Congreso: El 92% de proyectos de ley no especifica su costo y otras fallas en los índices de calidad

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El reglamento del Congreso, en su artículo 75, establece que uno de los requisitos para presentar un proyecto de ley es el análisis costo-beneficio “que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental”.

Tras un análisis de los 104 proyectos presentados por los congresistas, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó que el 92% no identifica los costos monetarios asociados a la iniciativa, el 71% no identifica a los distintos actores afectados y el 53% desarrolla su análisis costo-beneficio en menos de dos párrafos.

El estudio realizado arroja que algunos incluso desarrollan su análisis costo-beneficio en una sola línea. Prueba de ello es el proyecto N° 134 del legislador Óscar Zea, de Perú Libre, en que plantea un mejoramiento de la vía terrestre que conecta Puno, Arequipa y Cusco.

Su análisis costo-beneficio solo dice: “La presente iniciativa legislativa no genera gasto al Tesoro Público”. Si bien el parlamentario lo propone como una medida “declarativa”, la ejecución de lo planteado implica beneficiarios y un presupuesto. Según la Constitución, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto presupuestal.

Problema de fondo

La ausencia de una debida evaluación del costo-beneficio es algo que se ha repetido en los últimos 20 años, y este nuevo período no parece ser la excepción. Los expertos consultados sostuvieron que ese análisis resulta incompleto y muchas veces falso.

Para el especialista parlamentario César Delgado-Guembes, lo primero que se debe identificar son los agentes y sectores que se ven afectados por la iniciativa. Estos pueden ser el Estado, empresas, trabajadores, estudiantes, regiones, entre otros.

Nuestro análisis arroja que dos de cada tres iniciativas no cumplen este apartado. La mayoría se limita a afirmar que generará beneficios para la población objetivo a la que se dirige el referido proyecto de ley.

Una vez identificados los actores, se debe explicar qué efectos directos e indirectos, y positivos y negativos, puede tener el proyecto para cada uno de ellos, y finalmente se realiza un balance. “Tienes que tratar de identificar si este proyecto es un beneficio para la sociedad o si se queda solo para el beneficio de un grupo mientras los costos son muy altos para el resto de la sociedad”, menciona Delgado-Guembes.

Más allá del presupuesto

Más del 90% de propuestas legislativas analizadas afirman que la iniciativa no genera costos al erario nacional. Sin embargo, los costos que se deben identificar no son únicamente los monetarios o presupuestales.

“Esta sección está pensada para que los congresistas puedan reflexionar acerca del impacto que sus iniciativas tendrían, no solamente en términos económicos, sino en términos institucionales, sociales. La dimensión económica es solo una dimensión de las que los congresistas deben considerar”, explica Heber Campos, profesor de la PUCP.

Para los especialistas, lo que se espera es que los congresistas puedan identificar los potenciales ganadores y perdedores, con medidas cualitativas y cuantitativas, más allá de un análisis presupuestal. Según Delgado-Guembes, el problema radica en que los legisladores y sus asesores cuentan con baja experiencia en el Congreso de la República.

Un problema recurrente

Según Delgado-Guembes, desde que se incluyó como requisito en el reglamento del Congreso, se han realizado talleres y manuales para explicar la metodología adecuada, pero los congresistas continúan sin cumplir con lo esperado.

Para el especialista parlamentario, el problema radica en que los legisladores y sus asesores cuentan con baja experiencia en el Congreso. “El gran inconveniente que siempre se genera es que lo que se aprende en un periodo, queda olvidado en el siguiente”, comenta. Por ello, agrega que las comisiones deben funcionar como el filtro técnico para estos temas.

Por otro lado, Heber Joel Campos comenta que los congresistas no cuentan con la disposición ni con la información suficiente para realizar un adecuado análisis. Por ello, considera que implementar una oficina especializada del Congreso encargada de estos temas puede ayudar a mejorar estos procesos.

“[Una oficina con] profesionales especializados en este análisis costo beneficio, en donde se pudiera tomar contacto con especialistas de los distintos centros académicos y actores del Poder Ejecutivo para algún tipo de coordinación. Tratar un poco de acompañar el trámite legislativo con información que enriquezca las iniciativas de los congresistas”, menciona Campos.

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