además, que primero debe concluir los informes y “antes de fin de año” tomaría una decisión, que podría ser dejar la comisión.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes este año tres denuncias constitucionales contra Alarcón. La última fue aprobada el 23 de noviembre por el presunto delito de cohecho pasivo propio por el caso Los Temerarios del Crimen. Las otras dos acusaciones del Ministerio Público son por presunto desbalance patrimonial y peculado cuando Alarcón ejercía labores como contralor general.

Tres días después de que el grupo de trabajo, que estaba presidido por el congresista Luis Roel, declaró procedentes estas denuncias, Alarcón presentó dos denuncias ante la fiscalía contra el legislador de Acción Popular por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos. Ante esto, la bancada respondió que esta sería una actitud intimidatoria por parte de Alarcón. Mientras que Roel indicó que estas son denuncias infundadas, sin sentido, y no se amilana ante ellas.

Alarcón negó que busque desacreditar a la Mesa Directiva o que sea una represalia contra Roel al haber presidido la comisión que declaró procedentes tres denuncias constitucionales en su contra. “De ninguna manera. El lunes presento mis descargos”, añadió.

Inhabilitación trunca: Humberto Acuña y su situación en el Congreso

Humberto Acuña, congresista de APP, presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, según lo anunciado por Luis Valdez, del mismo grupo parlamentario. En setiembre de este año, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena de tres años de pena suspendida contra Acuña Peralta por el delito de cohecho pasivo genérico, así como su inhabilitación por tres años para ejercer cargo público.

Según el Poder Judicial, el parlamentario autorizó pagar a un policía encargado de hacer las preguntas que debía responder en una investigación en su contra. Luego de ello, Acuña Peralta presentó un recurso de casación a la Sala Superior de Lambayeque y que fue admitido a trámite a fines de setiembre.

Jorge Carnero, procurador anticorrupción de Lambayeque, dijo en setiembre a El Comercio que su despacho elevará un informe a la Procuraduría Anticorrupción para que se asuma la defensa de los intereses del Estado desde la sede central.

Además, indicó que el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. “La inhabilitación corresponde a las entidades correspondientes como parte de la sentencia expedida”, indicó. El 1 de setiembre, el Poder Judicial envió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un oficio con la resolución de la condena impuesta a Humberto Acuña Peralta para que se proceda.

El 9 de setiembre, este organismo electoral envió al Congreso el oficio del Poder Judicial que da cuenta de la condena ratificada.

El penalista Rafael Chanjan, investigador del Idehpucp, consideró que una sentencia en primera instancia y la confirmación en segunda bastaría para su cumplimiento. “El Congreso viene interpretando que se requiere también una decisión [sobre la casación]. Creo que genera blindaje”, opinó.

Explicó que debido a que la defensa de Acuña interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema, teniendo pendiente esto, “el Congreso entiende que aún no existe una resolución firme respecto de ese caso y espera que se resuelva para recién empezar a aplicar las consecuencias de esta condena. Una de ellas, la inhabilitación”.

Detalló que este tipo de recursos, que es extraordinario, se presenta cuando se quiere rectificar una interpretación de la ley. “Normalmente, el recurso de casación tarda mucho más que uno de apelación, que es ordinario. Allí depende también de la carga de la Corte Suprema, pero toma no menos de seis meses en resolverse desde que es interpuesto. Hasta que se cite vista de la causa, se lleva a cabo la audiencia y luego al Suprema resuelva puede pasar también un tiempo”, dijo Chanjan.

*Con la colaboración de Isabel Ayma.

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