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A poco más de tres meses del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, la ex jefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez afronta tres investigaciones preliminares en el Ministerio Público y está al borde de la suspensión en el Congreso. La abogada tacneña ha sumado una denuncia más: cobrar asignaciones por más de S/15.000 al Parlamento cuando era ministra.
Los 130 parlamentarios no solo reciben cada mes un salario de S/15.600, sino también dos pagos, uno de S/7.617 por asignación por la función congresal y otro de S/4.000 por apoyo a la semana de representación.
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Según informó “Panorama”, Chávez Chino recibió en dos oportunidades la asignación por la función congresal. Por ejemplo, en octubre de 2021 fue la primera vez que se embolsó ese dinero, a pesar de que había jurado como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, tras el ingreso de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La legisladora de izquierda hizo lo mismo en agosto de 2022, cuando retornó al Gabinete Ministerial, tras haber sido censurada por el Congreso, pero esta vez al sector Cultura.
Al respecto, el abogado Martín Cabrera, consultor de 50+1 en asuntos parlamentarios, señaló que el artículo 3 de la Ley del Empleo Público “es explícita y clara” al establecer una prohibición de percibir dos remuneraciones por parte del Estado.
Agregó que en el caso puntual de Chávez sí se enmarca en esta condición, al recordar que a la asignación por la función congresal se le hace el descuento del impuesto a la renta.
“Para mí, al menos constituye una infracción al Código de Ética del Congreso. Hace 10 años ocurrió algo similar con Ana Jara, quien tuvo que devolver más de S/70.000. Chávez merece una suspensión. Y el Congreso debe evaluar si hubo o no perjuicio económico y luego demandar la devolución del dinero”
Martín Cabrera, consultor de 50+1 en asuntos parlamentarios
En comunicación con El Comercio, Cabrera refirió que para evitar este tipo de situaciones, “que abonan a la perdida de confianza y afectan su legitimidad”, la Mesa Directiva del Congreso debe determinar “los alcances y los límites” de la asignación por desempeño de la función congresal. “Esta es un asunto que tiene casi 15 años esperando”, acotó.
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Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que si bien la Comisión de Ética del Parlamento puede tomar medidas sobre Chávez Chino, es la Fiscalía de la Nación la que tiene que adoptar acciones concretar, como el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de peculado de eso.
“Ella era ministra de Estado y, por ende, no realizaba funciones de representación. ¿Fiscalizaba, representaba o legislaba en ese tiempo? No, y no debía recibir este dinero […] Si el Ministerio Público no actúa, el procurador del Congreso debe denunciar. Acá lo más grave no es la falta ética, sino que hay un delito penal”
Alejandro Rospigliosi, abogado, experto en temas parlamentarios
Rospigliosi, además, sostuvo que “existe un patrón de comportamiento” en Chávez Chino, en el sentido de “violar la Constitución y las leyes”.
A su turno, el abogado penalista Jefferson Moreno indicó a El Comercio que un funcionario público que recibe un ingreso de parte del Estado por no haber cumplido su función en realidad “se está apropiando de dinero público”.
“Esto en derecho penal se tipifica como peculado, y dependiendo de las circunstancias se puede agregar falsedad ideológica”
Jefferson Moreno, abogado penalista
Moreno refirió que es muy probable que el Ministerio Público vaya a iniciar una nueva investigación preliminar contra Chávez Chino.
“Esto complicaría mucho su situación, sobre todo en este momento en que se discute si existe o no peligro procesal de su parte”, sostuvo.
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La abogada penalista Romy Chang consideró, por su parte, que el Parlamento debe determinar si los depósitos de la asignación por función congresal a Chávez fueron un error administrativo o se dieron a solicitud de la exministra.
“El problema a nivel penal se daría si es que se le requiere devolver este dinero y no lo hace, porque ahí se estaría apropiando indebidamente de un monto que no le corresponde”, subrayó.
Comisión de Ética evalúa situación
La presidenta de la Comisión de Ética del Parlamento, Karol Paredes (Acción Popular), adelantó a El Comercio que está evaluando la denuncia hecha en “Panorama” “para proponer” el inicio de una investigación preliminar de oficio. Agregó que esto se podría definir la próxima semana, en una nueva sesión de su grupo de trabajo.
“Esto, sin embargo, no quita que cualquier ciudadano o congresista pueda presentar una denuncia de parte, la que de darse se tramitaría de manera directa”, expresó.
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De otro lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (Alianza para el Progreso) advirtió que Chávez Chino podría tomar una “decisión desesperada”, como buscar asilo en alguna embajada, ante su posible levantamiento de antejuicio y suspensión de la función congresal.
Agregó que el hecho de que la investigada por el golpe de Estado de Castillo haya entregado su pasaporte diplomático al Parlamento sería parte de una “estrategia” para dar señales de que no pretende fugarse del país.
“Creo que son estrategias, quiere ella dar señales de que no tiene intenciones de salir del país. Quizás pudiera ser cierto, el problema es que no solamente está el riesgo de que ella podría fugar del país, sino que también podría buscar asilo en las embajadas que tienen como aliados”, manifestó en Canal N.
Fuentes del Parlamento indicaron que la ex primera ministra no ha presentado ningún documento que busque dilatar la sesión de la Comisión Permanente, donde este martes definirá si aprueba o no el informe que solicita acusarla por rebelión y conspiración, así como su suspensión de su labor como legisladora.
Además…
Revés para el Parlamento
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró improcedente la solicitud hecha por el presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), para que se dicte una orden de impedimento de salida del país en contra de Chávez Chino y el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Este último es parlamentario de Juntos por el Perú.
En su resolución, Checkley indicó que el petitorio de Williams Zapata no se indicó la duración de la medida y “asimismo no se aprecia que se hayan fundamentado los elementos de convicción que sustentan” la medida “en función de los hechos materia de la imputación, es decir, acorde con el relato fáctico presuntamente delictivo atribuible a los investigados”.
El magistrado explicó que las solicitudes de medida limitativas “deben estar formuladas en forma motivada y específica, de manera que se basten por sí mismas, máxime si implican la restricción de derechos fundamentales”. “Por ende, resulta imprescindible precisar su pretensión y fundamentarla debidamente, acorde a la normativa procesal”, agregó.
En ese sentido, el juez supremo le dio un plazo prudencial al titular del Congreso para subsanar su pedido.
