La Comisión Permanente de Congreso rechazó por mayoría la propuesta del Poder Ejecutivo para que el cargo de contralor general de la República recaiga en el juez supremo Pedro Cartolín Pastor. Luego de esta decisión, el Gobierno de Dina Boluarte tiene la posibilidad de presentar a un nuevo candidato. Sin embargo, también se abren las puertas a la permanencia del actual titular del órgano de control, Nelson Shack, cuyo mandato de 7 años vence el próximo 19 de julio, advirtieron especialistas consultados por El Comercio.
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La posición del Poder Legislativo será notificada al Ejecutivo para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales, señaló el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, antes de concluir la sesión.
Horas más tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno presentará una nueva candidatura para reemplazar al actual contralor general de la República. “Somos respetuosos de las decisiones del Congreso de la República. Se establece normativamente que la presidenta de la República propondrá al Congreso de la República el candidato para ejercer el cargo de contralor general de la República por el periodo de siete años”, declaró el primer ministro a los medios de comunicación.
“Al no haberse producido esa ratificación, la presidenta de la República volverá a presentar una nueva candidatura en fecha próxima”, agregó.
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Decisión
La votación se llevó a cabo sin que ningún integrante de la Comisión Permanente participara del debate. El candidato de Boluarte obtuvo ocho adhesiones a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones. Necesitaba la mayoría simple (15 votos) para convertirse en el nuevo contralor general de la República.
En contra:
- Arturo Alegría (Fuerza Popular)
- Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
- Eduardo Castillo (Fuerza Popular)
- Patricia Juárez (Fuerza Popular)
- Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular)
- Martha Moyano (Fuerza Popular)
- Rosselli Amuruz (Avanza País)
- Diego Bazán (Avanza País)
- Hilda Portero (Acción Popular)
- Wilson Soto (Acción Popular)
- Edgard Reymundo (Cambio Democrático)
- Nieves Limachi (Cambio Democrático)
- Segundo Montalvo (Perú Libre)
- Alex Paredes (Bloque Magisterial)
- Jorge Coayla (Perú Bicentenario)
- Héctor Valer (Somos Perú)
- Esdras Medina (No agrupados)
A favor:
- Eduardo Salhuana (APP)
- Lady Camones (APP)
- María Acuña (APP)
- Jorge Montoya (Renovación Popular)
- Patricia Chirinos (Podemos Perú)
- José Luna (Podemos Perú)
- Francis Paredes (Podemos Perú)
- Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial)
Abstención:
- José Cueto (Renovación Popular)
- Waldemar Cerrón (Perú Libre)
- Margot Palacios (Perú Libre)
- Isaac Mita (Perú Libre)
Antes de la votación, Jorge Montoya, presidente de la subcomisión evaluadora, sustentó el informe final del grupo de trabajo que señalaba que Cartolín cumplía con los requisitos para el puesto y recomendaba ratificar la nominación del Poder Ejecutivo.
El grupo de trabajo liderado por Montoya aprobó, el lunes 13 de mayo, la candidatura de Cartolín en una votación ajustada que tuvo que definirse con el voto dirimente de su titular.
Ese día varios integrantes de la subcomisión cuestionaron la falta de experiencia e idoneidad del magistrado para encabezar el órgano de control. Aún así pasó a la siguiente etapa del proceso, que concluyó este miércoles 15.
Luego de que sustentara el informe final, Cartolín respondió a las interrogantes de los integrantes de la Comisión Permanente. Se le preguntó, por ejemplo, si contaba con conocimientos en cuentas generales de la república, análisis de presupuestos y auditoría de estados financieros.
En respuesta, el candidato señaló que es un abogado con maestría en derecho constitucional y que cuenta con un doctorado. Agregó que tiene 21 años de experiencia como magistrado en distintas instancias hasta convertirse en presidente de la Corte Superior de Justicia Lima - Sur. También destacó su labor como gerente legal de una empresa municipal (Emape), pese a que no había incluido ese puesto en su hoja de vida alegando que “no lo consideraba importante” porque fue hace más de 20 años.
