El fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que la fiscal Rocío Sánchez Saavedra recibió el último 23 de agosto un informe de inteligencia policial que da cuenta de amenazas contra un “testigo protegido clave” en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En ese sentido, al considerar que ese es el modus operandi de las organizaciones criminales, Chávez Cotrina pidió la confirmación de la orden de 36 meses de prisión preventiva contra 12 presuntos miembros de la banda, entre ellos el empresario Antonio Camayo.
“Ya están amenazando a los testigos y esa es justamente el grave peligro procesal de toda organización criminal. Y ese es justamente uno de los grandes aumentos por los cuales los miembros de una organización criminal tienen que estar en prisión preventiva, justamente para evitar amenazas a los testigos”, explicó durante la audiencia en la que la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa las impugnaciones de los imputados a la orden de prisión preventiva.
Como se recuerda, el juez Manuel Chuyo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción, dictó 36 meses de prisión preventiva contra los investigados en atención a un pedido del Ministerio Público. La apelación es evaluada por la sala presidida por la jueza Susana Castañeda Otsu.
En declaraciones a la prensa, Chávez Cotrina señaló que la fiscal Sánchez ha tomado los recaudos respectivos ante la amenaza.
“Es un documento nuevo que nos demuestra la peligrosidad de esta presunta red criminal. Y es justamente por esos motivos es que es necesario que la sala confirme la prisión preventiva de todos. Porque acá no han actuado de forma individual, han actuado dentro de un contexto de organización criminal y todos han cumplido determinadas funciones dentro dela organización”, acotó el fiscal.
La sala de apelaciones evalúa desde las 10 a.m. las apelaciones de los involucrados, empezando por los presuntos integrantes de la red interna. Esta instancia se desarrollará en dos audiencias más, las cuales continuarán el lunes y martes. En el caso de hoy, se desarrolló en el edificio Carlos Zavala Loayza, sede del Poder Judicial. Contó con conexión a videoconferencia con los centros penitenciarios de Ancón I, Chorrillos I y Miguel Castro Castro, donde actualmente se encuentran recluidos los investigados por la fiscalía.
Los imputados Antonio Camayo, Mario Mendoza y Gianfranco Paredes presentaron escritos para no participar de la videoconferencia y no realizar su autodefensa, pues arguyeron que bastaba con sus respectivos abogados.
