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A lo largo del 2023, parlamentarios de diversas bancadas presentaron ante el Congreso proyectos de ley cuestionados e incluso considerados peligrosos o inviables por diversos especialistas. Entre ellos está la reciente iniciativa de Segundo Montalvo (Perú Libre), quien insiste con la ‘Ley mordaza’, y también la ‘Ley prescripción’, que benefició al presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto (APP), en un caso por presunta estafa en Cusco.
A continuación, un repaso de las propuestas.
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Nueva 'Ley mordaza'
Autor Segundo Montalvo (Perú Libre)
- Fecha de presentación: 20/12/2023
La bancada de Perú Libre presentó el 20 de diciembre un nuevo proyecto de ley que plantea incrementar la pena por el delito de difamación, solo seis meses después de que el pleno del Congreso rechazara una iniciativa con el mismo propósito, conocida como ‘Ley mordaza’.
El proyecto plantea modificar el artículo 132 del Código Penal para que la difamación sea sancionada hasta con cinco años de cárcel si se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”. Actualmente, ese delito se condena hasta con tres años de prisión.
La iniciativa también propone modificar la ley sobre el derecho a la rectificación de personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicación. Formula que la rectificación tendrá que darse hasta el día siguiente de recibida la solicitud, en lugar del plazo actual de siete días.
Además, el proyecto señala que los medios se deberán rectificar durante tres días consecutivos o de manera interdiaria si la persona afectada lo solicita.
El autor de la iniciativa es el congresista Segundo Montalvo. En tanto, los legisladores Margot Palacios, Flavio Cruz, Américo Gonza, Waldemar Cerrón y María Agüero figuran como coautores. Todos ellos son de la bancada perulibrista, que maneja el prófugo Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción.
Diversos gremios como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y la Sociedad de Nacional de Radio y Televisión cuestionaron la iniciativa. Asimismo, el abogado penalista Roberto Pereira, especialista en libertades informativas, explicó que, de aprobarse la propuesta, el delito de difamación podría ser sancionado con cárcel efectiva en lugar de prisión suspendida.
Es importante señalar que Montalvo también fue el autor de una iniciativa similar que fue rechazada por el pleno del Congreso hace 6 meses.
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Ley que penaliza la difusión de información secreta
Autor Segundo Quiroz (Bloque Magisterial)
- Fecha de presentación: 20/12/2023
- Autor anunció retiro: 22/12/2023
Casi en simultáneo, el Bloque Magisterial presentó un proyecto de ley que plantea penalizar la difusión de información secreta, como las declaraciones que dan los aspirantes a la colaboración eficaz.
La iniciativa propone tipificar “el delito de revelación y difusión de información clasificada por ley como reservada, secreta o confidencial en una investigación y proceso penal”. Para ello, plantea modificar el artículo 409 del Código Penal.
El autor de la propuesta es el congresista Segundo Quiroz. Los coautores son Óscar Zea, Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Paul Gutiérrez y Lucinda Vásquez.
Tras la ola de críticas, Quiroz anunció el viernes 22 de diciembre el retiro de su propuesta.
'Ley Prescripción'
Autor Flavio Cruz (Perú Libre)
- Fecha de presentación: 13/01/2023
- Promulgada en el Diario El Peruano
En mayo, el Congreso aprobó la llamada ‘Ley Prescripción”, una iniciativa impulsada por Flavio Cruz (Perú Libre). La norma modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para Modificar la Suspensión del Plazo de Prescripción.
Los cambios más significativos pasan por la modificación del artículo 84 del Código Penal que establece que el plazo de “suspensión de la prescripción” no deberá ser mayor a un año una vez presentada la investigación preparatoria ante el Poder Judicial. Asimismo, que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.
La ley fue aprobada con el voto de 88 parlamentarios, incluyendo el de Alejandro Soto, actual presidente del Congreso, quien se benefició de la prescripción en un proceso en su contra por presunta estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco. La polémica norma también salvó a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, y el expresidente Martín Vizcarra.
En agosto, se conoció que el parlamentario Jorge Flores Ancachi también busca beneficiarse de la polémica ley a fin de lograr que se archive un proceso en su contra por el que afronta juicio oral.
En noviembre, el XII pleno jurisdiccional de las salas penales, permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia estableció que esta ley es inconstitucional y que los jueces “no deben aplicarla”.
