El jueves 7 de mayo pasará a la historia parlamentaria como el día de la primera sesión virtual de un pleno del Parlamento. Tras 52 días de cuarentena a raíz del COVID-19, el Congreso 2020-2021 realizó una videoconferencia que duró más de 12 horas, sin cumplir las reglas de debate establecidas en la Junta de Portavoces y con filtraciones de audios e imágenes que se volvieron virales en las redes sociales.
Lisuras, cigarrillos, comida y bastante descoordinación es lo que hasta ahora nos han dejado los parlamentarios en las videoconferencias realizadas, tanto en el pleno como en las comisiones.
La sesión arrancó, como ya es costumbre, tarde. La convocatoria era para las 10:00 a.m., pero recién se empezó a tomar lista unos 25 minutos después. Recién a las 10:46 a.m. inició oficialmente la plenaria con un discurso del presidente Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), quien encomendó la jornada a Dios y destacó la importancia de la reunión virtual. “Nuestra misión es poder lograr ayudar al pobre en un acto de caridad. Hacer justicia es la meta de este Congreso”, dijo.
La última vez que había sesionado el pleno fue el viernes 3 de abril. Era la tercera plenaria presencial y había despertado una serie de críticas pues, tras su realización, nueve congresistas dieron positivo a la prueba de COVID-19. Así, la implementación del pleno virtual demoró más de un mes y recién se establecieron las reglas de debate, faltando un día para el jueves 7 de mayo. Reglas que no fueron cumplidas.
Los problemas de la sesión empezaron pasadas las 11:00 a.m. con las filtraciones de audio. Se escuchó la voz de un funcionario del Congreso quien pedía a un colega suyo, con palabras subidas de tono, que se le exigiera al legislador Lenin Checco (Frente Amplio, Apurímac) repetir su pedido sobre cambios de integrantes en comisiones, el tema que se encontraba en debate.
El congresista Checco exigió las disculpas públicas por las palabras del funcionarios que, según fuentes de la Mesa Directiva, integraba el equipo de la Dirección General Parlamentaria. Manuel Merino trató de esquivar el tema pero, ante la insistencia del parlamentario izquierdista, ofreció él mismo las disculpas y dio por superado el incidente.
Reglas rotas
En la víspera del pleno, la Junta de Portavoces había definido las reglas del debate en un documento que constaba de ocho puntos. En el punto 5 se establecía claramente: “La Presidencia, bajo ninguna circunstancia, otorgará ampliaciones de plazo de las intervenciones. No se otorgarán interrupciones”.
Esta norma no se cumplió en gran parte del debate. El presidente Manuel Merino otorgó interrupciones a todo aquel congresista que se lo pedía. Esto ocasionó una serie de entrampamientos y dilataciones en la jornada.
A esto se sumaban pedido extras como el del legislador Gino Costa (Partido Morado, Lima) quien solicitó la inclusión en la agenda el proyecto del Poder Ejecutivo sobre el hacinamiento de penales. Esto pese a que, el día anterior, la Junta de Portavoces había decidido enviar el referido proyecto a comisión para su respectivo análisis.
Recién a las 11:32 a.m. arrancó el debate del primer texto legal de la jornada. Se trataba de una resolución legislativa que da luz verde al Acuerdo de Sede entre Perú y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), suscrito el 22 de febrero del 2019 en la ciudad de Lima.
Este debate ya adelantaba lo fraccionada que sería la sesión. Un tema que no ameritaba mayor debate se convirtió en una discusión con tintes de xenofobia. El vocero de Unión por el Perú, José Vega (Lima), se mostró en contra de la resolución aduciendo que generaría gastos públicos y que se “incrementará la delincuencia de venezolanos”.
“[Estoy] un poco preocupado porque esta oficina [ACNUR] instalada en el país, no vaya a ser que termine protegiendo a los migrantes venezolanos que han venido a violar a nuestras hermanas mujeres del país, a asaltar y robar a diestra y siniestra. Entonces, no vayan a venir con el famoso entredicho de proteger los derechos de los migrantes”, secundó el legislador Jesús Arapa (Acción Popular, Puno).
Tanto Arapa como su colega de bancada Paul García (Callao) se abstuvieron fraccionando el voto de su bancada.
La votación final fue 94 votos a favor, cinco en contra y trece abstenciones.
A la hora de la votación vino otro incumplimiento a los acuerdos tomados por la Junta de Portavoces. El punto 7 establecía que cada portavoz trasladará, nominalmente, el voto de cada uno de los integrantes de su bancada. Los primeros en incumplir esta regla fueron Acción Popular y Alianza para el Progreso, donde los portavoces se limitaron a decir su posición por bloques.
No fue hasta el turno de Fuerza Popular que se exigió respetar lo acordado en la Junta de Portavoces, El vocero fujimorista Diethell Columbus (Lima) recordó el acuerdo y empezó a relatar, uno por uno, los votos de sus colegas de bancada.
Otro hecho curioso ocurrido en esta votación fue cuando el vocero de UPP, José Vega, dio los votos de su bancada, pero el relator del Congreso lo interrumpió para pedirle que lo repita, esta vez en orden alfabético. El relator quería que le hagan más fácil la tarea de registrar votos.
