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El pleno del Congreso sesiona durante cuatro días consecutivos desde este martes 11 para aprobar diversos dictámenes antes de que concluya la actual legislatura, el 15 de junio. Y uno de los temas más importantes que ahora sí podría debatirse es el dictamen que impedirá la postulación de condenados por asesinato y otros delitos.
“Sí, se priorizó”, señaló a El Comercio el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), quien adelantó que podría verse en cualquiera de los plenos de esta semana.
“El presidente [del Congreso] solicitará a la presidenta de la Comisión de Constitución que ponga al debate el proyecto”, agregó Muñante.
Mediante una nota de prensa, el Congreso confirmó que el dictamen de reforma constitucional “que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública” -en cuarto intermedio (pausa) desde diciembre - se encuentra en la agenda priorizada.
En los últimos meses no se había mostrado voluntad política mayoritaria para su debate. Y en ese escenario, el lunes Muñante adelantó a El Comercio que el vocero de su bancada, Jorge Zeballos, solicitaría en la Junta de Portavoces de este martes que el texto ingrese a la agenda de temas prioritarios.
“Nuestro vocero ya tiene el acuerdo de solicitar la priorización mañana [martes 11] en la Junta de Portavoces. Lo haremos a pesar de que nos resta en cuanto a la producción legislativa, ya que una bancada de cinco congresistas, como la de Renovación Popular, únicamente puede pedir que se priorice un solo proyecto, por acuerdo de la Junta de Portavoces”, dijo el lunes pasado.
Ese mismo día, el legislador precisó que será la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, quien decidirá si finalmente se somete el dictamen a votación, ya que la propuesta está en cuarto intermedio.
Hasta el lunes, fuentes de El Comercio señalaron que Moyano no había adelantado a la Mesa Directiva si solicitaría la votación de esa reforma constitucional, que impedirá postular a cargos de elección popular a condenados por asesinato, secuestro y otros delitos, aún cuando estén rehabilitados.
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Moyano no respondió los intentos de comunicación de El Comercio, pero las mismas fuentes coincidieron en que no había “voluntad” política para que el tema se resuelva en esta legislatura.
Moyano dijo en mayo pasado que seguía buscando consenso entre las bancadas para que el tema consiga los 87 votos que necesita para aprobarse. Pero El Comercio informó recientemente que aún no hay acuerdo debido a las discrepancias en la lista de los delitos que se incluirán en el texto final del dictamen.
De aprobarse, se impediría, por ejemplo, una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005.
El analista político Jeffrey Radzinsky, director de Grupo Fides Perú, señaló que las prioridades del Congreso “no está en base a la relevancia, a la incidencia en la política nacional de los temas, sino en los intereses particulares, que se alinean muy rápidamente”.
“Los antagonistas muy rápidamente pueden pactar para algunos asuntos, pero para otros que merecerían no solo acuerdos, sino debates, no tienen ni el mínimo interés en hacerlo”, señaló.
Recientemente, el Congreso encontró consenso en menos de 24 horas sobre el dictamen que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. También acordó, en primera votación, eliminar a los movimientos regionales. Pero la propuesta que pone candados para postular permanece en cuarto intermedio desde diciembre pasado.
Casos de Ética: Lizarzaburu y 'mochasueldos'
Hasta la publicación de esta nota, tampoco hay voluntad para debatir los informes de la Comisión de Ética que recomiendan suspender a los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu (no agrupado), Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) por 120 días y Katy Ugarte (no agrupada) por 60 días.
Los informes no fueron incluidos en la agenda parlamentaria para las sesiones que se realizarán desde este martes hasta el viernes.
Los casos en mención permanecerían encarpetados hasta la próxima legislatura. En esta, el pleno volverá a sesionar desde fines de julio o inicios de agosto.
Fuentes de este Diario señalaron que la Comisión de Ética ya envió a Oficialía Mayor los informes que recomiendan suspender a Lizarzaburu, Flores Ancachi y Ugarte, pero estos no fueron considerados en la agenda. Por ello, en la práctica, los legisladores permanecen blindados por el Congreso.
José Cevasco, exoficial Mayor del Parlamento, explicó que el presidente de la comisión, el legislador Diego Bazán (Renovación Popular), debe solicitar la inclusión de los informes en la agenda. Bazán no respondió nuestros mensajes ni llamadas hasta la publicación de esta nota.
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Desde enero pasado, Ética aprobó el informe que recomienda suspender 120 días a Lizarzaburu por frases misóginas que pronunció en diciembre último.
La comisión concluyó que Lizarzaburu “vulneró la ética parlamentaria por sus expresiones sexistas” contra la congresista Patricia Juárez, su otrora colega de bancada, en Fuerza Popular. Por ello, infringió los artículos 2, 4 y 6 del Código de Ética Parlamentaria, sobre los deberes de conducta de los legisladores.
El legislador ofreció disculpas públicas, pero consideró que una suspensión de 120 días es desproporcionada.
En tanto, en marzo último aprobó el informe contra Flores Ancachi, tras acreditar que “vulneró la ética parlamentaria al recortar para su beneficio personal la remuneración y otros beneficios de sus trabajadores”.
El informe concluyó que existió un ‘acuerdo’ entre el congresista, los trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas para entregarle el 10% de sus remuneraciones y el 50% de sus bonos.
Además, determinó que Flores Ancachi, para continuar con el recorte de las remuneraciones, se reunió con sus trabajadores el 12 de enero del 2023 y “les expresó su molestia” por no entregarle el dinero con “voluntad” o con “cariño”.
Flores Ancachi ha asegurado que los “aportes” no se concretaron.
En el caso de Ugarte, la comisión determinó en abril pasado que “se ha acreditado, conforme a las declaraciones testimoniales, chats y transferencias”, que los trabajadores de la congresista sufrieron recortes de sueldo.
No obstante, el grupo solo determinó que esos recortes fueron “dispuestos por el asesor principal y persona de confianza de la congresista [Roger Torres Pando]”, por lo que recomendó suspenderla solo por 60 días.
Ética precisó que Ugarte es la responsable de su despacho y que sus asesores no están facultados a realizar acciones sin su conocimiento. Aún así, el pleno sigue sin debatir el caso.
En tanto, Ugarte ha asegurado que desconocía que se le pedía dinero a los trabajadores de su despacho,
En opinión de Radzinsky, que el pleno no se pronuncie por estos casos “es sintomático de cómo ha venido comportándose”.
“Ha mostrado una vocación por la complicidad y encubrimientos mutuos entre colegas. Esto multiplica la sensación ciudadana de falta de rigor para sancionar, de impunidad, de desprecio por el incumplimiento de las normas. Hay congresistas investigados en todo el espectro político”, sentenció.