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Proyecto para que hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial
Autor Waldemar Cerrón (Perú Libre)
- Fecha de presentación: 08/11/2023
- Comisión de Constitución y Reglamento
Waldemar Cerrón presentó a inicios de noviembre un proyecto de ley que busca modificar los artículos 29, 35 y 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional para que los recursos de hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial.
Esta iniciativa le daría posibilidades al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por el Caso Aeródromo Wanka, de lograr que un eventual juez a su medida anule la orden de captura en su contra y la condena efectiva por actos de corrupción.
La iniciativa plantea que se establecer que “son competentes para conocer del proceso de amparo, cualquier juez constitucional a elección del demandante, o cualquier juez especializado en lo civil en las jurisdicciones donde no haya juez”.
Vladimir Cerrón está prófugo hace más de un mes, mientras que el congresista Waldemar Cerrón, presentó proyecto de ley que podría beneficiar a su hermano.
Actualmente, el Código Procesal Constitucional precisa que los recursos constitucionales (hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento) se interponen en el distrito judicial donde se produjo la afectación. No obstante, el proyecto propone lo contrario.
El sustento del proyecto de ley, indica Waldemar Cerrón y la bancada de Perú Libre, es que se fortalecerá el sistema de control y equilibrio en el poder judicial, lo que, a su vez, contribuye a la lucha contra la corrupción al garantizar una revisión imparcial y exhaustiva de las detenciones y decisiones judiciales -actual situación de Vladimir Cerrón- “permitiendo que la persona afectada pueda ejercer su defensa para la protección de los derechos fundamentales de las personas”.
“Asimismo, la presentación de esta garantía constitucional ante cualquier juzgado a nivel nacional fortalecería la descentralización al acelerar la respuesta a situaciones en las que los derechos de una persona estén en peligro”, señalaron.
Especialistas consultados por El Comercio, en anteriores informes, cuestionaron la propuesta al considerarla peligrosa.
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Ley que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización
Autor Waldemar Cerrón (Perú Libre)
- Fecha de presentación: 05/10/2023
- Comisión de Constitución y Reglamento
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Desde el Congreso, Perú Libre busca proteger, por medio de una polémica iniciativa, el patrimonio de su partido frente a una eventual sentencia condenatoria de su prófugo líder, Vladimir Cerrón, quien afronta una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal por el caso “Los Dinámicos del Centro”.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, conducida por la perulibrista Janet Rivas, dictaminó el proyecto N°6084/2023-CR de Waldemar Cerrón que apunta a establecer que las agrupaciones “no son organizaciones criminales”.
El predictamen, que fue puesto a debate a inicios diciembre, no contaba con el respaldo de Fuerza Popular, Cambio Democrático y otras agrupaciones, por lo que, de haberse sometido a votación, es muy probable que hubiera sido enviado al archivo. Por esa razón, Rivas decidió ir a un cuarto intermedio “para llegar a una mejor fórmula legal”.
La propuesta de Cerrón Rojas, actual segundo vicepresidente del Parlamento, establece que los bienes y activos de los partidos políticos son “intangibles”, “cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores formen parte de una o varias investigaciones fiscales o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”.
También subraya que cuando uno o varios militantes, afiliados o fundadores de un partido político formen parte de una pesquisa en el Ministerio Público “por cualquier hecho delictivo deben ser individualizados de acuerdo a su grado de participación”, “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
El proyecto fue dictaminado a pesar de que la Comisión de Justicia y DD.HH. solo había recogido la opinión técnica de la Defensoría del Pueblo, que advirtió que no encontraba viable la fórmula legal.
Durante el debate, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) solicitó que se pida opiniones técnicas a la fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Jurado Nacional de Elecciones.
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Otra ley sobre la prescripción
Autor Wilson Soto (Acción Popular)
- Fecha de presentación: 22/09/2023
- Comisión de Justicia
El congresista Wilson Soto (Acción Popular), con el apoyo de Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Luis Aragón, Marleny Portero y Raúl Doroteo- también investigados por la Fiscalía de la Nación por el Caso ‘Los Niños’ - presentó un proyecto de ley que vuelve a tocar la prescripción de delitos. Este aspecto ya había sufrido meses atrás una modificación que causó polémica, al haber permitido a distintos políticos beneficiarse en procesos judiciales (‘Ley prescripción’).
