Congresistas de Acción Popular buscaban apoyo para postergar las elecciones generales del 2021

Tres fuentes legislativas revelaron a El Comercio que, desde hace varios días, congresistas de Acción Popular -la bancada con mayor número de escaños (25)- vienen conversando sobre la posibilidad de lograr un consenso respecto a un proyecto de reforma constitucional para postergar las elecciones del 2021.

Una de las fuentes incluso refirió que es un deseo recurrente de la bancada, y que el primer “campanazo” fue el borrador del proyecto del legislador Luis Roel (Lima) presentado el pasado 16 de marzo, durante la primera sesión plenaria presencial del Congreso 2020-2021.

En el borrador, revelado por este Diario, Roel proponía una disposición complementaria transitoria donde establecía que “se suspende la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021, incluyendo el proceso de elecciones primarias hasta que se agote el plazo de 6 meses dados en la presente disposición. La presente suspensión es de obligatorio cumplimiento para los órganos electorales y demás poderes del Estado”.

Ante las críticas de especialistas como Fernando Tuesta, el legislador de AP retiró este apartado y el texto principal, que otorgaba seis meses al Congreso para introducir cambios electorales, fue aprobado en la madrugada del martes 17 de marzo.

Casi un mes después, Acción Popular ha vuelto a conversar sobre el tema. Las fuentes consultadas refirieron que la propuesta se maneja bajo dos argumentos: el económico y el social. “Primero se quiere decir que [el proceso electoral] cuesta 700 millones [de soles], y que esa plata mejor se utilice en reactivación económica. Segundo, que el primer ministro Vicente Zeballos ha dicho que las actividades que generen aglomeración serán suspendidas hasta el 2021, lo que implica que los partidos no podrán hacer mitines, concentraciones, no podrán hacer campañas”, explicó una fuente.

La única discrepancia en Acción Popular es el tiempo de postergación. Algunos proponen tres años y otros quieren irse de largo hasta el 2026, con lo cual podrían tener un periodo completo de cinco años en el Parlamento.

Otto Guibovich (Áncash), el vocero titular de AP, dijo no haber escuchado a “ningún miembro” de su bancada hablar sobre el tema y que eso debería desaparecer del debate parlamentario.

Sin embargo, todo lo aseverado por nuestras fuentes fue confirmado por el vocero alterno Ricardo Burga (Lima), quien aseguró que se trata de propuestas “informales” que se están discutiendo al interior de su grupo parlamentario.

“En algunos casos se está viendo el costo-beneficio. El Congreso pasado aprobó las elecciones primarias por un monto de 750 millones [de soles], luego la [elección] real, serán otros 750 millones [de soles], entonces la cuestión es analizar si dichos montos son necesarios para la salubridad antes que una elección que se puede suspender un año. Así, podríamos juntar en el 2022 [los comicios presidenciales y congresales] con las regionales y municipales y realizar una sola elección”, refirió Burga a El Comercio.

Para el legislador Burga, el plazo máximo de suspensión sería de un año y, bajo ese planteamiento, tiene otra salida referida al mandato constitucional del presidente Martín Vizcarra.

“Que el mandato constitucional [del presidente Vizcarra] termine realmente y asuma, de repente, el presidente del Congreso [Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes)] de manera transitoria y sea él quien convoque elecciones generales. Va a depender mucho del informe real de la situación y cuánto va a durar esto. Esto no termina en abril. No va a haber concentraciones, ¿cómo siquiera haces elecciones internas si no puedes hacer reuniones masivas?, no puedes hacer campaña. Es muy complicado”, sostuvo Burga tras indicar que se trataban de “medidas sueltas viendo la coyuntura”.

Este Diario buscó comunicarse con el legislador Luis Roel (Lima), pero no contestó nuestras llamadas ni nuestros mensajes. Lo mismo sucedió con el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien a su vez es representante de Tumbes en la bancada de la lampa.

Las fuentes consultadas también indicaron que los legisladores de Acción Popular buscaban un acercamiento con Palacio de Gobierno es busca de un “punto medio”, pero el martes 14 recibieron un gran revés.

“Las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del 2021 porque el problema (de la emergencia por la pandemia del coronavirus) ya estará superado en ese momento y sí será posible llevar elecciones y, obviamente, ratifico que no seré candidato porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley, sino cumplo también con mi palabra”, dijo el mandatario Martín Vizcarra en su conferencia de prensa del martes.

El presidente tiene mucho poder, pero cuando se trata de elecciones está mucho más limitado.

El especialista José Manuel Villalobos explicó que solo el Congreso podría modificar la fecha de una elección a través de una reforma constitucional. “El Ejecutivo no puede cancelar ni postergar la fecha de una elección. Es causal de vacancia impedir la realización de elecciones”, refiere.

