Congreso: estos son los temas por los que buscan interpelar a seis ministros

El Congreso tiene pendiente evaluar si aprueba seis mociones de interpelación a ministros de Estado presentadas por congresistas de diversas bancadas. Estas engloban un total de 127 preguntas para el Ejecutivo, la mayoría vinculada a la emergencia por la pandemia del coronavirus.

MIRA: El Congreso, las interpelaciones y el Ejecutivo: el “exceso” en cuestión | ANÁLISIS

Las mociones buscan que respondan ante el pleno del Congreso el primer ministro, Vicente Zeballos, y los ministros Martín Benavides (Educación), Víctor Zamora (Salud), Fernando Castañeda (Justicia), María Antonieta Alva (Economía) y Ariela Luna (Desarrollo e Inclusión Social).

MIRA: La eliminación de la inmunidad parlamentaria en manos de Acción Popular

En términos generales, apunta el politólogo Paolo Sosa, la cantidad de mociones de interpelación presentada en los últimos días es una respuesta exagerada del Congreso a desplantes del Ejecutivo.

“Antes de la disolución del Congreso, era este el que hostigaba al Ejecutivo. Pero ahora es más bien de ambos lados. No tan agresivamente, pero si mediante desplantes. Creo que es claro que el Congreso está exagerando su respuesta al Ejecutivo […] Lo que hay es una relación pasivo - agresiva -por decirlo de alguna manera- entre ambos poderes”, explicó.

Aquí detallamos qué temas abordan cada moción de interpelación y qué las caracteriza.

Propuesta para interpelar a Vicente Zeballos

La moción de interpelación al primer ministro tiene un pliego de nueve preguntas vinculadas a los sectores de salud, economía, educación, relaciones exteriores, agricultura y presuntos casos de corrupción en el Ministerio del Interior durante la gestión de Carlos Morán.

La primera pregunta busca conocer qué pasó con 4.000 camas hospitalarias que no se podían utilizar por problemas legales. La segunda interrogante cambia de sector y aborda los retrasos en la entrega de bonos a las familias más afectadas económicamente por la cuarentena, un problema que ha sido reconocido por el gobierno.

Más adelante, se cuestiona que el Ejecutivo haya levantado la cuarentena general y la reemplace por una cuarentena focalizada en la mayoría de las regiones del país. Además, se califica de “optimismo desmesurado” a las expectativas que tiene el gobierno en los resultados del plan de reanudación de las actividades económicas.

El pliego también cuenta con preguntas repetitivas, como estas:

En opinión de Paolo Sosa, los meses de emergencia por la pandemia del COVID-19 han mellado las capacidades políticas del Parlamento y le han quitado protagonismo. En esa línea, interpelar a Zeballos pondría los reflectores en el Congreso.

“Es claro que los pedidos de interpelación van más allá de las políticas específicas del gobierno […] [Sin embargo] Da la impresión de que el Ejecutivo también se ha acostumbrado, para mal, a ‘andar solo, apoyándose solo en su popularidad. Eso no es positivo para el país”, señaló.

Martín Benavides y la Sunedu

La propuesta para interpelar al ministro de Educación contempla un pliego de 33 preguntas. Todas se refieren a presuntas irregularidades en el licenciamiento de dos universidades privadas por parte de la Sunedu, cuando el actual ministro ejercía como superintendente de esa institución.

Las preguntas cuestionan el licenciamiento de cinco filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Piura, Chimbote, Trujillo, Ica y Huancayo y el licenciamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Estas tres muestran el estilo del pliego: “¿Por qué le entregaron licencias a filiales de la UTP que no contaban con licencia municipal?”, “¿Cómo le permitieron ofertar 200 vacantes a la UPAL si su aforo no permitía la cantidad de alumnos ingresantes por dos años, que según refirió, es el periodo que evaluó Sunedu? ¿Es suficiente esta infraestructura para la proyección de los alumnos?”.

Alejandro Rospigliosi: “un pliego de preguntas absolutamente fuera de lugar”

El abogado constitucionalista Alejandro Rospligiosi señala que el pliego de preguntas “está absolutamente fuera de lugar y va contra el reglamento del Congreso”, pues busca que responda “por acciones que no tienen que ver con los hechos como ministro de Estado, sino por su trabajo anterior a ese cargo”.

“No cualquier funcionario de segundo o tercer grado es interpelado ante el pleno del Congreso. Solo van ministros de Estado, no superintendentes. Lo que haya hecho o dejado de hacer el ministro actual cuando era superintendente de Sunedu nada tiene que ver con utilizar una herramienta democrática, como la interpelación, para llevarlo al pleno”, agregó.

Víctor Zamora ante un pliego de temas ya explicados

El ministro de Salud será sometido a un pliego de 19 preguntas si la moción de interpelación es aprobada por el pleno del Congreso. La primera de ellas es por los criterios que utilizó su cartera para asignar equipos de protección a los médicos que atienden pacientes con COVID-19.

La segunda pregunta ya ha sido respondida por el ministro ante la Comisión de Salud del Congreso: “Para que diga usted: ¿Existe un subregistro en el conteo de decesos por el coronavirus en Lima y provincias”?

En abril pasado, Zamora dijo: “En todas partes del mundo existen diferentes grados de subregistro. No solamente en esta pandemia. No existe voluntad de ocultar información, pero puede haber debilidades en cuando a la calidad del registro”.

El pliego también cuestiona “las marchas y contramarchas, a veces en un mismo día, sobre determinadas políticas sanitarias”, en referencia a la norma que ordenó el uso obligatorio de guantes para entrar a bancos y mercados, y que luego fue anulada.

