Congreso: Estos son los proyectos que buscan derogar o cambiar los alcances de la polémica ley sobre crimen organizado

Todas las iniciativas actualmente están en trámite en la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Perú Libre, la bancada que fue la principal impulsora de la controvertida norma. En paralelo, gremios de empresarios y de transportistas también se han pronunciado a favor de que la ley se derogue. Sin embargo, todo apunta a que estas iniciativas no contarán con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

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De los proyectos en mención, seis apuntan directamente a derogar, anular o dejar sin efecto las modificaciones de la ley, que fue aprobada por el Congreso en julio pasado y promulgada el 9 de agosto, sin observaciones del Poder Ejecutivo. Los otros dos buscan modificar los alcances de ley, en particular en lo referido a cómo se desarrollan los allanamientos.

La primera iniciativa en este sentido fue presentada por la congresista no agrupada Margot Palacios, ex Perú Libre, el pasado 16 de agosto, solo una semana después de la promulgación. Se trata del proyecto de ley 8645, el cual apunta a “declarar nula la ley N° 32018″. También firman la iniciativa los legisladores Jorge Coayla y Víctor Cutipa, también experulibristas y hoy integrantes de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo.

Margot Palacios considera que la ley que impulsó su exbancada “representa una grave amenaza para el ordenamiento jurídico, la seguridad de la ciudadanía y el Estado de Derecho”: “Al eliminar un número significativo de tipos penales y flexibilizar los procesos judiciales, esta ley debilita la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, fomentando la impunidad y la inseguridad”.

“La nulidad de la Ley N° 32108, constituye en sí misma un paso fundamental para garantizar la seguridad de la sociedad y el Estado de Derecho en el Perú. Al restablecer el marco penal, se envía un mensaje claro a los delincuentes: ‘la sociedad peruana no tolerará la impunidad, la corrupción ni la violencia”; y serán las instituciones jurisdiccionales, las que se encargarán de hacer cumplir la ley”, sostiene el proyecto.

Días después, el 26 de agosto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó el proyecto legislativo 8709. En el mismo sentido, su iniciativa es para derogar la ley en cuestión y reincorporar las normas que esta eliminó. También suscriben la propuesta sus compañeras de bancada Isabel Cortez y Sigrid Bazán, y la no agrupada Flor Pablo.

“Esta iniciativa se justificó y aprobó bajo el supuesto de que se estaba combatiendo a la criminalidad organizada, cuando en la práctica se está debilitando el sistema de administración de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno [...] lo que sin duda obstaculiza la investigación”, sostiene Luque. “La ley aprobada en la práctica se convirtió en una ley de impunidad para el crimen organizado, la misma que obstaculiza el correcto desenvolvimiento de la policía y el Ministerio Público en caso de allanamientos”

El proyecto recoge las críticas a ley hechas por distintos sectores, desde el Ministerio Público hasta el gremio empresarial Comex Perú. “[La norma] viene atentando contra la imagen de nuestro sistema de administración de justicia y de seguridad ciudadana, toda vez que los agraviados y operadores de justicia no contarán con mecanismo legales que les permitan actuar oportunamente frente a la criminalidad organizada”.

Desde la misma bancada, el legislador Edgard Reymuydo planteó el 2 de septiembre su propio proyecto, el PL 8770, para derogar la ley y “restablecer las atribuciones de jueces y fiscales para luchar contra el crimen organizado”. También firman la iniciativa Isabel Cortez y Sigrid Bazán.

Reymundo sostuvo que la aplicación de la norma impulsada por Perú Libre ha “tenido el efecto contrario” y citó como ejemplos informes periodísticos, entre ellos uno de El Comercio sobre la liberación de sindicados por tráfico de migrantes quedan libres y demoras en operativos. Además, se toman en cuenta opiniones del presidente del Poder Judicial, el Ministerio Público, los Ministerio de Interior y Justicia, y la Cámara de Comercio de Lima.

