Las claves sobre el debate de los informes que acusan a Chavarry y Becerril

El congresista oficialista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) presentó el pasado 21 de setiembre el informe final donde propone acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y destituirlo de su cargo. Hoy, después de 18 días, la Subcomisión recién se sentará a debatir y determinar si aprueba las imputaciones para que estas pasen a la Comisión Permanente y luego al pleno.

Lo mismo sucede con la acusación contra Héctor Becerril (Fuerza Popular). En el mismo plazo que Sheput, el legislador César Vásquez (Alianza para el Progreso) presentó el informe final, y la subcomisión recién verá el tema. Incluso, Vásquez se vio obligado a cursar cartas contra el titular de la subcomisión, César Segura (Fuerza Popular) pidiendo que se ponga a debate el informe sobre Becerril.

Para el debate es necesario entender ciertos puntos claves de contexto, los cuales marcarán el destino de las acusaciones.

-¿De qué los acusan?-

En el caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el informe de 31 páginas de Juan Sheput lo acusa por supuestamente infringir 4 artículos de la Constitución. Por ello, además pide la destitución del cargo y una inhabilitación por 10 años.

A Chávarry lo denunciaron presentar varias versiones sobre los audios difundidos de conversaciones que tuvo con el destituido juez César Hinostroza, en el caso denominado ‘CNM-audios’.

Mientras que en el caso de Héctor Becerril, el informe final recomienda acusarlo por infringir 6 artículos de la Constitución con lo que se propone como sanción la suspensión del cargo y una inhabilitación por 5 años.

Sumado a esto, el informe propone acusarlo por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. El legislador fue denunciado tras las versiones del ex consejero Morales Parraguez, donde aseguraba que intentó interferir en las elecciones del presidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

-Implicancias conexas-

De aprobarse los informes, estos deberán ser remitidos a la Comisión Permanente y luego, de aprobarse, serán elevado al pleno del Parlamento.

Si es que la sanción de destitución consigue respaldo para el pleno, Chávarry deberá dejar la Fiscalía de la Nación tras menos de 3 meses de gestión.

En el caso de Héctor Becerril, el resultado de la subcomisión marcará también el destino de otras denuncias.

La Comisión de Ética acordó, la semana pasada, que no se evaluará las denuncias contra Becerril hasta que la subcomisión culmine su proceso. Es decir, si la subcomisión archiva, Ética también lo hará.

-La mayoría define-

Fuerza Popular tiene los votos para que ambas denuncia sigan su camino o se archiven en la subcomisión.

En declaraciones a este Diario, la vocera fujimorista Úrsula Letona criticó el informe contra Pedro Chávarry. Según dijo, los cuestionamientos radican “en los tipos penales o en la infracción constitucional misma, que son opiniones básicamente de penalistas y expertos”. Sin embargo, la denuncia contra Chávarry solo está referida a infracciones a la Constitución, y no a la comisión de presuntos delitos.

En esa línea se abren dos posibilidades en la sesión de la subcomisión: 1. Que Fuerza Popular se oponga y pida que se sustente mejor el informe, o simplemente archivarlo.

2. Que voten a favor, se apruebe, y sea derivado a la Comisión Permanente donde habrá un nuevo debate.

En el caso de la acusación constitucional contra el destituido juez César Hinostroza, Fuerza Popular votó a favor en la subcomisión, pero en la Permanente se opuso a ciertos puntos de la acusación. El más polémico en dicho caso fue la negativa para que se acuse a Hinostroza por el delito de organización criminal, aunque rectificaron su voto (la mayoría de la bancada) en el pleno.

-Los tiempos cuentan-

La subcomisión debatió y aprobó el informe final de la acusación contra César Hinostroza, apenas 2 días después de la entrega por parte del legislador responsable de la investigación, Oracio Pacori (Nuevo Perú).

Una vez aprobado en la subcomisión, la Comisión Permanente demoró 8 días en ratificar el informe y derivarlo al pleno. Esta última instancia tan solo demoró 5 días en oficializar la decisión, rectificando además la decisión de la Permanente y acusando a Hinostroza por el presunto delito de organización criminal.

Es decir, desde que el legislador encargado entregó su informe final hasta que se aprobó en el pleno, transcurrieron 15 días. Mientras que en el caso de los informes sobre Chávarry y Becerril, ya pasaron 18 días desde su entrega y aún ni siquiera ha pasado la aprobación inicial de la subcomisión.

La celeridad en las investigaciones del Congreso se mide según los intereses políticos de las bancadas.