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La Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue al expresidente Pedro Castillo, a Aníbal Torres y el resto de su gabinete de exministros por haber ordenado una inmovilización social obligatoria en abril del 2022.
La denuncia constitucional 255 fue admitida como procedente por la subcomisión, y, por mayoría, se aprobó el plazo de tiempo para que se elabore un informe final sobre estos hechos.
Votaron a favor de esta decisión 15 congresistas, 3 en contra y 6 abstenciones. Se opusieron legisladores de bancadas como Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático - Juntos por el Perú.
La acusación fue formulada por Vivian Olivos, de Fuerza Popular, porque el gobierno de Pedro Castillo y el gabinete de Aníbal Torres emitieron el decreto supremo 034-2022-PCM para ordenar una inmovilización social obligatoria el 5 de abril del 2022.
La Comisión Permanente también admitió y otorgó 15 días de plazo a una segunda denuncia contra Aníbal Torres presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
En otro momento se la sesión de este miércoles, la comisión encabezada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), otorgó un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a tres denuncias constitucionales presentadas contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, y una contra Iván Noguera Ramos.
Estos casos contra los implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” incluyen acusaciones presentadas por Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, y su sucesora Patricia Benavides.