El JNE, de oficio o a pedido de parte, puede declararla cuando se comprueben graves irregularidades que hubiesen modificado los resultados de la votación, o por la inasistencia de más del 50% de votantes.

Diferir la fecha de la elección

Por el momento, las bancadas de Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú, Partido Morado y el Frente Amplio expresaron, a través de sus voceros consultados por este Diario, el rechazo a la idea de postergar las elecciones. Desde Fuerza Popular y Somos Perú, también mostraron su oposición, aunque esbozaron la posibilidad de diferir la fecha de los comicios pero todo dentro del 2021.

Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, refirió que la propuesta analizada al interior de Acción Popular es “irresponsable” y que requiere de una reforma constitucional que, a su parecer, no es viable.

“Lo que podría hacerse es diferir la fecha dentro del límite para irnos todos en julio, pero no podemos hablar de postergar las elecciones. Estoy hablando de, por una cuestión técnica, realizar la elección ya no en abril sino en mayo, pero de todas maneras realizar la sucesión en julio”, indicó el portavoz fujimorista.

Mientras que el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza (Lima), refirió que lo que se podría cambiar es que la elección se realice en junio, mes en el que se suele realizar la segunda vuelta. “Todo depende del desarrollo de la pandemia, tenemos que ir por partes y cucharadas. En abril debemos hablar con expertos y ver si alargamos [las elecciones] hasta junio. Si fuera inevitable, alargar a seis meses más, pero todo en función de cómo se desarrolle el COVID-19. Ver una reforma constitucional para que se alargue el periodo presidencial pero solo unos meses más”, sostuvo a El Comercio.

Para la vocera del Frepap, María Céspedes (Lima), se necesita de la opinión técnica de los organismos electorales para analizar el panorama electoral que se avecina en medio de la pandemia del COVID-19. En ese sentido, Luis Valdez, legislador de Alianza para el Progreso y primer vicepresidente del Congreso, indicó que se buscará una reunión con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer su apreciación técnica sobre las forma en la que se debe llevar a cabo el proceso electoral 2021. “Nosotros somos respetuosos los procesos democráticos y de ninguna forma apoyaríamos una postergación de los comisiones. Lo que deberíamos estar pensando es en dejar en suspenso la reforma política. Para eso necesitamos una opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

Propuestas técnicas

Consultado al respecto, el magistrado del JNE, Jorge Rodríguez Vélez, rechazó enfáticamente la posibilidad de postergar las elecciones y afirmó que existen medidas necesarias para el proceso electoral 2021, pero que no solo corresponden a su institución, sino al sistema electoral en su conjunto, y de la mano con el Congreso. Por ello, resaltó la necesidad de reuniones conjuntas para el consenso en más de una medida, teniendo presente el cumplimiento de las disposiciones sanitarias del estado de emergencia y disminuyendo al máximo los riesgos.

A modo personal, el magistrado elaboró una serie de propuestas sobre el proceso electoral 2021. “De manera excepcional, por la situación que se afronta en el país debido al riesgo de propagación del COVID-19, se podría evaluar modificar las condiciones para la segunda vuelta electoral en las próximas elecciones generales, pudiendo procederse con dicho proceso complementario solo en los siguientes casos: que el ganador de la primera vuelta no alcanzara el 45% de los votos, o que superando el 40% de los votos tuviera una diferencia menor a 10 puntos porcentuales con el segundo”, explicó.

Asimismo, planteó presentar un proyecto de ley para incorporar una disposición transitoria que establezca la obligatoriedad del voto solo hasta los 60 años. En esa línea, también propuso que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evalúe establecer un horario diferenciado para la emisión del voto de las personas mayores de 50 años, gestantes y personas con discapacidad. “Entre las 7 am y las 9 am podrían emitir su voto de manera exclusiva, sin perjuicio que puedan acudir en el transcurso del día en caso no hayan podido acudir en el horario establecido”, dijo.

De otro lado, esbozó la idea de incorporar otra disposición transitoria, la cual disponga que -de manera excepcional- las mesas de sufragio se conformen con un máximo de 150 personas y puedan funcionar desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

Por último, el magistrado Rodríguez Vélez señaló la importancia de evaluar la pertinencia de implementar la inscripción de organizaciones políticas de manera virtual. Así como determinar mecanismos virtuales que podrían implementarse para lograr obtener el número mínimo de afiliados y eximir de manera excepcional la fiscalización en campo de la constitución de comités partidarios, sin perjuicio de la fiscalización posterior.

Por lo pronto, la bancada Podemos Perú ya presentó un proyecto de ley que propone suspender los efectos de la reforma política aprobada por el Congreso 2016-2019, en los puntos referidos a las elecciones primarias y a la adecuación a la norma de inscripción y cancelación de partidos políticos.