Congreso: Rechazamos actos que interfieran con las competencias exclusivas y excluyentes, así como garantías de congresistas

El Congreso de la República rechazó “enérgicamente” todo acto que puede interferir con las “competencias exclusivas y excluyentes” del Legislativo y consideró que cualquier investigación del Ministerio Público o proceso de carácter judicial que busque “cuestionar o perseguir el sentido de una votación parlamentaria” no debe ser aceptado en un Estado de derecho.

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A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional de Twitter, el Parlamento cuestionó que se busque “intimidar” a los legisladores con investigaciones fiscales por el sentido de su voto con respecto a las investigaciones que inició el Ministerio Público este sábado 10 de julio, por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

“Rechazamos enérgicamente todo acto que interfiera con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. así como con las garantías y competencias de cada uno de los congresistas que lo conforman [...] por lo que cualquier proceso judicial o fiscal que quiera cuestionar o perseguir el sentido de una votación parlamentaria no tiene cabida en un Estado constitucional de derecho”, se lee en el documento.

“Condenamos cualquier forma de amedrentamiento o intimidación contra los congresistas de la República y la institución, lo que incluye la filtración al público de información reservada de forma vedada y selectiva”, indica.

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En esa línea, el Legislativo dijo confiar que “la actuación jurisdiccional cuestionada como las indagaciones preliminares iniciadas el pasado sábado serán prontamente archivadas en todos sus extremos”.

Remarcó, en esa línea, que “tanto de los congresistas como de los órganos parlamentarios con respecto al proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, se realizó en concordancia con la Constitución y leyes vigentes”.

El pasado 7 de julio el Congreso de la República decidió desobedecer una orden del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, la cual disponía que se suspenda el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La decisión se tomó con 87 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, con lo que el pleno seguirá adelante con el debate y elección de los seis nuevos miembros del TC.

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La suspensión ordenada por la jueza Soledad Blácido Báez fue en atención a una medida cautelar presentada por el abogado Walter Ayala, quien presentó una demanda de amparo para que se considere como nulo el procedimiento de elección de tribunos.

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