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Al menos cuatro bancadas del Congreso le han solicitado al presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto (APP), que ponga a debate en el pleno una de las reformas constitucionales más importantes con miras a las elecciones generales de 2026: el dictamen que incluye nuevos delitos para el impedimento de postulación de condenados, aún cuando estén rehabilitados, a cargos de elección popular.
Esta iniciativa- que de ser respaldada le cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó cárcel por homicidio, secuestro agravado y rebelión por el “andahuaylazo” en el 2005- se encuentra en cuarto intermedio desde mediados de diciembre del año pasado. El dictamen, que acumula 22 proyectos, había sido aprobado en la Comisión de Constitución, que dirige Martha Moyano (Fuerza Popular), en marzo de 2023.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), uno de los autores de la propuesta, advirtió que, al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere que 87 legisladores la apoyen en una doble votación en dos legislaturas consecutivas. Por ello, emplazó a Soto y a Moyano a coordinar y hacer viable que se discuta el fondo de la iniciativa en el hemiciclo lo más pronto posible.
“No sé si a Soto le falta voluntad política o si su postura es por desconocimiento. Hace poco, en un tuit, me dijo que para que el tema se trate en el pleno debía ser priorizado. Pero este dictamen ya está en agenda, lo que él ha dicho no tiene asidero. Él como presidente del Congreso debe darle prioridad”, manifestó a El Comercio.
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Muñante recordó que a inicios de abril envió un oficio al titular de la Mesa Directiva, a través del cual le pidió que ponga a debate la reforma que amplía los impedimentos para postular. “Pero no he recibido una respuesta, no se ha tomado la molestia”, añadió.
(Foto: El Comercio)
El parlamentario de Renovación Popular refirió que uno de los problemas que avizora es que existe “un afán” de las fuerzas políticas de “reproducir casi todo el Código Penal”.
Muñante negó que la iniciativa sea a raíz de la liberación de Humala Tasso. “No tiene nombre propio, puede ser para él como para otros que hayan cumplido penas por delitos graves, como terrorismo”, acotó.
Protección al sistema democrático
Desde Avanza País, el parlamentario Alejandro Cavero consideró que la referida reforma constitucional “es importantísima para salvaguardar el sistema democrático”. “No se puede permitir que personas condenadas por graves delitos puedan postular a cargos tan importantes, sobre todo cuando sabemos que la cárcel en el Perú no sirve para la rehabilitación”, complementó.
En diálogo con este Diario, Cavero indicó que para que el dictamen “no termine siendo una lista de lavandería”, los delitos para impedir la postulación a cargos públicos pueden ser acotados. “Puede ser para aquellos sentenciados por homicidio, secuestro y narcotráfico, entre otros que sean realmente graves”, expresó.
El congresista de la agrupación del tren dijo que la Mesa Directiva “debe poner este dictamen a debate lo más pronto posible”, porque es un tema que la ciudadanía está pidiendo hace mucho tiempo.
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A su turno, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) refirió que la discusión se enfrascó en diciembre pasado por el número de delitos que debía comprender. Agregó que la redacción de la propuesta debe ser mejorada.
“No hay ningún proyecto que deba ser dejado para después”, respondió al ser consultada sobre si Soto debe o no priorizar el debate de esta reforma constitucional.
Juárez dijo que al interior de Fuerza Popular no se conoce si Moyano tiene o no una nueva fórmula.
“El artículo 34-A debe extenderse aún en caso las personas sentenciadas hayan sido rehabilitadas, se requiere una protección al sistema democrático”, concluyó.
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La congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) señaló que su bancada “está totalmente de acuerdo” con la finalidad del dictamen. Precisó que el apepismo propone que el impedimento para postular, en caso de sentenciados por delitos graves, sea vitalicio y no por 10 años, tras cumplir su condena.
Camones sostuvo que sí es necesario que se debata esta reforma, pero subrayó que esto no depende solo de Soto, sino que Moyano debe informar a la Mesa Directiva si tiene una nueva fórmula para ser puesta a consideración del hemiciclo.
También para el crimen organizado
Por su parte, la portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, indicó que dictamen que amplía los impedimentos para postular “es una medida importante para promover la idoneidad de los candidatos a elección popular”. No obstante, a entender de su agrupación, “está incompleto”.
“Está bien que los narcotraficantes y homicidas estén fuera de la política, pero urge que el mismo trato se extienda a los lavadores de dinero y a quienes lideran organizaciones criminales. En el debate del pleno, solicitaremos que se incluyan estos delitos como causales de prohibición”, dijo a El Comercio.
Bazán indicó que el congelamiento de la propuesta va “más allá de Soto” y recordó que la redacción del actual dictamen también le cerraría las puertas a una eventual postulación al expresidente Alberto Fujimori, quien desde diciembre recuperó su libertad, luego de que el Tribunal Constitucional revalidará el indulto que recibió en 2017.
La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, dijo que no conocía el tema y que no podía dar una opinión.
“No lo hemos puesto en debate dentro de la bancada, recién he llegado de la semana de representación”, expresó a este Diario.
Posturas similares tuvieron los congresistas Edgar Tello, del Bloque Magisterial, y Guido Bellido, de Perú Bicentenario.
Este Diario se intentó comunicar con los representantes de Podemos Perú, Acción Popular y Somos Perú, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.
Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Congreso señalaron a El Comercio que gran parte de la decisión para que se debate la reforma sobre impedimentos en el pleno es Moyano.
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No obstante, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, explicó que el reglamento del Congreso no fija el procedimiento cuando un dictamen se encuentra en cuarto intermedio. Pero la práctica congresal indica que el titular del Poder Legislativo y el titular de la comisión dictaminadora deben coordinar.
“Por ejemplo, el presidente del Congreso le pregunta al presidente de la comisión si está preparado o no para sustentar. Otra cosa es que no sometan a debate y votación porque el dictamen no tiene los votos. Es una reforma constitucional y requiere de una votación muy alta”, refirió.
Rospigliosi alertó que en un sector de la izquierda en el Parlamento “hay mucho sobón de Antauro Humala”, porque “sueñan con ser reelegidos” de su mano.
¿Qué dice el dictamen?
El dictamen-que acumula 22 proyectos- apunta a reformar tres artículos de la Constitución, el 34-A y el 39-A.
En el caso del 34-A, la propuesta tiene la finalidad de que aquellos que han sido sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, estén impedidos de postular a cargos de elección popular por 10 años después de haber sido rehabilitados.
En el 39-A se aplica la misma figura, pero para el ingreso a la función pública, mediante la designación en cargos de confianza.
En la actualidad, los sentenciados en primera instancia por delito doloso no puedan ni ser candidatos ni ingresar a la función pública.