Cámara encendida
El segundo tema de fondo que se puso al debate fue la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz, donde Fuerza Popular optó por abstenerse en bloque. Tras esta votación, se suspendió la sesión a la 1:12 p.m., para que los congresistas puedan almorzar. Se dijo que el receso sería por una hora, pero nuevamente imperó la tardanza.
El debate se reinicio recién a las 2:28 p.m., con la modificación al reglamento para que el Congreso asuma el control de sus declaraciones juradas de intereses. Tras observaciones de tres bancadas, el tema pasó a cuarto intermedio para unos ajustes. La modificación volvió al pleno para las 7:30 p.m. y, sin mayor novedad en las posturas ya anticipadas, fue aprobada. Fueron 94 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención.
A estas alturas del debate, Merino salía del hemiciclo y dejaba a sus vicepresidentes a cargo de la conducción, y solo regresaba cuando tocaba proceder con la votación.
Si bien los congresistas estaban en sus casas, los miembros de la Mesa Directiva asistieron a la sede legislativa para seguir el debate desde el hemiciclo. El primer vicepresidente Luis Valdez (Alianza para el Progreso, La Libertad) fue quien mejor condujo la sesión, respetando las normas acordadas por la Junta de Portavoces que lo llevó incluso a no ceder interrupciones a miembros de su propia bancada.
Uno de los debates que más duró fue el de la insistencia a la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes. No necesariamente por la polémica, sino porque la gran mayoría de legisladores quería participar y dejar sentada su posición sobre el tema. Cada quien jaló agua para su molino.
“Salió por ahí una señora Susana Villarán, que resultó ser una alumna aplicada del fujimorismo”, se le escuchó decir al legislador Enrique Fernández (Frente Amplio, Lima).
Luego, el presidente de la Comisión de Transportes, Luis Carlos Simeón (Acción Popular, Pasco), intentó convencer al pleno de aprobar la ley de los “taxis colectivos”, que tenía pendiente una segunda votación desde el periodo disuelto 2016-2019. No fue convincente y el tema pasó a la congeladora del cuarto intermedio. Ninguno de los temas pendientes del periodo anterior, que estaban agenda, se convirtió en ley. Cuatro regresaron a comisión, y otros tres no se tocaron.
También se intentó aprobar una norma que declaraba héroes al personal del servicio médico y policial que vienen laborando en plena pandemia. Era una acumulación de dos proyectos: uno de Podemos (sobre el personal policial) y otro del Frepap (sobre el personal médico). La Mesa Directiva decidió que Daniel Urresti (Podemos, Lima), en su calidad de titular de la Comisión de Defensa, sustente el tema.
Aquí surgió un problema cuando se detectó que Urresti planteaba aprobar solo la propuesta de su bancada. Cuando se le pidió incluir al proyecto del Frepap que contemplaba al personal médico, Urresti se negó aduciendo que esa iniciativa le correspondía a la Comisión de Salud. Al final, no se aprobó nada.
Mientras Urresti hablaba sucedió la segunda filtración de la noche. Esta vez no fue un audio, sino una cámara que no se había apagado. Al promediar las 9:00 p.m., el congresista Daniel Olivares (Partido Morado, Lima) fue captado prendiendo un cigarrillo.
El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, con una serie de especulaciones. Casi una hora después, Olivares respondió: “Lamento decepcionarlos amigos. Es mi tabaco. Lo otro no combina con el trabajo”.
La sesión acabó bordeando la medianoche. Previo al cierre debatieron una moción donde se exhortaba al Poder Ejecutivo a destinar más presupuesto a los gobiernos locales, y a entregar un bono a sus trabajadores.
La moción fue presentada y sustentada por la legisladora Leslye Lazo (Acción Popular, Lima), quien está casada con el alcalde distrital de San Martin de Porres, Julio Chávez. Ambos dieron positivo a la prueba de COVID-19 mientras entregaban canastas de víveres en el distrito del cono norte.
También en comisiones
El problema de las cámaras no apagadas ha sucedido también en las videoconferencias de las comisiones ordinarias. En la Comisión de Defensa, por ejemplo, se pudo ver al presidente del grupo, Daniel Urresti, con un cigarrillo electrónico.
Urresti intenta tapar la cámara para que no se le vea, pero no logra bloquear la imagen del todo.
También se han dado casos donde los congresistas han sido captados almorzando mientras seguían la videoconferencia.
En plena instalación de la Comisión de Educación, el legislador Walter Rivera (Acción Popular, Lima) decidió comer un pollo broaster con papas fritas mientras se realizaba la primera sesión virtual de dicho grupo de trabajo. Al legislador acciopopulista no le hicieron falta cubiertos, pues se le observa comiendo con las manos.
La experiencia de uso de los legisladores en la plataforma Microsoft Teams no es la mejor hasta el momento. Pero no se puede decir que no han tenido tiempo para prepararse. Entre el último pleno presencial del 3 de abril hasta el virtual del 7 de mayo, existió un gran espacio para realizar las pruebas suficientes.
El tema se agrava si es que la Mesa Directiva no respeta las reglas de debate y los parlamentarios no tienen el criterio suficiente como para evitar actitudes que no realizarían si estuvieran en una sesión presencial en sede legislativa.