Esta vez, la iniciativa amplía el plazo de la suspensión de la prescripción de un delito. Pero junto a ello también contempla la facultad de destituir a jueces en caso ese plazo venza sin que emita una resolución o sentencia que ponga fin al proceso penal.
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Ley que concede la amnistía a quienes participaron del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022
Autor Guido Bellido (Perú Bicentenario)
- Fecha de presentación: 23/06/2023
- Constitución y Reglamento
El congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) presentó en junio el proyecto de ley que plantea amnistiar al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
Se trata de la iniciativa legislativa 5468/2022-CR, que también propone aplicar dicha figura a quienes participaron en la redacción del mensaje a la Nación leído por Castillo Terrones en aquella fecha.
Precisa que los hechos o delitos comprendidos en la amnistía no son susceptibles de investigación y/o proceso, quedando todos los casos –en trámite o en ejecución- ante el Ministerio Público y/o en el Poder Judicial, archivados definitivamente.
“Hemos cumplido con presentar la iniciativa legislativa de amnistía, propuesta que busca promover la reconciliación y la paz en nuestra [sic] país para garantizar el desarrollo económico”, escribió Bellido en Twitter.
Días atrás, Bellido había señalado que la amnistía “iría sobre los delitos de rebelión y sedición, mas no sobre otros temas que se estén tratando en el fuero judicial”, en referencia a otras investigaciones que enfrenta Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.
Desde diciembre pasado, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, por presunta rebelión y conspiración. Hasta el momento, todos los recursos judiciales presentados por sus abogados para que recupere la libertad han sido infructuosos.
Además, Pedro Castillo enfrenta una segunda prisión preventiva por 36 meses por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Especialistas calificaron la iniciativa de inviable.
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Ley de pensión alimentaria
Autor Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial)
- Fecha de presentación: 25/07/2023
- Iniciativa retirada por su autor
En julio, el congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, presentó el 25 de julio pasado un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos. Previamente, el legislador había buscado suspender la pensión alimentaria a través de instancias judiciales, según reveló el Centro Líber.
Tras la ola de críticas, Gutiérrez dijo, en diálogo con RPP, que consideraba retirar su propuesta y admitió que buscó suspender la pensión de alimentos de su hija, quien actualmente tiene 24 años, porque no le gustaba su nombre.
“No es que no haya querido pagar la manutención. Es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe [no Linethe Ángela]. A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones”, expresó, días antes en el programa Al Estilo Juliana, de ATV.
“Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error”, añadió.
Finalmente, el congresista retiró su proyecto de ley en septiembre.
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Proyecto que elimina la meritocracia en la Defensoría del Pueblo
Autor Josué Gutiérrez (Defensor del Pueblo)
- Fecha de presentación 20/10/2023
- Comisión de Constitución (Dictamen)
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó en octubre un proyecto de ley que debilitaría la meritocracia en dicha institución y permitiría que extienda su mandato en el cargo. La iniciativa avanzó velozmente hasta su dictamen en la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano.
El proyecto plantea que el vencimiento del cargo de defensor del Pueblo sea cuando el Poder Legislativo elija a su sucesor y que este pueda designar a sus adjuntos y al secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en lugar de hacerlo mediante un concurso público.
Además, señala que el titular de la Defensoría del Pueblo “podrá establecer otras oficinas o módulos en los lugares que estime necesario, atendiendo a criterios de densidad poblacional, situación de derechos humanos, nivel de conflictividad, entre otros. Agrega que los jefes de estas oficinas defensoriales serán designados por el defensor.
También propone que el defensor tenga entre sus facultades “realizar labores de prevención, monitoreo y mediación para la promoción del diálogo y la solución pacífica de los conflictos sociales” y “actividades de capacitación y difusión de temas vinculados al cumplimento de sus funciones constitucionales, dirigidas tanto a funcionarios y servidores públicos como a la comunidad en general”.
El exdefensor del Pueblo Walter Albán y el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, cuestionaron la decisión de la Comisión de Constitución debido a que consideran que el proyecto es peligroso y representa un retroceso.
Albán señaló que, con esta votación, “se confirma la voluntad de eliminar por completo la meritocracia, que hacía que los cargos de adjuntos y el secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la JNJ tengan una elección sobre la base de un proceso que garantice su idoneidad y calificación”.
