Con antecedentes: Cinco intervenidos en local de gremio campesino tenían sentencia por narcotráfico

Unidad de Investigación

El 17 de diciembre del 2022, fiscales y efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) ejecutaron una diligencia en el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP) que se encuentra en la plaza Bolognesi 588, en Breña (Lima).

La intervención se dio cuando en la capital se desarrollaban manifestaciones sociales que pedían el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales.

Tras el operativo, la policía informó que se encontraron machetes, hondas, un balde de piedras, tachuelas y pasamontañas, y que se detuvo a 26 personas. Lo que no se sabía es que entre los intervenidos había cinco sentenciados por tráfico ilícito de drogas (TID), como constató El Comercio con base en fuentes e información policial, fiscal y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Miembro de caravana

Un intervenido es Alfredo Taipe Huachaca, natural de Ayacucho pero con domicilio en Manitea (La Convención-Cusco). Según sus antecedentes judiciales, en el 2009 un juzgado de Ica lo sentenció a seis años de cárcel por narcotráfico, aunque solo estuvo preso hasta el 2010.

La intervención a Taipe no fue la primera durante las semanas de protestas en Lima. El miércoles 14 de diciembre, tres días antes del operativo en el local de la CCP, la policía intervino en Pucusana una caravana de camionetas que provenía de la selva de Ayacucho (Vraem). Entre las casi 300 personas que integraban el grupo estaba Taipe, dueño de uno de los vehículos.

Como reveló El Comercio en diciembre, en esa comitiva había nueve personas que fueron detenidas o procesadas por narcotráfico (incluido Taipe).

Todos ellos siguieron su camino hacía Lima, salvo Pedro Araujo Ñaña (de Llochegua-Vraem), quien fue detenido por la policía porque tenía una requisitoria por TID. En su declaración señaló que casi todos los integrantes de la caravana eran transportistas pagados y cocaleros que prestaron sus vehículos para las protestas en la capital.

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Los otros

Además de Taipe, en la intervención en el local del gremio campesino había otros cuatro condenados por tráfico ilícito de drogas.

En el 2008, Wilder Rojas Leandro fue sentenciado a 10 años de cárcel por TID en Ayacucho, de donde es natural. Luego su pena se reformuló, por lo que solo estuvo encarcelado hasta el 2016.

En Ayacucho también fue condenado Amílcar Pérez Romero. En el 2000 recibió una pena de 4 años por TID. Como Alfredo Taipe, Pérez reside en Manitea (La Convención-Cusco).

Asimismo, un juzgado de Ayacucho sentenció a Floriano Espinoza Huachaca a 5 años de cárcel. Solo estuvo recluido un año porque accedió a la semilibertad. Espinoza es de Ayacucho, pero reside en Kimbiri (La Convención-Cusco).

En Andahuaylas hubo otra persona sentenciada por narcotráfico. En el 2003, Lorenzo Navarro Quispe fue condenado a 8 años de prisión. Luego su pena se redujo a seis años. En el 2009 fue liberado.

Además de los mencionados, en el allanamiento se intervino a Nilton Meza Franco, natural de Pasco pero que vive en Huancayo (Junín). Según los registros del INPE, fue sentenciado por homicidio. Estuvo recluido entre el 2001 y 2003.

Meza fue candidato al Congreso por Unión por el Perú (UPP) en las elecciones del 2020 y 2021. En su hoja de vida del 2021 figura que su condena fue por 7 años y que ya la cumplió.

Explosivos

Según el acta fiscal del allanamiento, a la que accedió El Comercio, en el local de la CCP no solo se encontraron machetes y piedras, también había tres explosivos.

“Al final del pasadizo del primer piso, detrás de la puerta se halló en el suelo una bolsa color negra, que contenía en su interior, al parecer, material explosivo. [...] Un cordón de color blanco de 6 metros aproximadamente, tres explosivos, uno de ellos de color rojo cuenta con el logo de Famesa [fábrica de explosivos] [...], los otros dos restantes no tienen descripción. Asimismo, se encontró un vaso de plástico conteniendo en su interior retazos de papel higiénico con 12 fulminantes. […] En ese acto se hizo presente personal de UDEX PNP”, indica el documento.

MÁS INFORMACIÓN

• Luego del allanamiento en el local de la Confederación Campesina del Perú, la fiscalía inició una investigación preliminar por el delito contra la tranquilidad pública y terrorismo en agravio del Estado.
• Entre los investigados están el subsecretario general de la CCP, Everaldo Orellana Villaverde, y los otros 25 intervenidos durante el operativo.
• Después de la diligencia policial y fiscal del 17 de diciembre se informó que entre los 26 intervenidos había dos personas que participaron en el ‘andahuaylazo’. El jefe de la Dircote, general PNP Óscar Arriola, dijo que se trataba de Rosendo Ramírez e Isaías Galindo.
• En su web, la Confederación Campesina del Perú calificó el allanamiento de su local como un “despropósito represivo”.

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