Además, se pregunta qué medicamentos se están aplicando en los hospitales y centros de salud para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Sobre este punto ya existe una resolución ministerial que detalla los medicamentos y las dosis que el Minsa pone a consideración de los médicos tratantes. Este indica, por ejemplo, el empleo de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina o fosfato de cloroquina.

Otra pregunta es: “¿A cuánto asciende el total de muestras realizadas entre rápidas y moleculares?”. Pero esta interrogante es resuelta todos los días por el Minsa. Por ejemplo, ayer (2 de julio) se llegó a 255.999 pruebas moleculares y 1′464.262 pruebas rápidas, de acuerdo con el reporte oficial.

Por último, se le cuestiona porque “no se ha implementado una estrategia comunitaria, así como la implementación de la instalación de puestos de salud itinerantes en cada una de las vías de acceso estratégico del país”.

El caso de Fernando Castañeda

La moción de interpelación al ministro de Justicia cuenta con un pliego de 10 preguntas. De ellas, cuatro están relacionadas a las condiciones de las cárceles en el marco de la pandemia del COVID-19.

La primera pregunta del pliego es: “¿Qué protocolos se pusieron en marcha [en los penales], con los equipos de bioseguridad para los trabajadores, con los alimentos, las visitas y centros médicos?”.

Gran parte de esa pregunta ya fue resuelta por el ministro Castañeda en las videoconferencias que realiza el Ejecutivo. Por ejemplo, en abril pasado explicó que las visitas a internos quedaron suspendidas durante el estado de emergencia, se dispuso incrementar la ración de alimentos que reciben los presos y entregar equipos de protección a los trabajadores del INPE.

El ministro también es cuestionado por los motines registrados en los penales Río Seco (Piura), Picsi (Chiclayo), El Milagro (Trujillo), Ancón II y Castro Castro (Lima) durante el estado de emergencia, que solo en Castro Castro dejó nueve internos fallecidos.

Además, se le consulta por la cantidad de internos vulnerables (por ser mayores de 65 o por sufrir enfermedades preexistentes) beneficiados con la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada ante el riesgo de contraer el coronavirus.

La moción también busca conocer las medidas implementadas para garantizar el acceso a la justicia de la población de menos recursos durante el estado de emergencia y “qué medidas va a adoptar la Procuraduría Pública Anticorrupción frente a los casos de las empresas involucradas en casos de corrupción que se han beneficiado con créditos del programa Reactiva Perú”.

Moción para interpelar a Ariela Luna

La moción de interpelación a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con 24 preguntas. La primera de ellas es: “¿Cuánto ha gastado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en consultorías, cuál es el balance del costo beneficio de esas consultorías y en qué han beneficiado a la población objetivo?”.

La primera parte de la pregunta, sobre la cantidad que destinó su cartera a consultorías, es información pública que debería estar disponible en el portal de transparencia del gobierno. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hay reportes de procesos de selección de bienes y servicios en ese ministerio desde marzo pasado, cuando se inició el estado de emergencia.

Luego, se le preguntaría cuál es el porcentaje del presupuesto de su ministerio en planillas y cuánto se ha invertido en financiar los fines sociales de la cartera. Esta información también es de acceso público; por ejemplo, el portal de Transparencia da cuenta que la planilla actual del MIDIS es de alrededor de 3,2 millones de soles mensuales.

De aprobarse la moción de interpelación, la ministra Luna también será consultada por las deficiencias de su cartera en la actualización del padrón de hogares. Este fue un obstáculo para entregar los bonos con la prontitud que se requería para contener los efectos económicos provocados por la cuarentena.

Además, será consultada por las acciones que tomará el MIDIS para atender a la población que está cayendo a situación de pobreza, un escenario previsto en Perú y otros países de la región con problemas económicos estructurales.

María Antonieta Alva, la más requerida

La ministra más requerida por el Congreso (ha sido citada nueve veces a distintas comisiones) responderá un pliego de 32 preguntas si el pleno aprueba la moción para interpelarla.

La primera interrogante del pliego no solo involucra a su cartera, sino también al Ministerio de Salud, a cargo de Víctor Zamora. “A la fecha se contabilizan más de 60 médicos fallecidos. ¿Cuál ha sido el criterio utilizado para la asignación de recursos en la adquisición de equipos de protección para los profesionales de la salud, quienes exponen sus vidas para atender a pacientes con COVID-19?

Luego se le pregunta por la proyección del crecimiento económico para este 2020, golpeado por la pandemia del coronavirus. Sobre este punto, un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estimó que en la región se cerrarán 2,7 millones de empresas formales, desaparecerán 8,5 millones de empleos y habrá una contracción del PBI regional de un 5.3%.

Otras preguntas son: “¿Cuánto tiempo nos podría tomar recuperar el ritmo que teníamos de expansión económica o incluso incrementarlo, después de esta crisis? ¿En qué consiste el plan Arranca Perú, que promete un millón de empleos en circunstancias en que el Perú está técnicamente en recesión, con un evidente shock de oferta y demanda?”.

Además, el pliego incluye cuestionamientos al programa Reactiva Perú, la concesión al Reino Unido de la ‘Reconstrucción con cambios del norte del país’, la estrategia de reactivación económica, entre otros. También señala que “el MEF no ha movido un dedo para poner en ejecución los grandes proyectos, incluido en minería”.

VIDEO RECOMENDADO:

Te puede interesar

• Gerardo Sepúlveda ante fiscalía: los detalles del interrogatorio del exsocio de PPK
• Congreso: Bancadas plantean interpelaciones a seis ministros
• Gerardo Sepúlveda: ¿por qué fue incluido en la investigación del caso IIRSA Sur?
• Contraloría inició indagación sobre contratos de tía de hija de Mirian Morales en el MTC