La Comisión Permanente debate, este lunes 26 de febrero, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que propone acusar e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Si se mantienen las posturas de la SAC, el bloque de derecha que impulsa la acusación no tendrá inconvenientes para la ratificación en la instancia de la Permanente. El reto está en conseguir los votos en el pleno.

Para alcanzar los votos necesarios en la máxima instancia legislativa, el bloque de derecha requiere acumular mayores apoyos, lo que incluye más de dos endoses de bancadas adicionales.

El reglamento del Congreso estipula que los miembros de la Permanente no pueden participar en la votación de una acusación constitucional en el pleno. El bloque de derecha cuenta con 68 votos, pero dados los parámetros reglamentarios, el número se reduce a 48 al descontar sus miembros en la Permanente.

Para lo planteado en la denuncia constitucional existen dos vallas de votación: 51 votos para acusarlos por la comisión de delitos y 66 votos para la inhabilitación. Es decir, el bloque de derecha aún no tiene los votos asegurados para cumplir ese objetivo.

En la Comisión Permanente se deberá definir si suman los votos de Somos Perú y Acción Popular, dos bancadas cuyos representantes no votaron en la subcomisión. De conseguir el respaldo de estos dos grupos, el bloque de derecha tendría los votos para acusar a los miembros de la JNJ en el pleno.

El escenario más complicado es la inhabilitación de los miembros de la JNJ, el mayor objetivo del bloque de derecha. Para este cometido, les faltarían unos 18 votos y no es suficiente con el endose de Acción Popular y Somos Perú [ver infografía]. “En la Permanente no va a cambiar el criterio de la subcomisión, porque son los mismos miembros. En el pleno será más difícil convencer bajo el argumento de meter en el mismo saco a todos”, explicó una fuente.

La misma fuente adelantó que en el pleno se buscará individualizar imputaciones, y así lograr la inhabilitación de al menos dos miembros: Inés Tello y Aldo Vásquez.

"No hay infracción constitucional"

Por Imelda Tumialán, miembro de la JNJ

La decisión adoptada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia obedeció a una interpretación sistemática tanto de la Constitución, como de la ley orgánica. 

No resulta coherente que el Congreso de la República argumente que adoptamos una decisión inconstitucional cuando, sobre el tema etario, se han presentado cuatro proyectos de ley con la finalidad de precisar el precepto constitucional contenido en el artículo156, lo que da cuenta que ni el propio Congreso mantiene una posición clara al respecto. Entonces, el sustento de la acusación constitucional atenta contra la autonomía constitucional de la Junta Nacional de Justicia.

Pese a los tiempos difíciles que vivimos por el accionar del Congreso, la JNJ se reafirma en la defensa de la institucionalidad y el compromiso por la democracia.

"Si no se sanciona sería un mal precedente"

Por Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular

El artículo 153 de la Constitución Política del Perú, sobre el requisito mínimo y máximo de edad, no se refiere a requisitos para postular, sino para permanecer en el cargo. Eso queda totalmente claro de la revisión del diario de debates y el dictamen de la Comisión de Constitución del Parlamento en ese momento. 

Si no se sanciona, sería un mal precedente el que la Junta Nacional de Justicia o cualquier otro órgano decida si debe cumplir con la Constitución o no. Esa omisión sí sería un atentado contra la institucionalidad.

El Parlamento debe hacer responsables a quienes infrinjan nuestra Carta Magna, sin culpa ni miramientos. Por ello creo que el informe final que propone acusar e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia debe ser aprobado en la Comisión Permanente.