El 17 de septiembre, Óscar Zea (Bloque Magisterial) presentó el proyecto 8942 para restablecer la “plena vigencia de las normas modificadas por la Ley 32108″. Sus colegas de bancada Segundo Quiroz, Elizabeth Medina, Paul Gutiérrez, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez también lo suscriben.

El legislador consideró que la ley fue promulgada haciendo “caso omiso a las distintas entidades y personalidades” que estaban en contra de su publicación y que pedían que el Ejecutivo la observe. “Incluso los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país han rechazado el proyecto de ley, porque consideran que se ponía en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país”, remarcó.

Zea también consideró que con la norma se deja fuera de la definición de organización criminal a delitos como estafa agravada, tala ilegal, tortura simple, cohecho (soborno), tráfico de órganos o tráfico de migrantes. Además, citó las críticas de instituciones y especialista en Derecho. “Es un deber como parlamentarios corregir las normas nocivas para nuestro sistema jurídico, por ello urge la derogación [...] Esta perjudicial norma abre un camino a la impunidad”.

El último viernes, Jaime Quito (Bancada Socialista) presentó la quinta iniciativa con el mismo propósito, el proyecto 9016, que también es apoyado por los otros cuatro miembros de su bancada. Allí argumentó que los cambios de la cuestionada ley “debilitan la persecución del crimen organizado y se orientan a ampliar sus márgenes de impunidad”.

El congresista también se refirió a las críticas a la norma hecha por entidades como el Ministerio Público, que consideró que la norma genera “un grave retroceso en los estándares alcanzados respecto a investigaciones en curso e incluso en casos que se encuentran con sentencia condenatoria”.

Finalmente, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó el último lunes 30 de septiembre un nuevo proyecto con la misma meta, debido a que la actual norma “obstaculiza y dificulta el combate a las organizaciones criminales”. Suscriben el proyecto otros cinco miembros de su grupo: Nieves Limachi, Wilson Quispe, Víctor Cutipa, Guillermo Bermejo y Hamlet Echevarría.

En su texto, el legislador incide en los efectos negativos de la Ley 32108 en los allanamientos: “Si no se encuentra el abogado del investigado, no se puede llevar a cabo el allanamiento. La espera puede durar minutos u horas, en las cuales el investigado podría desaparecer pruebas que lo incriminen, favoreciendo de esa manera a que se deje impune el delito”, afirmó.

Adicionalmente, se plantea ampliar la pena por el delito de secuestro a un mínimo de 25 años de prisión, así como de 15 a 20 años por extorsión.

Por otro lado están las propuestas que apuntan a corregir los alcances de la ley o algunos de sus efectos negativos. Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) presentó el mismo 30 de septiembre un proyecto que vuelve a modificar la definición de organización criminal, debido a que “la norma vigente obstaculiza investigaciones [...] contempla restricciones para los allanamientos de inmuebles y levantamientos del secreto bancario, lo que dificultaría la lucha contra el crimen organizado, que se ha incrementado y genera más inseguridad ciudadana”.

Una de las principales propuestas es que la presencia del abogado de un investigado para que la fiscalía haga el registro de un inmueble, como parte de un allanamiento, no sea necesario para las investigaciones de delitos como sicariato, secuestro, narcotráfico o lavado de activos, ni para los delitos de banda criminal, organización criminal, terrorismo, feminicidio y minería ilegal.

Este jueves, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) presentó un proyecto para “fortalecer la lucha contra el crimen organizado” que también busca atender las complicaciones para realizar allanamientos generados por la ley actualmente vigente. En concreto, se busca establecer que la defensa pública, que debe suplir al abogado personal de la persona a la que le allanan un inmueble, debe estar de turno las 24 horas del día y “todos los días del año”.

