Congreso: ¿Cuáles son los riesgos del dictamen que busca suprimir facultad de jueces para inaplicar normas inconstitucionales?

En solo un mes y 10 días, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, dirigida por Isaac Mita (Perú Libre), dictaminó un proyecto de ley que tiene como finalidad suprimir la facultad que tienen los jueces de todos los niveles de realizar control difuso. Es decir, de inaplicar normas que consideren inconstitucionales, al momento de emitir una resolución.

El predictamen, que estuvo en la agenda de la sesión de este último miércoles, busca modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer que cuando un juez, “en cualquier proceso, especialidad o etapa procesal” advierta que una ley, “de cuya validez dependa” su fallo, “es inconstitucional, suspende el proceso y eleva en consulta ante el Tribunal Constitucional”.

La iniciativa- que tiene como origen un proyecto del perulibrista José María Balcázar- señala que la decisión que tome el Tribunal Constitucional será vinculante.

En su exposición de motivos, la Comisión de Justicia subraya que el control de constitucionalidad de una norma “debe ser realizado por un órgano especializado en la interpretación de la Constitución”. “La Corte Suprema, si bien es el órgano judicial superior, tiene competencias generales en diversas ramas del derecho, como el derecho civil, penal y administrativo, y no está especializada en derecho constitucional”, agrega.

Además, refiere que el mecanismo de consulta a la Corte Suprema, que debe realizar un juez tras inaplicar una ley, “incrementa innecesariamente la carga procesal y ralentiza la administración de justicia”.

El predictamen no cuenta con ninguna opinión técnica favorable. Esto debido a que, a mediados de octubre, la Comisión de Justicia solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y Colegio de Abogados de Lima sus posturas, pero no esperó a que estas instituciones le respondan.

“La fórmula contradice a la Constitución”

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos explicó que la fórmula propuesta por la comisión que dirige Mita “contradice, de manera clara, lo previsto en el artículo 138 de la Constitución”. “Según este artículo, todos los jueces de la república, en caso de considerar que una norma de rango legal contradice la Constitución, prefieren esta última en lugar de la primera”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Campos sostuvo que los magistrados del Poder Judicial “no dependen” de que el Tribunal Constitucional “avale o no su criterio”.

“De hecho, entre las competencias que la Constitución le reconoce al Tribunal Constitucional no se encuentra la absolución de consultas provenientes del Poder Judicial respecto a la validez de las normas de rango legal. El TC solo puede pronunciarse al respecto en el marco de un proceso de inconstitucionalidad que se halla previsto tanto en la Constitución como en el Código Procesal Constitucional”, expresó.

El letrado advirtió que el predictamen constituye “una fórmula groseramente inválida”. “[Esta propuesta] pone nuevamente en cuestión el principio de separación de poderes a partir de las medidas que viene adoptando el Congreso”, acotó.

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A su turno, Alberto Cruces, ex adjunto en temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, dijo que existe una “mala concepción” de parte de un sector del Parlamento, en el sentido, de que el Tribunal Constitucional debe ser el único que ejerza control constitucional, “cuando no es así”.

“Nuestro modelo es dual, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional ejercen control constitucional, esta es una facultad que viene de la misma función de la administración de justicia. Todo juez que se encuentra ante una norma que está en contra de la Constitución tiene que preferir a la Carta Magna”, detalló.

En diálogo con este Diario, Cruces refirió que concentrar esta función en el Tribunal Constitucional significaría romper un equilibrio.

“Esto [el predictamen] lo que hace es complicar más el control difuso, lo saca del ámbito del Poder Judicial y lo lleva al TC”, agregó.

Cruces estimó que, si el Parlamento aprueba esta fórmula en el pleno, el Poder Judicial, como institución, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC.

“El problema es que el mismo Tribunal Constitucional es el que debe resolver sobre competencias que se les está asignando, el pronóstico sería reservado”, concluyó.

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“Buscan limitar un derecho de los jueces”

El abogado penalista Andy Carrión alertó que el predictamen de la Comisión de Justicia tiene como objetivo “limitar un derecho constitucional otorgado a los jueces”.

Carrión dijo que el Parlamento no puede restringir, a través de una ley, que los magistrados del Poder Judicial realicen control difuso y remarcó que este cambio solo podría darse por medio de la reforma de la Constitución.

“¿Qué buscan los congresistas en el fondo? A raíz de las últimas decisiones de jueces, como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz, de inaplicar la nueva ley de crimen organizado, lo que buscan los parlamentarios es limitar esta supuesta rebeldía”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Recordó que Concepción Carhuancho inaplicó los cambios a la ley de crimen organizado para dictar prisión preventiva en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte acusado de encabezar la presunta red criminal “Los Waykis en la Sombra”.

“[Desde el Congreso] Tratan de emitir una norma con nombre propio para imponerse al Poder Judicial limitando sus atribuciones, es un peligro”, remarcó.

Carrión dijo que el Poder Judicial tiene mecanismos para autorregular el uso del control difuso, como la doble instancia.

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A fines de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó la solicitud del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, para que se archive el presunto delito de organización criminal por el que se les investiga en el Caso Los Dinámicos del Centro.

Los hermanos Cerrón buscaban que se aplique la Ley 32108, que ellos mismos impulsaron en el Congreso. No obstante, Chávez Tamariz resolvió que seguirán siendo investigados por organización criminal.