Lanegra calificó de inconstitucional la propuesta en el extremo del tiempo de mandato debido a que la Carta Magna establece que el plazo del mandato del defensor es fijo, cinco años.
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Cambios en la ley del cine
Autora Adriana Tudela (Avanza País)
- Fecha de presentación: 13/09/2023
El pasado 13 de setiembre, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) presentó el proyecto de ley 5903/2023 que plantea varios cambios sustanciales respecto de la vigente ley, implementada mediante el Decreto de Urgencia 022-2019.
Uno de los puntos más llamativos es el que se refiere a los subsidios que, hasta la fecha, entrega la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura. Según propone el proyecto de Tudela, “el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la producción cinematográfica o audiovisual”.
En otro punto del proyecto de Tudela, se señala que los estímulos que ha venido otorgando DAFO “están pensados principalmente para producciones nacionales, creando además un marco de clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas originales e indígenas”.
En ese sentido, la iniciativa pone especial énfasis en el fomento de producciones extranjeras hechas dentro de nuestro país. Por ejemplo, mediante la “creación de una ventanilla única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano”, que recaería en manos de Prom-Perú.
Diversos gremios cuestionaron la iniciativa.
Cuotas de contenido para radio y televisión
Autor Américo Gonza (Perú Libre)
- Fecha de presentación: 16/05/2023
- Comisión de Constitución y Reglamento
- Comisión de Transportes y Comunicaciones
El parlamentario Américo Gonza presentó, en mayo, el proyecto de ley 5007/2022 que plantea que los medios de comunicación emitan producción artística y cultural nacional “de manera proporcional” en su programación diaria.
El documento se encuentra, desde entonces, en las comisiónes parlamentarias de Constitución y Reglamento y Transportes y Comunicaciones, donde será analizado y debatido.
El proyecto propone realizar modificaciones a la Ley de Radio y Televisión y la Ley del Artista y Ejecutante.
Por ejemplo, en el caso de esta última, se plantea que los medios de comunicación, emitan “de manera proporcional” a los “demás contenidos de su programación diaria” las “manifestaciones musicales, culturales, literarias, artísticas, cívicos y culturales nacionales”, entre las 05:00 y 24:00 horas.
“Esta proporcionalidad debe ser cumplida por cada emisora; el cálculo no se basará en una proporcionalidad cumplida por un grupo de emisoras”, dice el proyecto de ley.
Actualmente, la norma determina que las empresas de radio y TV solo dispongan del “10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana”.
| Artículo 45 - Ley del Artista y Ejecutante (Actualmente) | Artículo 45 - Ley del Artista y Ejecutante (Propuesta) |
|---|---|
| Difusión de programación nacional. Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán destinar no menos del 10% de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana, realizadas con artistas contratados de acuerdo a la presente ley. | Difusión de programación nacional. Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán, bajo responsabilidad, emitir de manera proporcional a los demás contenidos emitidos de su programación diaria, la difusión de manifestaciones musicales, culturales, literarias, artísticas, cívicos y culturales nacionales. |
En el caso de la Ley de Radio y Televisión, la iniciativa propone incrementar dos incisos al Artículo II de las Disposiciones Complementarias.
Referido artículo establece 12 principios sobre los cuáles se rige la prestación de los servicios de radiodifusión. Con la norma de Gonza, pasarían a ser 14.
| Incisos que buscan añadir a la norma actual |
|---|
| m) El respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación del artista intérprete, ejecutante nacional, autor, compositor, productor fonográfico y audiovisual. n) El respeto por el derecho de participar en la vida cultural, así como de acceder a las manifestaciones artístico-culturales nacionales producidas por otras personas y grupos humanos. |
El documento subraya que la propuesta legislativa “no implica costo alguno al Estado”. “Por el contrario, esta favorece en primer lugar a los artistas, compositores, autores e intérpretes nacionales y agrupaciones culturales, en la difusión de sus producciones y expresiones artístico-culturales”, añade.
Sin embargo, el mismo documento plantea que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “establezca” un órgano especializado dentro de la Dirección General de Supervisión y Control para fiscalizar que los medios de comunicación cumplan con la cuota.
Según el proyecto de ley, dichas inspecciones se realizarán con el “apoyo permanente del Ministerio de Cultura”.
En diálogo con El Comercio, especialistas señalaron que esta norma atenta contra la libertad de expresión. Además, cuestionaron su ambigüedad y falta de sustento técnico.