A pesar de la multiplicidad de iniciativas para derogar esta ley, esta posibilidad todavía parece lejana. Las bancadas mayoritarias del Congreso, las cuales apoyaron su aprobación, mantienen su respaldo a la norma. Entre estas están las bancadas más numerosas: Fuerza Popular, Perú Libre y APP.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), ha dicho estar a favor de que la ley sea derogada o modificada. El último lunes, la Junta de Portavoces debatió la posibilidad de que el pleno discuta esta semana la derogación, pero se rechazó por mayoría y se optó porque el tema se tramite por la Comisión de Justicia.

“El tema vinculado a la ley de crimen organizado no alcanzó los votos suficientes para ser exonerado [para ir directamente al pleno] y obviamente se ha derivado inmediatamente a la comisión de Justicia”, dijo Salhuana el martes. “Se ha exhortado, a través de la Junta de Portavoces, que lo dictaminen en el más breve plazo posible para que podamos verlo antes de fines del mes de octubre

Fuentes parlamentarias detallaron a este Diario que la propuesta solo recibió el respaldo del Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo y la Bancada Socialista, mientras que Eduardo Salhuana no expresó postura alguna durante el debate, como sí lo había hecho horas antes ante las cámaras de la televisión.

El rechazo vino del resto de agrupaciones: APP, Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Honor y Democracia. Si estas fuerzas mantienen su respaldo a la ley a nivel de la Comisión de Justicia o del pleno, la ley no será derogada.

En declaraciones a El Comercio, Jaime Quito, uno de los autores de los proyectos citados, recordó que “las opiniones son públicas de casi todo el bloque de derechas, no la quieren tocar [la derogatoria de la Ley 32108]”.

El parlamentario indicó que hasta ahora la Comisión de Justicia no lo cita para sustentar su propuesta o debatirla.” No ha llegado ninguna invitación. Este viernes hay sesión de Justicia, pero el unico punto es presentación del Minjus sobre sus lineamientos de su gestión”, indicó.

La legisladora no agrupada Flor Pablo cuestionó que la mayoría parlamentaria “no quiera ver” la derogatoria de “la ley que favorece al crimen organizado”. “Están distrayéndonos con mesas de trabajo. Se llenan la boca con ‘terrorismo urbano’, pero a la ahora de la hora, las herramientos que sí tenemos no las estamos utilizado”.

Consultado por este tema, el presidente de esta comisión, Isaac Mita (Perú Libre), indicó que aún no hay una fecha definida para este debate. Más bien, estimó que se puede explicar a la ciudadanía que, en realidad, la polémica norma “puede favorecer [a] lo que es ordenar y mantener la seguridad ciudadana”.

“Se están recogiendo las propuestas. Seguramente en estos días se va a debatir. En caso de corregirse, se corregirá, o en caso de promulgarse tal como está, se mantendrá; pero ya explicando a la ciudadanía su mejor aplicación y que esto realmente, en cierta manera, puede favorecer lo que es ordenar y mantener la seguridad ciudadana”, declaró a Canal N.

Luego, evitó opinar a favor o en contra de la derogación de la ley. Solo añadió que lo más probable es que el tema se trata luego de que se vote en el pleno el dictamen sobre terrorismo urbano. “Hay que ser serios y serenos, no trabajar con emociones, con populismo”, acotó.

En tanto, desde la sociedad civil se mantienen los pedidos para que la ley sea derogada.

El viernes pasado, 23 gremios de grandes, medianos y pequeños empresarios emitieron un comunicado donde piden al Congreso “derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”.

Entre los firmantes del pronunciamiento están la Confiep, Canatur, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima.

Por su parte, el comité de gremios de transporte del Perú emitió un comunicado similar el último martes para exigir la derogatoria de la misma ley y para oponerse a la creación del delito de terrorismo urbano, por considerar que excluye a la población rural.

“Para nosotros es una ley que va dirigida para unos grupos. En el tema de allanamientos queda un vacío. Prácticamente, tienes que tocar la puerta al delincuente para decir si lo puedes allanar o no”, comentó este jueves a RPP Noticias Geovani Diez, vicepresidente de la Unión de Gremios del Transporte Multimodal.