Caso Nicanor Boluarte: Congreso mantiene congelado desde el 2022 dictamen que busca eliminar cargo de prefectos

A pesar de la serie de denuncias sobre la instrumentalización de los prefectos y subprefectos del país por parte de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, para la constitución del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), en el Congreso tienen congelado un dictamen que propone la eliminación de estos cargos desde noviembre de 2022. Es decir, un año y medio.

El dictamen fue aprobado por mayoría el 15 de noviembre del referido año en la Comisión de Descentralización del Parlamento, entonces presidida por la congresista Diana Gonzales (Avanza País). Una semana después ingresó a la agenda del pleno. No obstante, durante la conducción de José Williams Zapata de la Mesa Directiva no fue debatido.

En noviembre de 2023, la Junta de Portavoces acordó nuevamente ubicarlo en la agenda plenaria. Pero a seis meses de ello, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), no ha puesto esta iniciativa a análisis y votación.

El Comercio informó el último lunes que 64 subprefectos designados directamente por el gobierno de la presidenta Boluarte durante el año pasado figuran como militantes de Ciudadanos por el Perú. De estos, la gran mayoría- 59 de ellos- se mantienen en el cargo.

Pero, además de ello, hay un hecho relevante que arroja la investigación realizada por este Diario. Y es que, en varios casos, no solo es el subprefecto el que aparece en los padrones de CPP, sino también sus familiares. El Comercio identificó, por lo menos, cerca de 40 hermanos de las autoridades, aunque no se descarta que hallan más familiares en el padrón.

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Solicitará a Soto priorizar dictamen

El actual presidente de la Comisión de Descentralización, Alejandro Cavero (Avanza País), adelantó que solicitará, nuevamente, a Soto la priorización de este dictamen en el pleno antes de que concluya la actual legislatura el 15 de junio.

“No sé por qué [en todo este tiempo] no se ha visto el tema de los prefectos. Yo estoy a favor del dictamen aprobado en la administración de Gonzales. Suscribo que la idea de prefectos y subprefectos no tiene mucho sentido el día de hoy, las autoridades más cercanas [a la ciudadanía el día de hoy] son los alcaldes y los gobernadores regionales”, manifestó a este Diario.

Cavero remarcó que la idea de mantener a los prefectos “es arcaica” y “se presta a la manipulación política”.

Agregó que estas autoridades no deben ser utilizadas “para colectar firmas” o captar militantes para que el presidente de turno pueda tener su partido.

En ese sentido, exhortó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a brindar explicaciones sobre las medidas correctivas que está adoptado sobre la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN), organismo que nombra y regula a los prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales en todo el país.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Parlamento indicaron que al inicio de la administración de Soto acordaron con los portavoces que cada bancada propondría dos o tres proyectos, según el tamaño de su agrupación, para que se debatieran en el pleno.

Sin embargo, reconocieron que Soto también podría introducir al debate la iniciativa que elimina el cargo de prefectos y subprefectos.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el ministro del Interior dijo que tiene conocimiento “de todos estos hechos”, en referencia al informe de El Comercio. Y subrayó que la primera medida que adoptó fue solicitar la reorganización de la DGIN y para ello designó como su director general a Mario Luis Accinelli Nolte, oficial de la Policía Nacional en retiro.

“Se ha dispuesto que se revisen todos los nombramientos [de prefectos y subprefectos] y que se corrija y que ponga en conocimiento si es que pudiera determinarse infracción a la ley. Estimo que [Accinelli Nolte] ya remitirá el informe a mi despacho en los próximos días”, expresó.

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Posturas encontradas en el Parlamento

Desde Alianza para el Progreso, la congresista Lady Camones dijo que hace dos meses su bancada tuvo una reunión, en la que se abordó el dictamen de la Comisión de Descentralización y acordaron respaldar la eliminación de los puestos de prefectos y subprefectos “ante tanto cuestionamiento no solo en este, sino en otros gobiernos”.

“Considerando que los gobernadores regionales son la representación del Ejecutivo, la existencia de los prefectos es innecesaria. ¿Cuánto puede ahorrar el Estado si es que no estuvieran? La Junta de Portavoces debe priorizar [esta fórmula]”, refirió.

