Comisión especial del Congreso propone ser desactivada y crear otro grupo para elegir a defensor

La comisión parlamentaria responsable de seleccionar a los candidatos aptos para el cargo de defensor del Pueblo acordó el martes pasado recomendar al pleno del Congreso ser reemplazada por un nuevo grupo de trabajo, después de la orden del Poder Judicial de suspender de manera provisional el proceso de elección del defensor.

La propuesta de desactivar el grupo y que se forme otro que comience un nuevo procedimiento fue planteada por el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, y recibió ocho adhesiones. No hubo votos en contra ni abstenciones.

Pese a que la decisión se adoptó sin oposición, durante el debate hubo posiciones a favor y en contra de obedecer la orden judicial.

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El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, planteó desacatar el fallo por considerarlo una intromisión del Poder Judicial.

“El Legislativo no es cualquier poder, es el primer poder del Estado y tiene que manifestarlo con sus acciones”, añadió. Sin embargo, su postura no tuvo respaldo mayoritario.

En tanto, Guerra García también consideró que la orden judicial atenta contra las facultades de los legisladores, pero señaló que no era conveniente que la comisión continúe sus funciones.

“Para mí y para mi bancada es sorprendente que un juez detenga la acción de otro poder del Estado [...] [pero] podríamos resolver este tema buscando una salida que dé el propio Congreso”, dijo. Luego propuso crear un nuevo grupo con la justificación de que se han formado nuevas bancadas parlamentarias.

Guerra García y Montoya protagonizaron el momento más tenso del debate cuando confrontaron sus posiciones y propuestas.

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En tanto, los legisladores Ruth Luque, de Cambio Democrático, y Wilmar Elera, de Somos Perú, defendieron la postura de acatar la orden judicial.

Tras el debate, la propuesta de Guerra García se impuso como un punto medio entre los pedidos de acatar o desconocer el fallo.

Opiniones

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma dijo a El Comercio que la decisión de la comisión es una buena noticia si se subsanan las observaciones efectuadas por el Poder Judicial en el nuevo proceso para elegir al defensor.

“Nadie niega que es atribución del Congreso [elegir al defensor], pero eso no le da carta blanca para que la elección se haga vulnerando principios básicos en un Estado de derecho”, aseveró.

Al respecto, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez añadió que el PJ aún podría considerar que debe pronunciarse sobre la demanda interpuesta por el sindicato de trabajadores de la defensoría contra el proceso de elección.

Ramírez precisó que si los congresistas no acataban la orden, como proponía Montoya, cometerían una infracción a la Constitución.

El abogado constitucionalista Bruno Fernández añadió que el Congreso deberá informar al Poder Judicial si deja sin efecto el proceso de selección. Fernández agregó que solo el PJ será el órgano que determine si se está cumpliendo la resolución.