Congreso: ¿Cómo avanza y qué contempla el proceso de selección de magistrados del TC?

En julio de este año, el Congreso de la República tuvo que suspender el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) debido a una demanda de amparo que cuestionaba la falta de transparencia y motivación a la hora de otorgar puntajes en las entrevistas personales de los candidatos.

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Este 7 de octubre, el Poder Judicial realizará una audiencia sobre el fondo del recurso de amparo que suspendió dicho proceso en el anterior Congreso y que fue posteriormente anulado.

Pese a ello, el Parlamento, nuevamente se alista a utilizar el rubro de la entrevista personal de la evaluación para otorgar -de manera subjetiva- hasta el 40% de la puntuación a los candidatos que considere conveniente.

Al medio día del lunes, la comisión especial encargada de la nueva elección de los magistrados del TC se reunió de manera virtual para debatir la reducción del cronograma del proceso a fin de concluir la selección lo más rápido posible.

Por ello, se rechazó la propuesta de la congresista Ruth Luque (JP), quien propuso que los plazos de cada etapa se extendieran de modo tal que el proceso de selección concluya recién en enero del 2022.

No obstante, por mayoría (5 votos a favor y 2 en contra) se dispuso que el concurso concluya el 31 de diciembre próximo, a propuesta del congresista Jorge Montoya (RP).

Votaron a favor el presidente de la comisión José Balcázar, Hernando Guerra-García, Wilmar Elera, Jorge Montoya y Enrique Wong. Solo Ángel Aragón y Ruth Luque, votaron por extender el plazo.

En la sesión, Balcázar (PL) le otorgó el uso de la palabra al congresista y vocero de Perú Libre (PL), Waldemar Cerrón, quien se mostró de acuerdo con acelerar el proceso.

“Ya se han establecido los plazos y hay que darle marcha, si no vamos a demora y esto no es de ahora, viene de años anteriores. Habría que continuar”, opinó.

Cabe precisar que la elección tiene como fin seleccionar a los magistrados que reemplazarán a Marianella Ledesma (presidenta), Manuel Miranda, Ernesto Blume, Eloy Espinoza-Saldaña y José Luis Sardón, cuyo periodo de designación ya venció.

Población no necesita detalles

Durante la sesión, el congresista Montoya, afirmó que los integrantes de la comisión podrían apoyar a la comisión técnica encargada de procesar los documentos de los postulantes, con la finalidad de acelerar el procedimiento y acortarlo.

Si bien, consideró que, existe preocupación por parte de la población respecto a la selección, esta no entiende los detalles y lo que quiere son resultados.

“Entiendo la preocupación de que la población debe estar informada, pero ellos no tienen que ver los detalles porque ellos no lo van a entender y lo que vamos a generar es una polémica sobre lo que estamos trabajando. La población quiere resultados”, expresó.

Montoya también se pronunció sobre el rubro de entrevistas personales que contempla el proceso, alegando serán profesionales del más alto nivel y que, más que preguntas, deberán escucharlos.

“Yo creo que más que preguntas es escucharlos hablar, que ellos se presenten, expresen sus sentimientos, cuál ha sido su carrera, que haga un resumen corto de su desempeño, cuál es su especialidad, un relato; y sobre ese relato cada uno de nosotros va a tener una opinión, que es subjetiva. Acá, toda esta evaluación; excepto la de la currícula, es subjetiva”, mencionó.

Puede haber riesgo político

La congresista Luque, había propuesto ampliar los plazos de las etapas del proceso a fin de garantizar un mejor análisis de los postulantes y recordó que el anterior proceso de elección de magistrados del TC, “se cayó por falta de transparencia” y ello, era una valla que necesitaban mejorar y garantizar.

Recordó que la Contraloría General de la República recomendó que, por lo menos, ellos tuvieran 15 días hábiles para revisar las declaraciones juradas de los postulantes.

“Acá no se trata de votar por reducir o ampliar (los plazos), ese no es el debate. Lo que he plateado es que sea un cronograma que nos permita garantizar un proceso adecuado. Quiero señalar que este sí es un tema de riesgo político que le puede reventar al Congreso. Un Congreso cerrado por una repartija y el otro fue demandado en el Poder Judicial, por eso mi insistencia”, advirtió.

Por ello consideró la necesidad de un cronograma que permita una adecuada convocatoria, un adecuado proceso de tachas, un buen proceso de entrevistas, un adecuado proceso de revisión de la Contraloría; y sobre ello, se ajusten los plazos.

“No por correr podemos terminar en un cronograma que podría terminar siendo un cronograma exprés”, concluyó.

Al cierre de la sesión, el grupo técnico de la comisión debía reestructurar el cronograma de fechas y plazos del concurso público.

¿Cuáles son los puntajes?

La semana pasada, el Pleno del Congreso aprobó el reglamento de la evaluación de postulantes que contempla una etapa de evaluación curricular y otra de entrevistas personales.

Sobre la puntuación, en el artículo 25 del reglamento se estableció que el puntaje máximo será de 100 puntos, distribuido de la siguiente manera:

a) En la evaluación curricular se obtendrá 60 puntos como máximo. Y, se debe alcanzar como mínimo un puntaje de 35 puntos para pasar a la siguiente etapa.

b) La entrevista personal otorgará 40 puntos, debiéndose alcanzar un puntaje mínimo de 30 puntos para pasar a la siguiente etapa.

Para ser declarado “apto” y ser incluido en la lista de candidatos que podrán ser propuestos ante el Pleno de Congreso, se necesitará que el postulante alcance un puntaje igual o mayor a 65 puntos.

Nombramientos sin peso técnico

El abogado constitucionalista, Omar Cairo, sostuvo que la selección y nombramiento que está por realizar la comisión especial del actual Congreso, incurre nuevamente en otorgarle un alto puntaje a las entrevistas personales, las cuales fueron duramente cuestionadas en el procedimiento anterior de selección.

“Existe una gran posibilidad de que los nombramientos sean objeto de criterios políticos y no del examen de las aptitudes técnicas, ni de las trayectorias profesionales de los seleccionados”, sostuvo.

En esa línea consideró que ello genera un grave problema porque el Tribunal Constitucional es un órgano central y máximo intérprete de la Constitución; y en este momento; recordó, “están controvertidas ciertas interpretaciones que se pretenden hacer a la Constitución, como la regulación del artículo 132 que regula la cuestión de confianza”.

Sostuvo que lo único que podría evitar que se lleve a cabo una selección con los mismos cuestionamientos anteriores, es que el poder Ejecutivo presente una ley de reforma, donde se incluya específicamente que el procedimiento de nombramiento de los magistrados del TC, anteponga las aptitudes técnicas y profesionales. Y, que además, establezca en la ley, para que no sea nuevamente un tema a reglamentar, que a las entrevistas se les dará un valor marginal o secundario que no pueda tener mas del 20 o 25% del puntaje.

La semana pasada, Transparencia emitió un comunicado, titulado “Por el interés público, no a la repartija”, en el que exhorta al Congreso a invitar a la ciudadanía a opinar sobre la propuesta de reglamento.

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