Congreso cierra su legislatura y estos son los proyectos más peligrosos que podrían aprobarse en el pleno

Horarios, exclusividad, instrucciones, restricciones para extranjeros. Todo esto aplicaría en caso se apruebe el dictamen sobre plataformas digitales elaborado en la Comisión de Trabajo.

La libertad, independencia y flexibilidad son clave para conductores, repartidores y mensajeros que prestan hoy sus servicios a través de plataformas digitales. El reto es encontrar un modelo que permita a estos independientes contar con protección social. 

En esa línea va otro proyecto presentado por la congresista Adriana Tudela, que parte de reconocer esta independencia, pero dispone estándares en temas de pensiones, seguridad social, seguros contra accidentes, etc. 

Lo que se necesita es garantizar el balance entre la protección a los independientes y la sostenibilidad del modelo de operación de las plataformas digitales.

De aprobarse el proyecto en el pleno, algunas plataformas digitales podrían dejar de operar, o se reduciría las operaciones digitales, generando una menor fuente de ingresos y de oportunidades para miles (como en España).

Hasta hace pocas semanas teníamos contabilizadas en el Congreso cerca de 110 iniciativas presentadas por 53 congresistas (todas las bancadas). En gran medida estos proyectos se pueden agrupar en dos: reforma de pensiones y retiros extraordinarios. 

En cuanto a los proyectos de retiros, absolutamente todos han recibido opiniones negativas de todas las entidades técnicas, locales e internacionales, que han sido invitadas por las distintas comisiones del Congreso. Aprobar un séptimo retiro sería no solo irresponsable, sino contraproducente con la reforma que el propio Congreso de la República está impulsando. 

En cuanto a la reforma, se han presentado dos dictámenes y el de la Comisión de Economía está ya listo para ser discutido en el pleno. 

Por otro lado, la Comisión Multisectorial de Reforma del Ejecutivo ya tiene lista la propuesta y debería socializarse muy pronto. Para avanzar en implementar una reforma tan importante es indispensable que ambas propuestas busquen puntos en común. Las coincidencias son más de las que se cree. Por ahí se debe empezar.  

El gran riesgo desde el Parlamento es el voluntarismo motivado por el desconocimiento y el prejuicio. Pasa eso con dos iniciativas puntuales que impactan severamente en el mercado financiero y el comercio en su conjunto.

El primero de ellos es el referido a la prohibición del telemarketing (la llamada ley anti-spam), que priva al ciudadano de conocer de manera rápida y directa los beneficios a los que ofrecen competidores en el mercado, por ejemplo, respecto de un mejor un plan de telefonía, la compra de un crédito a mejor tasa o, incluso, la adquisición de un plan de salud de su conveniencia, sin tener que visitar cada centro médico para conocer el detalle.

También se tiene el proyecto que prohíbe el cobro por transferencias interbancarias, que motivaría que las cerca de 250 millones de operaciones que en 2022 se realizaron por la vía remota, recurran en adelante al traslado de caudales, sin contar con ninguna seguridad, exponiendo al cliente a altísimos riesgos.

Sus proponentes dicen aspirar a la mejora del sistema. Pero, al actuar sin ningún sustento técnico, nublados por sus prejuicios, están dañando algo que funciona. Todo puede mejorarse, pero las leyes que proponen son claramente tóxicas. 

Ya pasó antes con el control de tasas de interés, que empujó a una porción importante de clientes al crédito informal y, en muchos casos, criminal pues el denominado crédito “gota a gota” utiliza hasta la violencia y la extorsión, costándole al consumidor hasta su vida o la de su familia. Pero el aprendizaje parece nulo.

El rol del Congreso para “facilitar” el camino a los mineros ilegales siempre ha estado presente, y la reciente iniciativa para abrir nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) es un ejemplo más, pues buscan que “ingresen” nuevos mineros.

Para los diversos gobiernos regionales esto representa una preocupación. El proceso de formalización al ser un proceso extraordinario pierde sentido si siempre están permitiendo el ingreso de “nuevos mineros” que en la práctica lleva a complejizar la labor de los gobiernos regionales y, en resumen, te dice “opera, destruye, invade, y luego solicita que el Estado te formalice” con el beneficio de que no puedes ser perseguido y sancionado por la Fiscalía.

Toca al Ejecutivo y a otras entidades de control estar alertas ante estos intentos dde “facilitar” el camino a la mineria ilegal. También toca estar atentos a otros proyectos como el que permite que la maquinaria de la minería ilegal pase a manos de los gobiernos locales. Aún está en manos del gobierno observar dicha propuesta que afecta la interdicción.

 La bicameralidad es una reforma necesaria y plausible. Presenta tres ventajas: i) permite que las leyes que apruebe el Congreso se discutan de forma amplia y plural; ii) desincentiva la inflación legislativa; y iii) contribuye a mejorar la proporción entre representantes y representados.

La bicameralidad nos permitiría corregir los problemas de diseño político que presenta nuestra Constitución. Figuras como la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente, o la acusación constitucional del presidente durante su mandato, por ejemplo, podrían ser reguladas de forma más consistente con nuestra práctica constitucional, aprovechando la oportunidad de revisar a profundidad nuestra Constitución orgánica.

El problema es que este Congreso no genera confianza y adolece de un grave problema de legitimidad. En esas condiciones aprobar esta reforma sería un contrasentido. Mejor sería esperar a que venga un nuevo Congreso que no adolezca de los problemas de éste, y que haga viable, en términos políticos y constitucionales, esta importante iniciativa.