Afirmó que decidió salir de su “zona de confort” al tentar el cargo de contralor. Asimismo, comentó que no considera que la idoneidad “esté dada por el dominio de una ciencia o profesión específica” y que “las habilidades blandas” y la capacidad de liderazgo son “más importantes”.
Reiteró, además, que no tiene un vinculo con el prófugo exjuez César Hinostroza, implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Jamás he tenido relación de amistad o cercanía con el señor César Hinostroza ... solo me ha unido una relación laboral”, aseveró.
Los resultados de la votación le fueron adversos al magistrado y no logró convertirse en el sucesor de Shack.
Horas después, mediante un comunicado, la bancada de Acción Popular exigió al Poder Ejecutivo que remita “a la brevedad posible” una terna de candidatos que “cumpla no solo con los requisitos de forma, sino también con los requisitos de fondo e idoneidad”.
#Comunicado pic.twitter.com/w6nKbBaitg
— Bancada Acción Popular 🇵🇪 (@ApBancada) May 15, 2024
Mira aquí el debate:
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Escenarios
Tras la decisión del Poder Legislativo, el Gobierno de Boluarte está facultado a presentar a un nuevo candidato para el cargo de contralor general de la República. Así lo explicaron a El Comercio los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina.
Rospigliosi dijo que hay tiempo para que la jefa de Estado presente más candidatos debido a que el mandato de Nelson Shack concluye en julio. “Hay un antecedente. Por ejemplo, Alan García presentó a un candidato [Edmundo Beteta y ] y luego presentó a Fuad Khoury, quien fue elegido por la Comisión Permanente”, expresó.
“La presidenta de la República está habilitada para presentar candidatos cuantas veces quiera, no tiene un límite, puede hoy mismo enviar una propuesta o esperar más tiempo”, señaló, por su parte, Urbina.
Sin embargo, en el Congreso también está pendiente de una segunda votación la iniciativa que plantea modificar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para que su titular permanezca en el cargo hasta la elección de su sucesor. En la actualidad, la ley dispone que el puesto lo ocupe el vicecontralor más antiguo, de manera interina.
La norma- impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Somos Perú y Podemos Perú- fue aprobada en primera votación en abril de este año. Ello luego de que prosperará una solicitud de reconsideración a la votación de diciembre del 2023, en la que el pleno rechazó la propuesta.
La situación se revirtió cuatro meses después gracias a los votos del Podemos Perú y el Bloque Magisterial.
El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), primer vicepresidente del Congreso, descartó que el tema entre en la agenda del pleno de esta semana. Sin embargo, evitó detallar si se abordará en esta legislatura. De aprobarse, el actual contralor Nelson Shack continuaría en funciones hasta que se elija a su sucesor.
“No lo han propuesta en la agenda priorizada del día de ayer [martes 14 de mayo]. Y esta semana tenemos agenda copada, entre interpelaciones y los pedidos de por portavoces”, afirmó en diálogo con este Diario.
Para Alejandro Rospigliosi, “al tratarse de una reforma legal es muy probable que prospere”. “Quieren cambiar esa norma para que se quede hasta que nombren a su reemplazo”, subrayó.
A su juicio, Shack “ya no es una persona idónea” para el cargo de contralor al “dictar clases en la Universidad César Vallejo, que pertenece al gobernador regional de La Libertad y líder de APP, César Acuña”.
“La alternancia en el poder es un principio de importancia en la democracia. Cumples con tu período, haces tu maleta y te vas a tu casa, que venga el sucesor. ¿Hasta cuándo se va a quedar este señor [si prospera la modificación de la ley]?”, sentenció.
A su turno, Erick Urbina dijo que debe estipularse con mayor precisión “qué sucede con el cargo cuando no se ha elegido a un contralor”. Remarcó que la representación nacional no exoneró la norma de segunda votación porque “necesitaba su número más alto de votos y no se consiguió”.
Advirtió que el pleno está habilitado a realizar esta segunda votación porque ya han pasado más de siete días desde la primera decisión.