Congreso: Los casos que la Comisión de Ética no quiso investigar

“Se propondrá al pleno de la Comisión de Ética en la próxima sesión una denuncia de oficio contra el citado congresista”, dijo Yupanqui el lunes a El Comercio.

MIRA: Congreso: Propondrán que Ética investigue a Daniel Olivares por revelar que fuma marihuana

Desde el 18 de junio del 2020, cuando la Comisión de Ética empezó funciones, el grupo ha desestimado más de veinte casos contra congresistas. Además, si bien hay 19 investigaciones en proceso, no existen sanciones ejecutadas hasta el momento.

Como este Diario informó a fines de diciembre del 2020, el caso del vuelo humanitario Lima - Cusco, habilitado en marzo del 2020 para las personas que quedaron varadas por la pandemia y que fue abordado por los congresistas Matilde Fernández (Somos Perú), Juan de Dios Huamán (Frepap) y Rubén Pantoja (UPP), recién tuvo su informe final con la sanción recomendada el 1 de diciembre. Es decir, 255 días después de registrarse el hecho.

Por otro lado, ninguna sanción ha sido ejecutada hasta el momento debido a que se tiene que citar a los congresistas a una siguiente sesión para la lectura de ella, dijo Yupanqui a El Comercio a fines de diciembre.

A esto se suma el caso del congresista Marco Verde Heidinger (Alianza para el Progreso), para quien el 1 de diciembre la Comisión de Ética aprobó un informe final que recomienda su suspensión por 15 días. El 24 de mayo del 2020, fue captado junto a otras personas bebiendo licor en su casa de Oxapampa, esto pese a las restricciones por la pandemia. Sin embargo, debido a que hay un pedido para reconsiderar la votación debe ser atendido en la siguiente sesión de la comisión. Es decir, cuando la nueva legislatura empiece.

En medio de esta carga procesal y la que aún queda pendiente -de los 19 casos 15 están a la espera de sus respectivos informes finales, o realización de audiencia, presentación de informe de calificación- la Comisión de Ética sumaría un caso más de presentarse lo anunciado por Yupanqui contra Olivares.

Los casos que no se indagaron

La Comisión de Ética ha desestimado también indagar casos que se presentaron el 2020. Entre ellos: el cobro de gastos de instalación que hicieron 23 congresistas de Lima y Callao. Aunque el 9 de julio del 2020 el grupo aprobó el inicio de una indagación preliminar, en la sesión del 1 de agosto del 2020 esto fue mandado al archivo.

El caso del congresista José Luna Morales (Podemos Perú) llegó a la Comisión de Ética tras las declaraciones de extrabajadores de la Escuela Internacional de Postgrado SAC. El programa Punto Final reveló testimonios de quienes se vieron afectados porque la empresa, de la cual Luna es accionista, no habría depositado los aportes al sistema privado de pensiones (AFP) y la ONP. Aunque el informe de calificación recomendaba iniciar una investigación a Luna, esto fue rechazado en la sesión del 8 de agosto del 2020.

Otro caso cuy posible inicio de indagación preliminar fue rechazada en el pleno de la Comisión de Ética fue la relacionada al congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú). Esto ocurrió el 30 de setiembre pasado.

Un aspirante a colaborador eficaz relacionó al congresista con el exjuez Walter Ríos, investigado por la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, asegurando que Aliaga participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao y su asesor, Gianfranco Paredes, solicitando apoyo para su tío Eduardo Aliaga Manassevitz, quien era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente.

De los casos revisados por El Comercio, se halló que tres informes de calificación que recomendaban una investigación fueron rechazados con el voto de la Comisión de Ética, tres recomendaban no iniciar una investigación, y el resto son denuncias que no prosperaron.

En esta línea de tiempo reunimos qué casos relacionados a congresistas no fueron investigados por la Comisión de Ética, muchos de los cuales en medio de la polémica.

Cuestionan el papel de Ética

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo a El Comercio que no sería ninguna “sorpresa” el patrón de trabajo de la Comisión de Ética. “Ha cumplido dos funciones: para quienes son parte del grupo que controla el Congreso, blindar a quienes cometieron infracciones serias. Solo la presión pública y ante hechos se ha tomado una decisión. Los segundo que ha ocurrido es que se ha usado [a la comisión] como forma de hostigamiento contra quienes son parte del grupo minoritario”, consideró.

Calificó que lo que se podría estar viendo es “para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Es decir, para los enemigos la sanción ética”.

Por tanto, “esto desde luego hace que la ponderación de decisiones individuales responda menos a cuestiones técnicas y más a quienes son parte de las coaliciones que forman parte del partido”.

La politóloga Kathy Zegarra opinó que no existe una ponderación en los casos vistos en Ética. “La comisión está siendo utilizada políticamente, más que una revisión real que tiene que ver con el ámbito publico, como es el caso que el sistema de justicia o que los congresistas sean castigados por actos irregulares o criminales”, indicó.

Mientras que Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, respondió a este Diario que un problema que ha arrastrado la Comisión de Ética desde su creación es la “imprecisión sobre el ámbito de su trabajo, y a lo largo de varios años hubo interpretaciones diferentes sobre cuánto debería abarcar la evaluación sobre la conducta ética de los congresistas”.

Añadió que, por momentos, se han limitado a la evaluación de la legalidad de las acciones de los congresistas, y por otros han tenido una interpretación muy amplia sobre la aplicación de su acción. “No se ha sistematizado el trabajo realizado para establecer líneas de continuidad en las interpretaciones, no hay jurisprudencia en cuanto a la manera como se enfocan casos similares”.

En conclusión, para Medina la valoración en la comisión termina siendo muy subjetiva y decisiones que pueden ser arbitrarias porque no se basan en parámetros.

¿Se debe indagar a Olivares?

Los tres expertos respondieron que no, pues la declaración se circunscribe a una acción del congresista Daniel Olivares en su espacio privado y no como parte de su función congresal.

Lanegra dijo que primero deberíamos preguntarnos ¿qué se ha infringido? “Hasta donde me he enterado, son cuestiones del ámbito privado y pues esto tiene un correlato eventualmente de responsabilidad personal, pero no responderían a algo que tiene que ver con deberes de la función congresal”, comentó.

Zegarra, por su parte, indicó que la comisión “no debería abrir una investigación a Olivares porque no incurre en un problema público, sino privado”. Añadió que esto sí podría corresponder para casos como “malversación de fondos o vínculos con bandas criminales, o apropiarse de dinero que no debería. Sí serían problemáticas que deberían investigarse. Pero actividades en el ámbito privado, no”

Además, alertó que este anuncio de indagación podría tratarse de una “táctica política” en vista a lo cerca que se encuentran las elecciones generales.

Finalmente, Medina opinó que la comisión “debería apuntar a temas más sustantivos, que tienen que ver con conductas que potencialmente podrían dañar la función del Congreso. Y eso tiene que ver con conflictos de interés, el abuso del poder, incumplimiento de funciones”.

VIDEO RECOMENDADO