En comunicación con El Comercio, la expresidenta del Parlamento rechazó que haya existido falta de voluntad política de la Mesa Directiva.

“Ha habido otros temas y puede que se haya descuidado, pero no hay un tema de querer proteger [a nadie]”, subrayó.

Camones negó que la dilatación para que el pleno debata la iniciativa sea que APP tiene a militantes como prefectos y subprefectos.

“No debe continuar la pésima utilización que han hecho todos los gobiernos. Los prefectos no están para conformar partidos ni para a atraer militantes”, acotó.

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) también cuestionó el uso político que Nicanor Boluarte le ha dado a los prefectos y subprefectos. “El gobierno está usufructuando el poder. Existe un aprovechamiento de estos cargos para beneficiar a un partido que en realidad es promovido por la presidenta y su hermano es el principal operador”, dijo a este Diario.

Cruz indicó que en la bancada perulibrista, la mayoría está a favor del dictamen que propone eliminar los referidos puestos. “No hay una decisión como partido, pero hay una postura mayoritaria de que ya no deberían existir. Existe un manejo político de parte de los gobiernos”, complementó.

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A su turno, el parlamentario Edgar Tello (Bloque Magisterial) lamentó el “mal uso” que el gobierno de Boluarte le está dando a las autoridades políticas designadas por la DGIN. Añadió, a título personal, que él respalda la propuesta para que se eliminen estos cargos.

“Ya tiene un buen tiempo en la agenda del pleno, esperamos que lo puedan abordar. También es necesario que el Ministerio del Interior aclare la situación”, sostuvo.

Una postura diferente tuvo la portavoz de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, quien afirmó que “es grave” la denuncia periodística de El Comercio, pero remarcó que “la solución no es eliminar la figura de los prefectos y subprefectos”.

“Hay que evaluar medidas que definan las competencias de estas autoridades y que precisen los criterios de nombramiento, para evitar o reducir el uso político de estas instituciones [...] Urge que la Comisión de Defensa y Orden Interno o de Descentralización cite al ministro del Interior, a fin de que responda al país sobre el nombramiento irregular de más de 60 subprefectos. Es inadmisible la intervención del hermano de la presidenta en estas designaciones”, manifestó.

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El punto de vista

El ex viceministro de Orden Interno del Mininter Ricardo Valdés consideró que el Congreso debe evaluar trasladar las funciones de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) a otros organismos del Estado. Por ejemplo, lo relacionado a lo notarial puede ser asumido por los gobiernos regionales, mientras la entrega de garantías por la Policía Nacional.

“Esta oficina [incluyendo a los prefectos y subprefectos] tiene un costo de más de S/60 millones [al año] que pueden ser destinados a favorecer la seguridad y no a mantener una estructura paralela que ha sido usada para pagar favores”, dijo a El Comercio.

Valdés también indicó que existe una cadena de responsabilidades sobre la presunta utilización política de los prefectos y subprefectos por parte del hermano de la presidenta.

“Primero del director general de la DGIN, que fue removido, luego el viceministro de Orden Interno y luego el ministro del Interior. Es Santiváñez el responsable político, y esto no queda ahí, sin duda llega hasta la presidenta por los nexos familiares. Ante las evidencias, la presidenta debe tomar decisiones. Si son más de 60 funcionarios [lo que militan en CPP], no sé qué espera la señora Boluarte para indicarle al ministro que proceda a la remoción de estos”, remarcó.

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Más información

Nicanor Boluarte- de acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop)- es el presunto cabecilla de la organización criminal Los Waykis en la Sombra.

Esta red es acusada de instrumentalizar a los prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales para la formación del partido Ciudadanos por el Perú, entre otros.

En la resolución judicial que dispuso su detención preliminar y la de otros siete imputados, se subrayó que Nicanor Boluarte ejerció un “poder de facto” que le fue otorgado por su hermana desde que ella juró como jefa de Estado. Esto con el objetivo de “emprender un programa criminal para copar” la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior.