APP busca que Congreso y no JNJ destituya a jueces y fiscales supremos: ¿Cuáles son los peligros de la propuesta?

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) planteó reformar la Constitución para, entre otras medidas, quitarle la facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a jueces y fiscales supremos. Según la propuesta, esa potestad recaería únicamente en el Congreso de la República.

La propuesta fue presentada el 28 de diciembre y un día después, el 29, fue derivada a la Comisión de Constitución, que preside Martha Moyano (Fuerza Popular).

Mediante un proyecto de ley, APP quiere modificar los artículos 144 y 158 de la Constitución, la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Carrera Fiscal bajo el presunto argumento de fortalecer al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Actualmente, la JNJ tiene abierto un proceso disciplinario contra la fiscal suprema Patricia Benavides, que podría culminar en su destitución. Por este caso, la suspendió de manera provisional como fiscal suprema y del cargo de fiscal de la Nación el pasado seis de diciembre, por un plazo de seis meses.

El proyecto de ley también plantea que los cargos de presidente del Poder Judicial y fiscal de la Nación sean ejercidos por el vocal supremo titular y el fiscal supremo titular de mayor antigüedad, respectivamente. En ambos casos por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección.

El autor del proyecto es el legislador Roberto Chiabra, mientras que figuran como coautores los congresistas Magaly Ruiz, Eduardo Salhuana, Idelso García, Cheryl Trigozo y Nelcy Heidinger. Todos ellos integran la bancada del partido de César Acuña.

ESTE ES EL PROYECTO DE LEY DE APP:

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el proyecto de ley es “muy peligroso”. “Considero que mientras mayor autonomía e independencia tengan tanto el Poder Judicial como la Fiscalía de la Nación es mejor”, dijo.

Para Urbina, la injerencia de un fuero político por excelencia, como es el Congreso de la República, es peligrosa porque podría llevar a que jueces supremos o fiscales supremos tomen decisiones por cuestiones políticas en lugar de motivos jurídicos y de derecho, para evitar alguna posible destitución.

Además, recordó que fiscales y jueces supremos ya pueden ser acusados constitucionalmente por el Congreso de la República, como ocurrió con junio pasado con la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada para ejercer función pública por cinco años.

“Agregarle esto otro del proyecto de ley, a mi juicio, es bastante peligroso. Yo creo que esta reforma no debería proceder”.

Erick Urbina, abogado constitucionalista

En opinión de la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, es inoportuno que la destitución de fiscales y jueces supremos salga de la competencia de la JNJ y pase al Congreso “porque eso supone politización y riesgo a la independencia del sistema de justicia”.

Ramírez añadió: “En cuanto al nombramiento, la antigüedad per se no parece ser la mejor característica para rotar la presidencia. Un sistema de elección universal en el nivel inferior sería más consistente”.

En tanto, Alejandro Rospigliosi, constitucionalista y especialista en asuntos parlamentarios, consideró que el sistema actual es adecuado, más allá de sus integrantes.

Rospigliosi resaltó que un juez supremo o un fiscal supremo puede salir del cargo por dos vías: por un proceso disciplinario en la JNJ o por una acusación constitucional en el Congreso. Eliminar una de esas vías - en opinión del especialista - “es peligroso porque puede haber un Congreso con una sola mayoría que nunca sacaría a los fiscales o jueces supremos afines”.

No obstante, Rospigliosi señaló que es poco probable que el Congreso actual apruebe el proyecto, ya que por tratarse de una reforma constitucional, requiere alcanzar 87 votos en dos legislaturas. “La valla es alta, por eso las reformas constitucionales en este quinquenio no están pasando”, señaló.

El proyecto de ley será evaluado a nivel de comisiones. Si prospera llegará al pleno, la última y definitiva instancia parlamentaria.